Eso no se dice, eso no se hace


Columna Derecho y Sociedad. El 10 de septiembre de 2019, en las cercanías de Bariloche, miembros de una comunidad mapuche habita un espacio que, antes de ser mal vendido, le pertenecía. Llegan a hacer respetar el derecho de propiedad privada a la fuerza otros hombres y los mapus llaman a que los proteja la policía. Por Patricia Giordana

Este caso, el de Buenuleo, se judicializa en dos aspectos: la usurpación de terrenos y la agresión a quienes estaban reclamando en esas tierras. No es sorpresa que mientras la primera causa avanzó rápidamente en los tribunales, la segunda se desarrolla aún lentamente.

Cuando en la causa de usurpación –un nombre que ya anticipa en parte lo que será el fallo de no legitimidad en el reclamo-, en la audiencia del 9 de septiembre del 2020 un imputado pide declarar en mapuche, su lengua, está posibilidad es negada, “los imputados conocen el castellano”. La violencia física, adquiere su forma simbólica en el estrado.

Luego, el juzgado toma la decisión de no hacer lugar al reclamo de propiedad mapuche de la tierra, a lo que la comunidad Buenuleo apela. Por lo que, el caso es tratado por el Tribunal de Impugnación Provincial el 22 de septiembre del 2020. El cual determina: el reclamo está legitimado por la jurisprudencia; sin embargo, la modalidad de su realización, lo invalida. De esta manera, la violencia es física, simbólica y efectiva en la negación de los derechos a estos ciudadanos.

A continuación se ensayará un análisis de los emergentes que se encuentran en la respuesta judicial ante un caso de reclamo reconocimiento de derechos de un pueblo mapuche.

Todos entendemos castellano

En la decisión de que en el estrado no se puede hablar en mapuche, emerge la extraña condición de extranjería de esta lengua para el Estado Argentino.

La Constitución –en su artículo 75, inciso 17- reconoce a pueblos preexistentes al Estado Nación Argentino1; sin embargo, éstos deben expresarse en el idioma castellano en los procesos legales. Se impone hablar en la lengua hegemónica, colonial, para poder ser tenida en cuenta la declaración.

El problema no es la traducción, pues ésta nunca es literal, siempre encierra cierta pérdida. En el paso de una lengua a otra se pierde parte de la vitalidad de las expresiones originales: las experiencias que le dan marco.

Habitar en una lengua, es vivir, respirar y hacer experiencias vitales en ciertos marcos (cosmovisiones, religiosidad, cultura) que permiten dar expresión e interpretación a lo que se vive. Es un hecho que en la transliteración de palabras se pierde el sustrato experiencial.

Pero, lo que se buscaba en la declaración en mapuche era otra cosa, más allá de que sea necesaria la traducción –siempre empobrecedora-: sino que quede registro en la lengua que se habita del testimonio en los anales del Poder Judicial de la provincia. Hacer ejercicio de la ciudadanía a través del lenguaje.

Lo que se decidió fue una negación al ejercicio de la ciudadanía plena de quien testimonió. Podrás expresarte, sólo en este idioma, pues lo entendés. Nunca estuvo en discusión que los imputados y testigos entiendan al castellano –su condición colonial hace que todos los ciudadanos de la región le sepan dar uso-, sino el derecho de hablar en su lengua mapuche. El Estado, a través de su aparato judicial, en el mismo gesto que reconoce el derecho de existencia de pueblos indígenas, también niega su posibilidad de expresión en la lengua que habita.

Lo que el tribunal indica

El tratamiento de la apelación por parte del Tribunal de Impugnación Provincial, de 53 páginas con detalle de los antecedentes civiles y legales de los derechos que asiste el reclamo de propiedad por parte de comunidades indígenas2 -desde la Constitución, Códigos, leyes nacionales, provinciales y convenciones internacionales pertinentes-. Sin embargo, dictamina que, si bien asiste a los Buenuleo la legalidad del reclamo, éste no se realizó del modo adecuado.

El modo adecuado sería esperar el censo iniciado por la Ley 26160, que no se culmina (luego de 14 años), que a través de carpetas se indique la existencia y legitime la presencia de los pueblos indígenas; como si su pertenencia fuera, a partir del registro, cristalizante y ahistórica.

Si todas las identidades migran y se diversifican incesantemente, la pertenencia a comunidades indígenas no sería la excepción. Pero aquí no se trata de una filosofía de la identidad, sino de una característica estatal: sólo reconoce lo cristalizado, lo inmóvil. Por eso, en el caso del derecho de los pueblos indígenas se apelan a esencialismos en los registros estatales como la lengua, los apellidos, la propiedad ancestral, los fenotipos.

El Estado invisibiliza su pluralidad contenida, para luego exigir homogeneidad y quietud en los otros interiores. A esta altura, ya es claro que, en este accionar, el Poder Judicial de la provincia reconoce, en una lógica colonial, como a un otro a los pueblos indígenas3.

