La peligrosidad del sistema de ejecución penal. Por una vuelta al sujeto de la clínica criminológica


Columna sobre Salud, poder, subjetividad y política. Numerosos debates sobre el concepto de peligrosidad han marcado las reuniones internacionales entre psiquiatras, historiadores y juristas por decenios, desde la edad media europea, para acá. Lo hemos importado de ellos, en su fase monárquica, para momentos de nacientes repúblicas latinoamericanas. Se han llenado bibliotecas de textos leguleyos durante todo el siglo XX. Siempre lo creemos un concepto superado, pero ahí está y aparece de nuevo sin cesar, sobre todo en los espacios más conservadores, más reacios a la academia y más receptivos de la endogamia judicial. Por Yago Di Nella

En los últimos decenios, fruto del trabajo de desenmascaramiento sociohistórico (Foucault, mediante) los trabajos sobre esta cuestión han sido más críticos, sobre todo en la obra de algunos pensadores provenientes de la criminología, cultores de la corriente crítica del control social, como Aniyar de Castro, Domínguez Lostaló, Carranza o Zaffaroni, todos ellos pertenecientes o vinculados al ILANUD, organismo regional especializado de la ONU en la materia. Esa obra colectiva lo ha pulverizado, a pura refutación, pero aun así el concepto estigmático de peligrosidad sigue brotando de sus cenizas. Es reclamada su aplicación en el ámbito penitenciario, sobre rodo desde el ámbito judicial, a pesar de innumerables fallos jurisprudenciales que lo desenmascaran, que develan su carga discriminatoria.

La psicología criminal siempre ha mirado con recelo a ese concepto, pues no se enfoca en el sujeto, sino al acto y, lo que es peor aún, a un acto potencial futuro. La conceptualización de la peligrosidad sigue estando hoy del lado del derecho más conservador, concentrado en influenciar la toma de decisiones restrictivas y poner en juego las libertades individuales.

Esto nos ha llevado (nuevamente1) a revisar el concepto, toda vez que regresa cada vez que ocurre un hecho aberrante o considerado tal, sobre todo desde la agenda mediática. Cuando se refieren a la peligrosidad, sea directa o indirectamente, no remiten a los estudios sobre violencia o sobre el perfil más o menos criminal de una persona, sino a las relaciones entre enfermedad mental y criminalidad. Es decir, que se aspita a un enfoque psicopatológico como fundamentación del pronóstico de peligrosidad futura, esto es, al estudio de unas ciertas características de personalidad que per se harían peligroso a un sujeto x. Peligroso es aquí una presunción indemostrable (no por ello considerada al menos falible): que “ya se sabe” que en futuro cometerá nuevos delitos.

Así, en países centrales de occidente, como España, a la salida del medioevo la pena de marca había sido limitada a los gitanos delincuentes, dato que denuncia un resabio racista: Se les imponía en la espalda como medio de identificación, para que sirviese de prueba del primer delito en caso de “reincidencia”. Tal su peligrosidad, por cuantas marcas tuvieran. Si otro ciudadano cometía un delito, pero no era gitano, entonces la marca no correspondía. Este tipo de disposiciones revelan, según Foucault, que la criminalidad (y no el crimen) se torna en objeto de la intervención estatal: “el delincuente cae fuera del pacto, se descalifica como ciudadano, y surge llevando en sí como un fragmento salvaje de naturaleza; aparece como el malvado, el monstruo, el loco quizá, el enfermo y pronto el `anormal´” (en La vida de los hombres infames). En Francia, lo análogo ocurría, pero en referencia a la población africana. Así sucesivamente en toda Europa colonial; se procedía de modo similar.

En la Argentina esto tiene una frondosa historia. Primero, en la persecución de los habitantes originarios de la Patagonia y del norte profundo, acusados de ser peligrosos en función de: a) ser politeístas; b) no creer en la propiedad privada de la tierra y la naturaleza; c) no concebir la sexualidad como tabú; d) considerarse parte del ambiente y no de la divinidad occidental europea; e) no aceptar la apropiación privada de cursos de agua dulce; f) entender que la crianza es un acto de la comunidad y no de los progenitores; g) no aceptar el mandato de abandono de su lengua; etc. En este sentido, fue la ciencia antropológica desde la criminología positivista de la época, la que los etiquetó en el lugar de la peligrosidad y, así, fundó el argumento del “desierto a conquistar”, pues ahí -dirían- no había personas, sino indios. Como se verá a lo largo del presente escrito, el argumento es el mismo: la peligrosidad del sujeto como esencial e inherente a su tipo.

El mismo fenómeno del peligrosismo criminológico puede relatarse sobre la persecución penal al movimiento anarquista en los albores del siglo XX, cuyo principal reclamo era: el fin de la servidumbre y la esclavitud del campesinado y el derecho de estos a sindicalizarse. Hoy nos parecería de lo más normal ese reclamo de derechos, ya adquiridos, pero en el momento social en que fueron perseguidos, el sentido común del juzgador era su peligrosidad esencial e inmanente.

