Por una ecología de los saberes


La minería de litio es postulada como una oportunidad para la transición energética y el desarrollo, pero estos objetivos no se condicen con las realidades que viven las comunidades originarias de la Puna. Una publicación agrupa experiencias e investigaciones que invitan a repensar modelos de producción y desarrollo alternativos que preserven los recursos de los salares andinos. Por Vanina Lombardi

El salar, para nosotros, representa parte de la vida, nuestra pachamama, nuestra cultura y sabiduría ancestral, es la visión de nuestros antepasados que lo han cuidado y manejado tan bien, sabiendo cómo debería ser cosechado cada año y cuál era la sal para la producción ganadera, por ejemplo”, relata Clemente Flores, vocero de las comunidades de la Cuenca de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en la provincia de Jujuy.

Flores es uno de los autores del libro Salares Andinos: Ecología de saberes por la protección de nuestros salares y humedales [1], una obra publicada en diciembre por el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL). Esta “ecología de saberes” busca funcionar como “un espacio concreto para la promoción de la interacción de conocimientos científicos y no científicos sobre la idea de una diversidad epistemológica del mundo”.

Así, a través de más de doscientas páginas, la publicación entrecruza historias de vida y experiencias en los territorios, a las que se suma el aporte de investigadores y profesionales de distintas disciplinas que desde hace años están trabajando en los salares andinos de la región. Se trata de una zona que abarca parte de la Argentina, Bolivia y Chile, y que es la principal reserva de litio en salmuera del mundo, lo que ha despertado el interés internacional en busca de ese recurso imprescindible para producir baterías para teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y la fabricación de vehículos eléctricos.

“En el nombre del libro, que habla de salar y no de litio, se deja ver cuál es la disputa política de sentido, porque el salar representa muchas cosas para el territorio, y el agua – que unifica el criterio de todas las comunidades con respecto a esta lucha en contra de esta actividad – es la fuente de vida de estos territorios tan áridos, no solo porque es necesaria para el consumo humano sino también para la cría de animales y el desarrollo de la agricultura de altura, que precisan de las vegas [2] y humedales que corren el riesgo de sequía y de salinización”, explica la investigadora Melisa Argento, autora de unos de los capítulos junto con su colega Florencia Puente. Las integrantes del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes destacan que el riesgo principal es que el costo de la actividad extractiva se traslade a los territorios debido, principalmente, a un uso indiscriminado del agua “sin control ni planificación estatal” y sobre poblaciones que no contribuyen a los efectos del cambio climático.

La Argentina exporta carbonato de litio desde Catamarca, donde la multinacional FMC MdA -ahora Livent Corporation – explota el Salar del Hombre Muerto desde mediados de los años noventa, un recurso que Jujuy declaró estratégico para la provincia en 2011. Desde entonces, se potenciaron los proyectos de exploración. También la movilización de las comunidades de la zona contra la minería del litio.

Tal como lo describen Argento y Puente en uno de los capítulos del libro, solo en los cuatro años de la gestión de Cambiemos se duplicaron los proyectos, que eran una veintena en 2016 y hoy son más de cincuenta. Además, recuerdan que – según datos del Ministerio de Minería – en pleno macrismo se proyectaba exportar 145 mil toneladas de carbonato de litio en 2022, casi cinco veces más que las entre 30 y 40 mil toneladas que se exportan en la actualidad.

“Lo paradójico del litio es que no hablamos de fracking ni de minería a cielo abierto, sino de un mineral que aparece como clave para la transición energética que efectivamente necesitamos. Se propone al litio como una salvación, pero como están las cosas hoy sería para la transición del norte global, pero no para la Argentina y muchísimo menos para los territorios, que van a sufrir los impactos de la minería”, advierte Argento.

“Un celular usa 0,2 gramos de litio, que es lo que usaríamos las personas de los pueblos y las ciudades. Sin embargo, casi todo lo que se extrae se destina a la producción de baterías para autos eléctricos. Un auto eléctrico usa sesenta y siete kilos”, ejemplifica Evelyn Vallejos, técnica en Gestión Ambiental Urbana y desde hace más de una década asesora de las comunidades originarias de Catamarca. Vallejos advierte sobre las pérdidas ambientales irreparables que puede estar provocando la minería en los salares de la provincia.

“Antofagasta de la Sierra es el lugar más parecido a la tierra prehistórica, por sus condiciones climáticas. Allí se encuentran los microorganismos más parecidos a las primeras formas de vida en el planeta, como los estromatolitos en la laguna Diamantes. Que se destruya todo eso es muy doloroso”, dice Vallejos. Además, advierte que Catamarca tiene la mayor concentración de volcanes de toda la Cordillera de los Andes, en los que hay minerales y tierras raras. Hoy, el setenta y cinco por ciento de ese territorio provincial ya se encuentra en manos de empresas mineras.

Vallejos agrega que los salares son los mayores reguladores de dióxido de carbono: “Paradójicamente, se dice que se necesita la batería de litio para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero para producir baterías destruyen salares que absorben dióxido de carbono, además de que son muy sensibles y los podemos degradar muy rápidamente”.

Promesas incumplidas

Uno de los argumentos para promover y avalar la exploración y explotación de la minería de litio en la Argentina es el potencial que presenta para las exportaciones y la oportunidad de desarrollo que esta actividad genera para el país y la región. Sin embargo, tras casi treinta años de minería instalada, Catamarca no solo es prueba de los impactos ambientales de esta actividad, sino que también es testigo de que esas ideas del derrame son promesas inclumplidas.

