Satélites y constelaciones


Capitales privados que bregan por sus intereses desde las entrañas del Estado. Estudios jurídicos y escribanías operan en la expansión de la frontera inmobiliaria en tierras rurales y espacios de alto valor medioambiental, intervención que suele quedar soslayada en el análisis de las prácticas de los grupos económicos y los gobiernos locales. Por Susana Lara

Un abogado que participa de sociedades anónimas con una familia terrateniente de Neuquén y del entramado de firmas para capitales franceses en la región es también asesor legal de los municipios de San Martín de los Andes (SMA) y de Villa La Angostura (VLA).

La representación de los intereses públicos en tensión con los intereses del capital privado en el conflicto por el control real del territorio y los bienes de la naturaleza encuentra en estos profesionales operadores de negocios que no parecen tales, sino fuente de legitimidad jurídica y legalidad. La trayectoria de Adolfo Hugo Burgenik da cuenta de las formas y dinámicas locales del capital y los cambios en la propiedad y uso de la tierra.

La clase terrateniente local se transformó y consolidó en la provincia de Neuquén: se diversificó hacia el turismo de alto consumo y el desarrollo inmobiliario; se asoció a capitales extranjeros; incorporó a operadores extrafamiliares con aceitados lazos con el Poder Judicial y las dirigencias partidarias domésticas; aggiornó su vocación conservadora de familias “fundadoras” o “pioneras” con el papel de facilitador en Argentina del capital trasnacional. Así, en la superficie del conflicto por el acaparamiento de tierras, aparecen estudios jurídicos locales cuyo poder real se explica –al menos en parte– por el sustrato de esos capitales criollos.

Burgenik es parte de la transformación del grupo De Larminat, familia de origen francés asentada en la zona andina a principios del siglo XX. Junto a otros abogados impulsa el desalojo de una familia mapuche de un predio dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, así como de la comunidad mapuche Paisil-Antreao de una fracción ubicada junto al lago Correntoso en representación del Estado municipal de VLA. Estos dos casos muestran la matriz de poder tejida en el espacio de Neuquén, del que los estudios jurídicos participan legitimando un pensamiento jurídico como verdad estatal, en particular respecto al derecho al territorio tradicional de los pueblos originarios o, más precisamente, a la negación sistemática de ese derecho.

Los ‘90

Luis Tiscornia, sociólogo, investigador del CONICET, publicó Los estancieros en la provincia de Neuquén. Vigencia de la gran propiedad, trabajo imprescindible para trazar los recorridos particulares de los grupos económicos en el acaparamiento de la tierra y sus vínculos con los propietarios tradicionales. Su trabajo comprende el panorama al momento de iniciarse las grandes transformaciones del neoliberalismo. Analizó las propiedades privadas de más de 100 hectáreas, que comprendían poco más de 2.700.000 hectáreas, equivalentes al 63% de la superficie total de las propiedades privadas de la provincia. La familia De Larminat y capitales vinculados integran uno de los 22 grupos de propietarios que identificó en ese momento.

A principios de los ’90 De Larminat integraba un grupo de ocho unidades (cuatro sociedades anónimas y cuatro personas) que acaparaban unas 126.000 hectáreas. Los hermanos Enrique Luis y Miguel María De Larminat tenían tierras a su nombre, a la vez que conservaban la estancia de origen Cerro los Pinos inscripta a través de Tipiliuke SA sobre el río Chimehuin, próximo a SMA. Ya eran propietarios también de La Porteña SA, estancia de más de 11.000 hectáreas al sur de la localidad de Las Lajas. La familia sumó al menos otro campo en esa zona que controla a través de Cuchillo Curá SA y Jarillales SA, esta última inscripta en Viedma, Río Negro.

Ese grupo vinculado comprendía las tierras de Santiago de Montalembert y Andrés De Ganay, miembros del grupo Bemberg que conformó Peñaflor SA. En este milenio se sumaron a los desarrollos inmobiliarios vinculados al golf en SMA y Plottier, ampliando la matriz que analizó Tiscornia. Santibe SA de la familia Minieri Saint-Béat y Chacabuco del Neuquén SA (De Ganay y Montalambert) permanecen sin cambios de acuerdo a nuestro relevamiento en el Catastro público provincial.

La Sociedad Francesa, Agrícola y Minera de Valparaíso compro 15.000 hectáreas a otra sociedad chilena en 1910 y conformó la estancia Cerro Los Pinos en los departamentos cordilleranos de Huilliches y Lácar. Esa sociedad, representada en la Argentina por Esteban María de Larminat, explotaría esa propiedad hasta su disolución en una fecha cercana a 1920 según documentó Graciela Blanco, historiadora de la Universidad Nacional del Comahue, en Las sociedades anónimas cruzan los Andes. Inversores chilenos en Neuquén al iniciar el siglo XX.