En este caso, la fuerza estatal mientras que reconoce la existencia del reclamo, legítimo, indígena; le niega paternalmente su idoneidad en la metodología, obviando la lentitud de su accionar en otras dependencias.

Los monolingüismos de los otros

La violencia en este proceso judicial mutó de la física a la simbólica, luego a la procedimental. El Estado desnuda su incapacidad de reconocer a los otros interiores y ante la interpelación, adquiere el tono paternalista para explicar de qué modo es necesario accionar para se reconozca la legalidad del reclamo.

Es que este accionar judicial sólo reconoce una lengua, la que es ajena para la experiencia mapuche. Enajenada en la experiencia y sus urgencias, extraña en sus modos y cosmovisiones. Se esconde el disciplinamiento: hablá en mi lengua, que te es ajena, y procedé como te indico para que yo te escuche. Se disciplina el cuerpo, el habla y la metodología para que se logre la interpelación y reconocimiento del ejercicio de la ciudadanía.

Hay una condena desde la monolengua del poder judicial, que no se reduce al uso de determinado castellano, sino que es metodológico jurídico. Se espera que lo social movimental de resistencia mapuche habite el lenguaje del derecho hegemónico: positivista, liberal, heteronórmico, paternalista; acaso, colonial.

Se habla una sola lengua, se escucha sólo a la misma lengua. Desde los códigos, las leyes y la selección de cuáles se aplican hegemónicamente, se establece qué y cómo hacer, qué y cómo decir a los sectores socialmente subalternos.

La voz mapuche

Para finalizar, surge la pregunta de ¿porqué insistir en usar la propia lengua para hablar de lo que pasa con las comunidades indígenas de la región4?

Así, como en el lenguaje del Derecho jurídico estatal, se procede el pasaje de la escritura al cuerpo, del fallo –antecedentes judiciales, doctrinas y jurispridencia- al disciplinamiento de las personas; es posible hacer el recorrido inverso: de la experiencia de los pueblos a la palabra registrada por los escribas judiciales, al ejercicio de los derechos de los pueblos. Del monolenguaje del Poder Judicial a la multiplicidad de expresiones, para el reconocimiento del ejercicio efectivo de las ciudadanías que se alojan en el Estado Nación argentino.

Sin embargo, hay un sordo desconocimiento, un temor no confesado, en dejar registro en mapuche de los testimonios. Lo cual no sucede en otras lenguas que cuentan con traducciones oficiales en el Poder Judicial de la provincial. Es que se sabe que registrar la experiencia del despojo sistemático que viven estos pueblos en sus lenguas, es poner en evidencia la violencia sobre la que disciplina y se legitima el accionar estatal.

De este modo, el uso de la lengua mapuche en el estrado es un acto político de reconocimiento de ciudadanía, a la vez de explicitación de las violencias a las que se somete a estos pueblos.

Acaso se aloje la posibilidad que, del mismo modo que el pueblo judío llamó con su lengua su experiencia del exterminio sistemático de la Segunda Guerra Mundial como shoah, los pueblos indígenas de la región puedan nombrar en sus términos los mecanismos de despojos, disciplinamientos y violencias que viven.

Es necesario, al menos, que se ponga en palabras propias, en la lengua que se habita5, las experiencias de los pueblos en los escritos judiciales de la provincia para llevar a cabo, encarnar, ciudadanías plenas y activas.

NOTAS

1 Aquí es importante tener en cuenta que muchas propiedades comunitarias históricamente sufrieron una asimilación al derecho de propiedad individual, con sucesiones civiles realizadas. Pero éste es un capítulo particular de cómo el derecho diferenciado de las comunidades indígenas surge tiempo después del despojo sistemático que sufrieron estos pueblos por las formas del Derecho liberal.

2 El autor del fallo bien podría postularse como profesor universitario, si existiera la asignatura de Derecho Indígena en los planes de estudios de Abogacía.

3 La pregunta es qué otros interiores reconoce a través de sus decisiones: ¿a los desposeídos, a los desplazados sociales, a los migrantes, a les no heteronórmicos? Y, si hay otros, ¿cuál es la identidad, homogeneidad, a partir de la que se decide?

4 Yo, que soy mestiza de muchas procedencias, nunca pude acceder al guaraní, la lengua materna de mi abuelo, porque él decidió –con amor- que usarlo quitaba a su familia ciudadanía antes que enriquecerla. Un efecto colonial en la historia de mi piel y habla.

5 Ésta, arriesgo, seguramente estará lejos de los esencialismos lingüistas y contará con expresiones también castellanas, hasta incluso alguna inglesa –en esta contemporaneidad globalizada-. Lo que seguro no tendrá es latinismos jurídicos.

Para citar el artículo: Giordana, Patricia (2021)Eso no se dice, eso no se hace; en Apostillas sobre Control Social y Derechos Humanos (ISSN 2718-6229) del 04/03/2021. Enlace: https://www.adalqui.org.ar/blog/2021/03/04/eso-no-se-dice-eso-no-se-hace/ (Recuperado el dd/mm/aa).