El derecho de los Pueblos indígenas al uso del propio idioma en sede judicial


La libre determinación de los Pueblos indígenas incluye el derecho a usar su propio idioma en los procedimientos judiciales para garantizar la participación indígena en condiciones de igualdad, tanto a nivel individual como colectivo. Por Fernando Kosovsky*

Este trabajo explica cómo la normativa constitucional y supralegal garantiza a los Pueblos indígenas el uso de su propio idioma en sede judicial impactando de lleno en los sistemas judiciales argentinos donde se viene implementando el sistema adversarial, cuya nota distintiva es que las controversias se dirimen en audiencias orales, públicas, con inmediación e igualdad, lo que exige respetar y garantizar la interculturalidad.

Expertos en antropología aportan aquí sólidos fundamentos para que el estado garantice el derecho al uso de la propia lengua de los pueblos indígenas en sede judicial como derecho individual y colectivo por ello indisociablemente asociado al derecho de participación de los pueblos en asuntos que puedan afectar sus intereses como el control de los actos judiciales, por lo que el intérprete debe ser garantizado por el estado. La casuística exhibe la urgencia de adecuar los sistemas judiciales argentinos para que garanticen efectivamente el respeto de la interculturalidad, dejen atrás la discriminación racial y garanticen la igualdad en un sistema democrático de derecho.

Introducción. La interculturalidad interpela a los sistemas judiciales argentinos

Una de las derivaciones lógicas del derecho de libre determinación de los Pueblos indígenas es su derecho a usar su propio idioma en los procedimientos judiciales para garantizar la participación indígena en condiciones de igualdad.

Sin embargo, el atraso en la adecuación de los sistemas judiciales impacta de lleno en los conflictos que tramitan en la República Argentina donde se viene implementando el sistema adversarial, tanto en el proceso penal – e incipientemente en el proceso civil y en el contencioso-administrativo-.

Una de las notas distintivas del nuevo sistema es que las controversias se dirimen en audiencias orales, públicas, con inmediación entre las partes y el Juez imparcial quien procura garantizar la igualdad entre aquellas.

Decimos que la interculturalidad interpela al sistema porque, casi invariablemente, ese Juez pertenece a la cultura judeocristiana, europeo-occidental y hegemónica decidirá conforme a sus pautas, pero ¿Qué sucede cuando las partes pertenecen a otra cultura, entiende el mundo desde otra concepción de la vida -por ejemplo, en el cual la propiedad privada no es el mayor valor social ni el centro de la existencia- y hablan otro idioma?

Ya en la mitad del siglo XX la antropología comenzó a poner en crisis los sistemas monolingüísticos y el derecho internacional fue incorporando como una contribución valiosa el usar el propio idioma de los pueblos indígenas como una libertad fundamental de la persona humana y de los pueblos. En efecto, ese uso está compuesto, inescindiblemente, de un componente individual y de otro colectivo: el derecho subjetivo, el derecho humano fundamental de cada persona indígena a usar su idioma en un procedimiento judicial y del derecho humano fundamental del Pueblo a participar en el mismo procedimiento en condiciones de igualdad.

Lógicamente, ello exige adecuaciones a los sistemas estatales de resolución de conflictos en general y en especial a los sistemas judiciales, adecuaciones que imponen tratados internacionales de derechos humanos y que, según sus principios, deben realizarse con participación y consulta de los mismos pueblos indígenas a través de sus organizaciones representativas. En este ensayo, invito a reflexionar sobre esa adecuación.

Por ello, tras una breve reseña de normas del derecho positivo que han receptado el derecho de los Pueblos indígenas al uso del propio idioma, compartiré en formato de entrevista (revisada, con notas al pie) el contenido de un Informe de una experta antropóloga, la Dra. Claudia Briones en relación a los fundamentos que la ciencias sociales aportan para argumentar jurídicamente la pertinencia y relevancia del uso del propio idioma de los pueblos indígenas para así poder hacer frente a las resistencias de operadores judiciales. Luego, compartiré voces de la doctrina jurídica especializada.

Para ilustrar las resistencias de los sistemas judiciales a respetar y garantizar el uso del propio idioma de los pueblos indígenas y cómo éstos lo han confrontado, haré referencia a los casos “Pelayes” y “Buenuleo”, donde con junto a colegas del GAJAT acompañamos al Pueblo Mapuche litigios en las provincias patagónicas argentinas -Neuquén y Río Negro-, con variantes, rige el sistema adversarial para que se garanticen esos derechos humanos fundamentales.

Por último, a modo de conclusión, aportaré algunos motivos por los que, entiendo, el idioma es una garantía judicial de igualdad y de participación en un sistema democrático de derecho.

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*Abogado por la Universidad de Buenos Aires. Miembro de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI) y del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (Gajat).

Fuente: Revista ReDeA