Discutir la herencia educativa del menemismo. Una deuda pendiente. A pesar de las sentidas retóricas y el recuerdo carismático del recientemente difunto ex-presidente, desde la comunidad educativa su gobierno será siempre recordado por sus políticas anti educación pública. Por Lucas Biagetti
Durante los diez años que duró la presidencia del riojano se consumaron en nuestro país una serie de profundas reformas en el sistema educativo que venían madurándose desde hace tiempo. Distintos documentos orientados a nuestrAmérica del Banco Mundial, FMI, BID y otras organizaciones y Think Tanks ligadas a los intereses del mundo financiero, habían anticipado al menos una década atrás lo que serían la Ley de Educación Superior, Ley Federal de Educación y Ley de Transferencias. Vamos a hablar de Argentina, pero si alguien se interesa en comparar las políticas educativas de aquella década con las de otros países latinoamericanos se topará con enormes similitudes.
No pueden pensarse las políticas educativas de los 90’ como un todo-uniforme, ese período está (como casi todos los fenómenos sociales) plagado de contradicciones, idas y venidas; sin embargo sí puede vislumbrarse una tendencia clara a poner la educación al servicio de la “revolución productiva”, intentando acomodar el sistema educativo en base a los criterios mercantiles de eficiencia-eficacia, y desdibujando las responsabilidades del Estado para decantar toda la carga en los individuos.
Efectivamente la Ley Federal de Educación, que recordamos por el polimodal, habla vagamente de derecho a la educación como “derecho a enseñar y aprender”, y menciona que “las acciones educativas son responsabilidad de las familias”, sustituyendo la ley 1420 que insistía en la obligatoriedad y en la cual el Estado se auto-imponía la obligación de garantizar este derecho. El proyecto de ley, originalmente incluía la posibilidad de arancelar los niveles no obligatorios de la educación (a partir de los 15 años).
Años atrás la Ley de Transferencias había dejado al Ministerio Nacional de Educación casi “sin escuelas”, al provincializarlas. A pesar de quitar las responsabilidad al ejecutivo nacional sobre la educación y su financiamiento, dejando a la interpretación de las jurisdicciones provinciales la aplicación de la Ley Federal, se fijaron algunas políticas centralizadas y se mantuvo la potestad del ministerio de evaluar la educación en las provincias. A esto algunas personas lo llaman “Estado evaluador” y se trata precisamente de modelos de gestión educativa donde no se asumen las responsabilidades de brindar un derecho, pero sí se ejerce poder sobre el sistema.
La Ley de Educación Superior (aún vigente) también otorga al Estado poderes de control sobre las carreras universitarias con la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CoNEAU), conformada por miembros propuestos por el parlamento, el ministerio, la academia nacional, las universidades públicas e incluso las universidades privadas. Esta comisión tiene, obviamente, la función de acreditar y evaluar las carreras universitarias declaradas de interés público. De este modo se avanza sobre la autonomía universitaria conseguida por el movimiento estudiantil del ‘18.
Pero además, la ley permite a las Universidades la venta de recursos, en completa consonancia con lo que venimos diciendo, permitiendo al Estado quitarse paulatinamente la responsabilidad sobre el financiamiento universitario.
Ahora bien, como sabemos las universidades producen principalmente dos tipos de “recursos vendibles”, el conocimiento científico y los títulos o acreditaciones de estudios. Al permitir a los intereses privados comprar esos recursos, también se sugiere apuntar el conocimiento producido hacia lo “vendible”, poniendo la Universidad al servicio del mercado.
Por otro lado, hoy, las facultades de ciencias sociales, humanidades y artes (más difíciles de mercantilizar), sostienen gran parte de su “propio producido” con las carreras de posgrado (casi siempre aranceladas) y congresos en los que se paga tanto por exponer como por asistir (en algunos casos lo único atractivo de estos congresos son los certificados). La LES es muy prolija, ya que este círculo se cierra obligando en el mismo texto de la Ley a docentes e investigadores a acreditar permanentemente avances en su formación, y evaluándola con criterios cuantitativos en base a cantidad de papers publicados o exposiciones en congresos.
De esta manera, con suma prolijidad argumentativa y una fingida retórica preocupada por el bienestar público, el desarrollo productivo y la mejora de la calidad educativa, se puso la educación pública en función de los intereses del mundo financiero; se propuso medir tanto la educación obligatoria como la superior (y polimodal) en base a criterios de productividad y de su utilidad para el mercado; y finalmente propusieron un sistema de competencia entre individuos en donde los proyectos colectivos (traicionando la retórica del bien común antes mencionada).
La década de los ‘90 deja a la educación una herencia (pesada) que no sólo se evidencian en las leyes promulgadas durante aquel período, sino que logrando construir una forma de ver la educación y la responsabilidad del estado que aún persiste.
Si bien la Ley Federal de Educación fue sustituida en 2006 por la Ley de Educación Nacional, de carácter más progresivo, acompañada además de otras leyes o documentos que la sustentan y la fortalecen, la Ley de Educación Superior está aún en vigencia (con leves modificaciones) a pesar de que el movimiento estudiantil y docente propone contínuamente la elaboración de una nueva Ley.
La Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria (CoNEAU) sigue existiendo, y a pesar de que desde algunos sectores se habla de una CoNEAU con rostro humano, resignificada y deconstruida, sigue cumpliendo la misma función que en los ‘90, y la lista de carreras “de interés público” en las cuales puede intervenir es cada vez mayor.
Se sigue pensando la educación en términos mercantiles cuando distintas becas y programas como las becas progresar están destinados a “carreras estratégicas” vinculadas al mundo productivo. De nuevo, argumentando interés por el desarrollo industrial del país se estimula a los futuros profesionales a formarse como mano de obra calificada para empresas privadas.
El discurso del actual gobierno nacional y su militancia que condena ferozmente el neoliberalismo y las políticas empobrecedoras tiene la enorme deuda de avanzar hacia la derogación de la LES y poner la educación pública en función de las necesidades de nuestro pueblo, y no de sus saqueadores. Quizás la muerte del turco sirva de excusa para sacarnos este enorme lastre de encima, y reconstruir una universidad que recupere algunos de los mejores valores de la reforma del ‘18, parafraseando a aquellos reformistas, “los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan”
Fuente: Contrahegemonía
