Del contrato social al pacto socioambiental


La cuestión ecológica en la Argentina (y el mundo) que se viene, plantea que entre las diversas dimensiones a contemplar en el marco de un nuevo pacto social se encuentra la ecología profunda, la cual debiera ocupar el centro de lo político. Urge construir en la Argentina que se viene un nuevo orden democrático. Por Nicolás Forlani*

Diversas son las dimensiones a contemplar en tal apuesta sociohistórica. Aprovechamos este breve ensayo para referirnos a una de ellas: habrá gobernabilidad democrática en la medida en que la ecología profunda ocupe el centro de lo político.

“Es imposible concebir un proyecto de radicalización de la democracia en el que la ‘cuestión ecológica’ no ocupe el centro de la agenda. Por lo tanto, es esencial combinarla con la cuestión social. Sin duda, esto exigirá cambios profundos en nuestro estilo de vida y habrá que superar diversas resistencias. Abandonar el modelo productivista e implementar la necesaria transición ecológica requerirá una verdadera ‘reforma intelectual y moral’ gramsciana” (Chantal Mouffe, 2018:85, Por un populismo de izquierda)

La enunciación de un nuevo contrato social fundó la articulación política para derrotar electoralmente a Cambiemos, su implementación es la garantía de la gobernabilidad democrática a partir del 10 de diciembre.

Hasta no hace muchos meses imaginar un punto de encuentro, una narrativa propositiva que articulase demandas y minorías objetivamente dispersas resultaba, antes que una realidad plausible, una expresión de deseo difícil de consagrar. Es que no bastaba con el común denominador de los impactos múltiples de la gubernamentalidad neoliberal para consagrar la constitución de una nueva mayoría capaz de doblegar a un gobierno de las finanzas que tuvo, en los cuatro años de mandato, una formidable protección mediática y judicial –además del abierto, y no menor, respaldo norteamericano–. Era necesario un significante que pudiese proyectar a los múltiples actores y actrices de la vida nacional hostigadxs por las políticas de ajuste y de deslegitimación forjadas, en una mirada o proyecto de futuro que lxs contenga a todxs: trabajadorxs formales y de la economía popular, empresarixs, productorxs, feminismos, movimientos estudiantiles, socioambientales, campesinxs e indígenas, del campo cultural, etc. De allí que la referencia de un nuevo contrato que establecería una renovada propuesta de orden social fue, en la coyuntura electoral, el eslabón que conectó un variopinto conjunto de demandas, necesidades y deseos a la esperanza de una praxis política futura de reconocimiento y ampliación de derechos.

Sin embargo, la victoria electoral obliga al gobierno electo y a quienes han sido parte de la heterogénea voluntad popular que doblegó a la expresión neoliberal a traducir el contrato social en políticas públicas que deberán, desde su gestación hasta su implementación, transitar con creatividad una tensión inerradicable en nuestras democracias modernas: asegurar los derechos y las libertades individuales al tiempo que garantizar la voluntad popular junto a la consagración de la igualdad.

Uno de los ámbitos para efectivizar una gobernabilidad que, en línea con lo expresado, se autoconstruya como democrática, es la reflexión abierta y situada de un tópico transversal hasta entonces insuficientemente abordado y problematizado, incluso por nuestras recientes expresiones progresistas al mando de la conducción gubernamental. Nos referimos a la necesidad de contemplar en la construcción del nuevo orden social de la Argentina que se viene la dimensión socioambiental o, como aludimos con Mouffe, la “cuestión ecológica”.

Quizá sea una redundancia enfatizar lo socioambiental máxime cuando lo ambiental no es el estado de naturaleza prístino (si es que como tal existe en la era del antropoceno) sino la relación sociedad/naturaleza. El siglo XXI nos coloca en un desafío ante una crisis global que, al calor de la exacerbación de la matriz predatoria sobre nuestros bienes comunes, está poniendo en objetivo riesgo la vida humana. Dicho en otros términos: no hay posibilidad de gestar un nuevo orden democrático sin un ejercicio de la gobernabilidad que contemple con seriedad la cuestión ambiental.