Territorio y mercado

Así como SMA fue la base de consolidación de poder del grupo De Larminat, también lo fue Burgenik con intereses que llegaron al menos hasta Chiloé (Chile, con un canal de televisión por cable) y Santa Cruz (estancia agroturismo). Durante la década del ‘90 el abogado se consolidó y fue contratado como consultor externo tanto por el Ejecutivo local (gestiones del Movimiento Popular Neuquino y el Partido Justicialista) como por el bloque de concejales del justicialismo. Por esos años también fue contratado por el Parque Nacional Lanín para intervenir en un conflicto territorial controvertido con una comunidad mapuche, recordó un testigo directo de esos días. Más reciente es su contratación por parte del Ejecutivo de VLA, donde operó una fusión o absorción del estudio Hensel, que hegemonizó por décadas los intereses de las clases dominantes locales en el despojo del territorio y su inserción privilegiada en el partido de gobierno, el Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Su rol en favor del desarrollo inmobiliario para sectores de alto consumo lo tuvo como lobbysta activo en el proyecto Marinas del Lago Lácar impulsado en 2016 por La Bearinesa SA, que sigue paralizado hasta el momento porque suponía una privatización encubierta de la costa sur-este de mayor uso público. También participa personalmente como gestor de negocios en loteos para la clase media del desarrollador Gabriel Jinkus (otra estrella de la constelación inmobiliaria que merece un informe), nos confirman fuentes locales.

Formó parte del directorio de Meliquina SA, que controla tierras y urbanización junto al lago del mismo nombre que tuvo su esplendor en los ’90 con el entorno menemista (estancia Las mil rosas, Parque Diana). Vecino a estancia Tres Pinos, compró un campo de casi 500 hectáreas que en 2019 vendió a James Patrick Kelley, norteamericano titular de Estancia Chimehuin SA, entre otras firmas.

Con Pedro María de Larminat comparten la estancia Piedra Mora. Además conformaron en 2007 Steelhead Patagonia SA y en 2013 Río Baguales SA, las dos con objetivos amplísimos para el desarrollo propio y de terceros de actividades agropecuarias, turísticas y forestales. Con Steelhead compraron 27.000 hectáreas remanentes de la estancia Doraike, al sur del río Santa Cruz, lindante al área Monte León que compró la fundación Patagonia Land Trust del fallecido Douglas Tompkins. La creación del parque protegido restó superficie de pastoreo a Doraike pero valorizó la propiedad. A menos de dos años de la operación, vendieron el paquete accionario de Steelhead a Joseph Dain Olivier, Guy Olivier y Jean Philippe Aimery de Montalembert, todos ciudadanos franceses. Para el mismo período, Jena de Montalembert se incorporó a Tipiliuke SA. Este proceso está documentado en Boletines Oficiales revisados para este informe.

Con toda la experiencia empresaria acumulada se insertó muy discretamente en la burocracia estatal de VLA como consultor externo y honorarios modestos, según las fuentes consultadas informalmente. SMA tiene publicado en la web el vínculo contractual con Burgenik; no así VLA, aunque lo conocemos y constatamos por las causas judiciales difundidas por las partes.

Como en el directorio de empresas, también en causas judiciales comparte firma responsable con Edgar Mario Bertero (estuvo en el directorio de Meliquina SA hasta 2013). A fines del año pasado lograron reactivar una orden de desalojo contra la familia Melo, integrante de la Lof Kinxikew que se reasentó hace diez años junto al arroyo La Estacada, en la costa norte del lago Nahuel Huapi. Junto a Guillermo Hensel, ex funcionario público y ex concejal de VLA, patrocinan a María Cristina Broers, descendiente de los antiguos propietarios de Totoral SA, con otras tierras en el mismo parque nacional a pocos kilómetros del paso internacional Samoré.

El estudio Burgenik & Bertero estará el 11 de febrero en la inspección ocular dispuesta por un juzgado de SMA en el camping del lago Correntoso, que la comunidad Paisil-Antreo reivindica como territorio tradicional pero el Estado comunal sigue considerando de su propiedad. Durante la inspección podrán caminar unos pocos pasos hasta un punto histórico donde Juan Ignacio Antriao atracaba su bote hecho a mano para llevar a Pascasio Moreno, quien desde lo que hoy es el camping de la comunidad hacía relevamientos como perito de la Comisión de Límites con Chile. Al botero Antreao y al baqueano Paisil les reconoció el Estado nacional el derecho del lote de 625 hectáreas, que 120 años después otro estado, el municipal, le niega a través del estudio Burgenik & asociados.

* Javier Grosso, geógrafo, investigador de la Universidad Nacional del Comahue, realizó la cartografía para este informe.

Fuente: El Cohete a la luna