“El progreso es una gran mentira. En Antofagasta de la Sierra, la gente no tiene gas, y luz eléctrica solo durante cuatro horas diarias, mientras que la minera tiene luz, agua y gas, que traen de un gasoducto”, cuestiona Vallejos. Debido a la minería del litio, en la zona se han secado una vega de once kilómetros y un río, lo que afecta directamente el desarrollo de la economía regional, basada en la cría de llamas y ovejas.

“Las vegas son como un patrimonio de la humanidad porque desde hace miles de años los indígenas las van extendiendo y ampliando para tener más disponibilidad de comida y agua, pero todo esto se está atrofiando y el impacto ambiental en la Puna puede ser casi irreversible. Hay una familia a la que se le murieron novecientos animales por falta de agua”, dice la gestora y destaca la necesidad de generar políticas públicas que revaloricen y promuevan las actividades productivas locales. La empresa, sin embargo, pretendía triplicar su producción abasteciéndose del agua del río Los Patos. La idea generó tanto malestar y movilizaciones sociales durante 2018 que la compañía se vio obligada a frenar el proyecto.

Flores también coincide en la necesidad de contar con políticas que promuevan las producciones artesanales de la Puna jujeña que se han ido perdiendo a lo largo del tiempo. En el capítulo de su autoría relata los cambios que afectaron a su comunidad y cómo se fueron modificando los modos de producción. No solo la obtención de sal para consumo humano, que inicialmente se producía de manera artesanal y luego pasó a realizarse de manera cooperativa, sino también cómo ha ido disminuyendo la cría de llamas y otros animales autóctonos, así como el cultivo de alimentos característicos de la zona como, la quinoa y el maíz, a medida que los y las jóvenes se ven obligados a emigrar a otras ciudades.

“El estado provincial dice que vende miles de toneladas de litio, pero, ¿qué han hecho para la comunidad o para el territorio? Nada. Se llevaron todo y siguen hablando de las ganancias de la minería, mientras que las familias en el territorio estamos peor, nos están sacando el agua y nadie tiene en cuenta que hay otras cosas por hacer”, cuestiona Flores. Su mirada recuerda que las treinta y tres comunidades originarias que viven en la cuenca de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc de Jujuy se unieron y comenzaron la lucha y la defensa del territorio en 2010. Posteriormente, elaboraron un protocolo de consulta denominado Kachi Yupi, en el que establecen qué cosas deberían informarse a las comunidades y de qué manera, antes de avanzar sobre sus territorios con cualquier actividad, no solo la minera.

“El estado debe cumplir con el Convenio 169 de la OIT y ayudar a la comunidad a cumplir lo que dice su derecho. Nos dicen que uno de ellos es la consulta y les decimos en el protocolo cómo deben hacerla, que no es una reunión y nada más. Sin embargo, hoy por hoy se establecen otros protocolos redactados desde un escritorio. Siguen sin respetar el protocolo del Kachi Yupi, que fue el primero que salió”, subraya Flores.

El surgimiento de la pandemia no ha hecho más que evidenciar las desigualdades existentes en estos territorios, en los que falta el agua y los servicios sanitarios son escasos. En contraste, a pocos días de que el gobierno decretara el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en todo el país, la minería fue declarada como una de las actividades “esenciales” – al igual que los servicios de salud y los proveedores de alimentos – y, por lo tanto, habilitada para funcionar.

En Catamarca, casi el setenta por ciento de la población recibió el Ingreso Familiar de Emergencia que el Gobierno nacional distribuyó durante los primeros meses de la pandemia. Un refleja del alto nivel de pobreza y desocupación. En la Puna jujeña, los casos por Covid-19 se iniciaron en Susques, entre trabajadores de la Minera Exar, que en julio de 2019 representaban el veinte de los contagios a nivel provincial y que – como recuerda Flores – no solo no recibieron la atención necesaria, sino que fueron abandonados en la ruta para que volvieran a sus hogares. Los primeros que se movilizaron para atenderlos fueron los pobladores locales, a través de redes de cuidado y contención que las comunidades armaron para evitar la expansión del virus.

“La situación que estamos viviendo pone en evidencia la importancia de las lógicas del cuidado, no solo respecto de las poblaciones y en su relación con la naturaleza. También pone en evidencia cuán desprotegidas están esas poblaciones y cuán atravesadas por las tareas de cuidado respecto de la propia reproducción de su vida”, dice Argento.

Su lectura subraya que se trata de un momento clave para revalorizar los modelos alternativos que proponen los pueblos indígenas y campesinos. Con la excusa de pagar una transición energética se está trasladando la agenda de un norte global. Es necesario pensar en clave de transiciones múltiples, en una transición socioecológica que implique, efectivamente, lógicas democratizadoras para con los territorios. De lo contrario, continuaremos configurando imaginarios de territorios de sacrificio”, cluye Argento.

Notas

[1] El libro está disponible en PDF en: https://cl.boell.org/es/2020/12/18/salares-andinos-ecologia-de-saberes-por-la-proteccion-de-nuestros-salares-y-humedales

[2] Las vegas son humedales de altura presentes en la Puna. Cumplen, entre otras cuestiones, la función de regular los recursos hídricos. Por su elevada productividad sirven como fuente de alimento, tanto para animales domésticos como silvestres. Han sido y son un factor esencial para las poblaciones de la región.

Fuente: Socompa