El primer mito a desnaturalizar de cara a una Argentina que hemos de reconstruir tras la recaída neoliberal es el de romper con la audaz y deliberada construcción hegemónica (por lo tanto, transversal a diferentes expresiones políticas, incluso presente en algunos sectores de la coalición recientemente electa) en torno a una presunta contradicción o dicotomía: resolver la cuestión social (pobreza e indigencia) o salvaguardar el patrimonio natural. Baste un botón para muestra: en la Argentina –más aún en nuestra América latina– llevamos siglos de despojo de nuestros bienes naturales y sin embargo amplias mayorías sociales carecen de bienes básicos como el acceso al agua potable y a una alimentación sana. Es imperativo un pacto socioambiental que contemple un aprovechamiento social de lo que nos provee la madre naturaleza, lo cual demandará que la decisión de los emprendimientos a ejecutarse tenga consentimiento social al tiempo que se desarrolle una distribución equitativa de sus usufructos. Asimismo, urge avanzar en un manejo de nuestros bienes comunes a partir de su valor de uso por sobre el de cambio, este último hoy exponencialmente maximizado por la especulación financiera.

Respecto de la protección del patrimonio natural, efectivamente no hay actividad productiva que no tenga impactos ambientales negativos. Empero, no todas las técnicas y tecnologías tienen el mismo nivel de afectación ambiental. Es necesario recurrir de manera creativa a aquellas que menores impactos en su utilización generan, lo cual no supone necesaria y excluyentemente acudir a los “últimos avances tecnológicos”, antes bien el diálogo entre experiencias de larga duración y saberes actuales puede suplir dispositivos hoy inaccesibles (por sus costos) y disfuncionales (a las realidades/necesidades sociales) de nuestros países periféricos; tal por caso la agroecología en tanto encuentro de saberes campesinos ancestrales con los conocimientos científicos modernos de la ecología.

Segundo: es necesario interpelar, en el acuerdo socioambiental a construir, también a cierto pachamamismo academicista desprovisto de análisis de las correlaciones de fuerzas internas y globales. No hay posibilidades de gestar una relación socioambiental armónica a los intereses de los más y de la madre tierra en la que estamos convidados a coexistir junto a la pluralidad de especies, si no somos capaces de construir los consensos regionales (cuanto menos subcontinentales) que fijen marcos normativos de resguardos ambientales comunes. Sin estos el capital seguirá movilizándose al calor de las ventajas que ofrecen unos y a los que se ven compelidos otros para paliar una cuestión social que, culminados los proyectos neoextractivos, ha de reagravarse. No obstante, alcanzar acuerdos regionales no invalida avanzar en procesos internos, tales como los reconocimientos (aun con sus límites y dificultades) a la naturaleza como titular de derechos en las recientes refundaciones constitucionales de Bolivia y Ecuador.

Tercero: el ejercicio del poder tecnofinanciero global viene siendo efectivo en la construcción de una fantasía que, parafraseando al esloveno Slavoj Zizek, ha logrado opacar con astucia el horror real de la situación que enfrenta la humanidad. Abordemos el avance del agronegocio en la Argentina contemporánea, caso por cierto transversal a nuestra realidad socioambiental nacional y la de distintos países del subcontinente. Aun con no pocas derrotas propiciadas por resistencias urbanas y rurales que se han multiplicado en respuesta a la proliferación de diversas patologías, entre ellas el cáncer, los abortos espontáneos y los problemas epidérmicos y respiratorios que padecen los pueblos fumigados, el agronegocio aún conserva su hegemonía como garante de la solución del hambre en el futuro. El asunto es que en el presente ya más de un tercio de la población global padece malnutrición, sea por desnutrición o mala alimentación, y no por falta de alimentos sino por problemas de distribución. Incluso más, no es hoy el agronegocio el garante de los alimentos producidos a nivel global. Antes bien, más de dos tercios provienen de pequeñas unidades agrícolas campesinas que, bajo la agroecología, proveen una diversidad de especies actualmente amenazadas por el avance de la transgénesis de los commodities agrícolas y por los dispositivos de rapiña o privatización de saberes milenarios. Pero retornemos, en relación a ello, a la Argentina y la cuestión ecológica. Sin una discusión pública (ergo, atención de los poderes públicos) respecto del modelo agrícola productivo y sus impactos socioambientales, persistirá una lógica agrícola –la del agronegocio– que al tiempo que vulnera derechos colectivos (como a un ambiente sano), expulsa campesinos y originarios de sus tierras ancestrales y reproduce la dependencia tecnológica respecto de los insumos de la vigente agricultura industrial global.