Estos dos sencillos ejemplos, ya suficientemente documentados, nos enseñan mucho sobre el carácter ideológico del concepto de peligrosidad operante en el sentido común de cada época2. Lo peligroso será entonces definido conforme al orden existente, convertido en absoluto y natural, a la vez que dicha peligrosidad será explicada por medio de factores individuales, a los cuales necesariamente se atribuyen los problemas y conflictos que surgen en dicho orden.

Ello permite a la noción de peligrosidad, por un lado, vaciar de contenido histórico-social los comportamientos y estados categorizados como peligrosos, mitificándolos como ESENCIA (esta cuestión es la clave ideológica del asunto) y, en última instancia, deformando la realidad al individualizar y ‘‘naturalizar” lo peligroso en ellos.

De esta forma, es que en un segundo movimiento se recurre al servicio de la psicología o la psiquiatría, y así se logra justificar en términos no represivos, científicos y hasta “terapéuticos“, el control de tales conductas y/o sujetos. He aquí, por tanto, la importante función ideológica que ha desempeñado siempre la noción de peligrosidad: en primer lugar, fundada en su posibilidad de explicitación legal en categorías de sujetos peligrosos, justifica el orden sociopolitico imperante, pues al delimitar “personalidades peligrosas” acepta y proyecta la existencia de un tipo universalmente válido de “personalidad sana“, “no peligrosa“, conjuntamente con la “normalidad” de los componentes (costumbres, actitudes, creencias, etc.) que la administración de justicia asume como los correctos. En segundo término, a través de su apariencia de concepto científico, justifica racional y emocionalmente un mecanismo de control social paralelo a la pena, lo cual hace que las posibilidades de intervención sobre el individuo sean todavía mayores y las de éste de defenderse, sean casi nulas: ¿Cómo demostraría acaso un sujeto cualquiera acusado -no es azarosa la palabra- de peligroso, que en un futuro indeterminado y potencial – abstracto, no volvería a delinquir?

En efecto, como veremos más adelante, una característica esencial de la aplicación del concepto de peligrosidad de su irrefutabilidad.

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Notas

1 Desde el año 1994 vengo escribiendo sobre su deconstrucción, pero asumo que he fracasado en términos de su continuidad en el campo del derecho penal.

2 Salvando las distancias, esta misma adaptabilidad de la noción de peligrosidad a las necesidades de control en cada momento histórico determinado es la que ha permitido, por otra parte, que en América Latina la denominada “Doctrina de la Seguridad Nacional” haya incorporado la noción de ”individuo peligroso” a través de la de ”enemigo interno”, ahora representado no tanto por el marginado social, sino por el disidente político o ideológico. A pesar de ello, las peculiaridades psicológicas que se atribuyen a este nuevo sujeto peligroso no apuntan predominantemente a la imagen del guerrero, del patriota, del idealista y ni siquiera del mercenario, como lo exigiría dicha doctrina, habida cuenta de su supuesto de “guerra interna”; por el contrario el diagnóstico del nuevo “delincuente” es el del criminal repudiado por la sociedad, el incapaz que no alcanza a constituirse en sujeto, que es inferior a los demás y que no puede hacer uso de su libertad. De esa manera se cumple también con la doble función ideológica, ya enunciada, de la noción de peligrosidad: por un lado, al descalificar no sólo como peligroso sino también como anormal al otro social (otrora el disidente político o ideológico, hora el delincuente común); se proyecta, esta vez por medio del terror, el conformismo y se niegan las perspectivas de cambio desde determinismos resignados, o sea, ideas de irrecuperabilidad. Tal es el caso de la consideración de peligrosidad como ESENCIALIDAD. Por otra parte, semejante ampliación de la peligrosidad ha permitido en el subcontinente latinoamericano la aplicación de una nueva clase de medidas de seguridad, consistente en la desaparición forzada en la última dictadura cívico-militar. Me he dedicado a ello en “Aterrados: Psicología de la dictadura” (Koyatun editorial, 2007, Buenos Aires), trabajando en su epílogo cómo esa concepción pasó en los años del neoliberalismo de la década del ’90 hacia el campo del delito común. El paradigma de peligrosidad fue conceptualmente el mismo, salvo justamente el contexto, aplicabilidad y situación, dada su práctica masiva, acientífica, de persecución según el parámetro del sentido común del momento.

Para citar el artículo: Di Nella, Y. (2021). La peligrosidad del sistema de ejecución penal. Por una vuelta al sujeto de la clínica criminológica; en Apostillas sobre Control Social y Derechos Humanos (ISSN 2718-6229) del 08/04/2021. Enlace: https://www.adalqui.org.ar/blog/2021/04/08/la-peligrosidad-del-sistema-de-ejecucion-penal-por-una-vuelta-al-sujeto-de-la-clinica-criminologica/ (Recuperado el dd/mm/aa).

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