Propiedad privada, seguridad jurídica y otras drogas recreativas


Ni el peronismo, ni el radicalismo, son capaces de hablar hoy de expropiaciones sin pedir perdón. Como si estuviesen rompiendo algo, como si fuese sin querer. Y ahí es donde se pierde buena parte del debate. (*)

Vendrán semanas en que se discutan la propiedad privada, la seguridad jurídica, la Constitución y la mar en coche. Vendrán, también, las vergüencitas, las apelaciones a lo excepcional, los rodeos innecesarios. Pocos –muy pocos– se atreverán a decir que las expropiaciones por razones de utilidad pública son una conquista de todos y que bienvenidas sean.

“Ciertamente, en la base de la expropiación se halla un conflicto que se resuelve por la preeminencia del interés público y por el irremediable sacrificio del interés particular”, decía la Corte Suprema en 1995, en plena década privatista.

Lo peor en estos casos es hacer con titubeos lo que la propia Constitución permite. “Lo de Vicentín es una decisión excepcional”, dijo Alberto Fernández. “No estamos expropiando una empresa próspera”, machacó. “No está en la cabeza del gobierno andar expropiando empresas”, insistió. “No hay voluntad de llegar a un Estado empresario”, persistió.

Y está muy bien llevar tranquilidad a los que ven en cada esquina un martillo y una hoz. Pero está muy mal abonar ese supuesto principio común, ese acuerdo tácito sobre la sacrosanta propiedad privada. No sólo porque tal acuerdo no existe, sino también porque deteriora la capacidad transformadora de la democracia.

Esos tapujos, que tiñen todo debate sobre la propiedad en la Argentina, tal vez expliquen su consecuencia más nefasta: la imposibilidad de discutir siquiera el impuesto a la vivienda ociosa, la intervención en el precio de los alquileres, el acceso a la tierra o la expropiación de empresas estratégicas. Proyectos cohibidos por esa incapacidad de mirar a la propiedad como un derecho subalterno a otros, por debajo de la vida, la salud o la igualdad.

Proyectos que, además, ni siquiera tienen origen marxista. Nueva York continúa hoy regulando el precio de los alquileres, incluso después de expirar la primera ley federal de regulación en 1947. Oslo se hizo famosa por su severo impuesto a los inmuebles vacíos. Berlín congeló, recientemente, el precio de los alquileres por el próximo quinquenio. Por no hablar de la cantidad de países occidentales que, ante la menor amenaza, imponen regulaciones, estatizaciones o golpes por el estilo.

Los ejemplos abundan. Se trata, en cualquier caso, de cuestionar ese lugar común que coloca a la propiedad privada como valor supremo. Esa pretendida supremacía, a menudo alentada, merece siempre más cuestionamientos, no menos. Merece ponerse en discusión por injusta, por violenta, por contra natura.

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Hasta la llegada de Carlos Menem al poder, en la Argentina nadie dudaba de que el mercado externo y de divisas eran cosas del Estado. Nadie imaginaba, por caso, que la comercialización de los alimentos podría quedar en manos extranjeras. Y hoy, sin embargo, el comercio exterior de granos está controlado por un puñado de multinacionales foráneas.

 La desregulación menemista parió este modelo agropecuario. Y aun así, tan extranjerizante y tan avaro, cada intento del Estado por hacer pie en ese sector es repelido con virulencia. Cada tibio enfrentamiento se hace entonces, las más de las veces, en puntas de pie: esto es excepcional, no queríamos hacerlo, perdón, no va a volver a pasar.

Alberto Fernández está haciendo lo que exigía la hora: aprovechar la oportunidad para meter mano en un sector vital de la economía. Y salir, de paso, de aquella discusión en torno a las retenciones, casi la última herramienta de regulación legada después del menemismo.

En ese marco, sin embargo, se alzarán las voces a favor de la propiedad privada, la libre competencia y la seguridad jurídica; la santísima trinidad del capital. Y habrá que ver si allí, enfrascados en ese debate, el Frente de Todos es capaz de discutir doctrina, de imponer doctrina.

Costará, de momento, desaprender las ideas arraigadas, sobre todo de cara a una sociedad que seguirá, seguramente, esa expropiación con interés. Bien planteado, será una oportunidad para discutir las cosas importantes que sobrevuelan a Vicentín, más allá de los vecinos de Avellaneda o de la familia Nardelli.

Será el momento para decir, por ejemplo, que los inversores invierten según la rentabilidad del negocio y no según la cara del gobernante; que la seguridad jurídica es un invento maniqueo de quienes se oponen a subir impuestos pero no a facilitar los despidos o a elevar la edad jubilatoria; y que la libre competencia es un concepto, como tantos, con más fama que mérito.

(*) Escrito por Federico Dalponte

Fuente: Batalla de Ideas