Cuarto: la viabilidad económica y ambiental de la Argentina que se viene comparte, al menos, un denominador común. Frente a la necesidad de reactivar el consumo en tanto dinámica virtuosa para el crecimiento y el desarrollo económico (y junto a ello el acceso de sectores vulnerados a bienes materiales y simbólicos imprescindibles) es clave anticiparse a los reiterados “cuellos de botella” de nuestra economía periférica, es decir, a la falta de divisas para la ampliación y diversificación de la estructura productiva del país. En pos de ello impera avanzar en una disputa cultural, pues la apología del consumismo, a la vez que conduce a reiterar las contradicciones del crecimiento (las reiteradas faltas de divisas tras períodos de crecimiento), reproduce el imaginario de la naturaleza como objeto de recursos explotables antes que como sujeta de derechos.

Quinto: el formidable proceso de endeudamiento contraído bajo la gestión de Cambiemos, desde luego se confiere como la mejor expresión de la liviana herencia recibida tras doce años de políticas de desendeudamiento; sin embargo, también ilustra la endeble protección forjada sobre la soberanía de nuestros bienes comunes en la anterior etapa de gobierno popular. La voluptuosidad de la deuda contraída se explica en parte (y no menor ni secundaria) por las garantías ofrecidas por el gobierno de las finanzas a partir de entrega del patrimonio natural ante faltas de pagos. Impera, desde el 10 de diciembre, proteger nuestros bienes comunes con marcos jurídicos que dejen inertes neointentos de piratería global.

Sexto: la vigencia de un pacto socioambiental nacional en un sistema mundo global debe contemplar un aspecto ineludible en relación al concierto internacional. También en materia ambiental el capitalismo senil, haciendo uso del léxico del egipcio Samir Amin, reproduce las desigualdades globales estructurales. La acuciante problemática del calentamiento global se manifiesta como la trágica representación de un mundo en el que, nuevamente, las asimetrías en relación a las emisiones de gases de efecto invernadero hacen de la cuestión ecológica un problema de responsabilidades políticas. No hay viabilidad en la supervivencia de la especie humana sin que los países del centro reduzcan significativamente sus emisiones. Todo indica que no hay mayores voluntades al respecto, he allí un motivo más que significativo para que las sociedades de las periferias (incluso las periferias de los centros), que son quienes en definitiva padecen las mayores catástrofes producto del cambio climático, tomen la iniciativa de patear el tablero internacional a modo de desconexión y reconexión para propiciar otras formas posibles y necesarias de coexistencia planetaria.

Finalmente resulta imprescindible remarcar la dimensión política de los no excluyentes seis puntos aquí someramente revisitados. La concreción de un pacto socioambiental como parte constitutiva y constituyente de un orden democrático no será la consecuencia de un diálogo de voluntades diversas pero convergentes. Más bien lo será el resultado de la pluralidad de conflictos que las articulaciones subalternas deberán ser capaces de sortear frente a resistencias que apelarán a todos y cada uno de los medios para evitar la desnaturalización de los privilegios que históricamente han ostentado: entre ellos, la cuasi exclusividad de los usufructos de la madre tierra.

*Lic. en Ciencia Política, Becario Doctoral CONICET. Integrante del Centro de Formación y Pensamiento General

Fuente: Revista Voces N° 79