La libre determinación de los pueblos


Apuntes hacia libre determinación del pueblo catalán y mapuche en escenarios de simetría estructural de sus derechos colectivos. Columna del Col·lectiu de Solidaritat ambos els Països Catalans de Viedma-Patagones

En dirección a clarificar la génesis de los discursos y las prácticas de exclusión social y jurídica de los derechos de los pueblos naciones sin Estado propio o bajo Estados opresores de su derecho a la existencia diferenciada, lo primero que hay que descartar es el supuesto, según el cual, es el grupo humano marginado o agredido el causante del trato que merece.

Cuando se esgrimen razones económicas, demográficas, ecológicas, de orden público o incluso higiénicas para indicar al otro como motivo de alarma, se está estableciendo que, de alguna forma y aunque sea de forma injusta, es este otro la fuente de los problemas que suscita, incluyendo aquellos de los que es él mismo el principal perjudicado, como expulsiones, agresiones, etc. Es como si, por decirlo así, “él se lo hubiera buscado”. En ninguno de estos casos quiere reconocerse, que no es el grupo culpabilizado quien genera la situación de la que es víctima, a partir del contraste del que es objeto, sino que muy a menudo esta diferenciación que ostenta es la consecuencia de la propia marginación que le afecta, generando un escenario de asimetría o desigualdad estructural en la componenda y/o negociación de intereses y derechos coletivos contrapuestos. Es el grupo “excluidor” lo que hace del grupo excluído, el objeto de prejuicios subordinacionistas, que no están fundamentados en la realidad objetiva ni en la experiencia vivida del contacto con él.

Desde esta perspectiva, la sistemática negativa al reconocimiento estatal del derecho a la libre determinación de los pueblos-naciones de todo el mundo, nos presenta un escenario de desigualdad estructural de derechos colectivos.

Su aceptación, en cambio, abre, en un escenario de igualdad estructural de derechos colectivos, dos vías de ejercicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos. En los casos de los pueblos catalán y mapuche, tales circunstancias se observan palmariamente.

Por la vía “interna”, supondría la voluntad de los pueblos hegemónicos quen controlan los estados de facilitar, de acuerdo con el ius cogens y el principio de “pacta sunt servanda” del derecho internacional público, la libre determinación del pueblo catalan y mapuche, y la voluntad de estos pueblos de establecer una negociación franca y clara, de tipo bilateral entre pueblos, en el marco de posibles estados plurinacionales.

Por la vía “externa”, supondría la voluntad de los pueblos hegemónicos que controlan los estados de impedir, de acuerdo con el uti possidetis juris y el principio de “la victoria de derechos” del derecho internacional público, la libre determinación del pueblo catalan y mapuche, estableciendo una confrontación franca y clara, también de tipo bilateral, a través de la instrumentación de la estructura estatal de persecución y represión de la disidencia política y su resistencia social, en el marco de posibles estados independientes.

Hasta 2017, este derecho a la libre determinación de los pueblos ha quedado siempre postergado por los estados, aunque con margen para procesos de autodeterminación interna. Desde entonces, los estados estigmatizaron, difamaron, exiliaron, privaron de la libertad y criminalizaron por supuestos alsamientos violentos, rebelión, sedición y terrorismo, los liderazgos y las reivindicaciones de los pueblos, a sus organizaciones políticas y a sus dirigentes. En el Principat de Catalunya, lo fue contra sus organizaciones políticas de gobierno como la Generalitat y el Parlament, u organizaciones sociales como la Assamble Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, Comité de Defensa del Referendum/República (CDR) y Associació de Municipis per la Independència (AMI). Y en Puelmapu, contra sus organizaciones políticas de gobierno como la Confederación Mapuche de Neuquén, el Consejo Asesor Indígena, el Parlamento Mapuche o las Lof, Lofche o Pu Lofche (Comunidades Indígenas), u organizaciones sociales como el Movimiento Mapuche Autónomo de Puelmapu (MAP), o los Trawn como formas de organización ancestral.

Con ello, los conflictos parecen encaminados hacia la resolución por ejercicio de la autodeterminación externa, y la responsabilización internacional por los incumplimientos del derecho internacional público, por parte de los opresores. Cuando se agoten los procedimientos iniciados, se verá el alcance de este incumplimiento. Mientras tanto, queda claro que el derecho del pueblo catalán y mapuche a la autodeterminación existe, y la obligación del Estado español y argentino de respetarlo, también. Por lo menos, si asumimos la libre determinación de los pueblos, en escenarios de simetría estructural de sus derechos colectivos.