Registro Nacional de Barrios Populares: avances y deudas pendientes

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Un análisis de los antecedentes normativos, los programas de políticas públicas, el Certificado de Vivienda Familiar y el derecho al acceso a los servicios básicos. El acceso a una vivienda digna es, para amplios sectores de nuestro país, uno de los problemas estructurales más relevantes. Por Fernanda García Monticelli*

La expulsión de miles de familias rurales como producto de la expansión de la frontera del agronegocio, la falta de regulación y de políticas de acceso a suelo urbano, así como la pobreza estructural que sufre un tercio de la población argentina, han generado que millones de personas vivan en la exclusión.

Un 10% de la población vive en urbanizaciones precarias, sin titularidad de las tierras que habita hace décadas y, lo más importante, sin acceso a agua corriente, cloacas o una red eléctrica segura, entre otros servicios que no llegan. 

El surgimiento de este fenómeno encuentra como origen la década del 30. Sin embargo, no se ha generado como respuesta una política nacional de poblamiento y planificación urbana a escala nacional. Ante esta situación, la ocupación de tierras se ha consolidado como la única forma de acceder a un techo que tiene hoy el pueblo pobre, ya sea mediante la toma directa de tierras baldías o a través de la compra informal de lotes a intermediarios. Así opera el laissez faire de la exclusión.

El techo, además de ser un derecho fundamental -o sagrado, si tomamos como referencia al Papa Francisco[1]-, es precondición de ciudadanía. Numerosas cuestiones están ligadas al lugar donde uno vive, como el acceso a la salud, la educación o un trabajo, pero además, el estado y el mercado se ordenan en gran parte en función del “domicilio”. Numerosos trámites se inician pidiendo su certificación o un “servicio a nombre del titular” (como inscribir a los chicos en el colegio, sacar la CUIT o la Residencia). Las políticas públicas desconocen el nivel de aislamiento jurídico y social que sufren las familias que habitan los barrios populares, y eso hace imposible abordar el problema de forma estructural.

En la Argentina, el 92% de la población es urbana, del cual el 47,6% se concentra en las 8 aglomeraciones principales (Área Metropolitana de Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, Gran San Miguel de Tucumán, La Plata, Mar del Plata y Gran Salta). Por eso, la cuestión del ordenamiento territorial no es un problema aislado vinculado solo a cierto sector. Es un problema estructural que debe ser abordado de manera integral, con una planificación a largo plazo.

1.      Creación del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP)

Hasta el año 2017 no existía un registro oficial con información unificada de todas las villas y asentamientos existentes a nivel nacional.

En el año 2016 se llevó a cabo un relevamiento nacional impulsado por las organizaciones sociales nucleadas en la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), Cáritas, TECHO, la CCC (Corriente Clasista y Combativa), Barrios de Pie y el Gobierno Nacional. Se realizó en tres etapas bien diferenciadas: 1) Mapeo Nacional de Barrios Populares, 2) mapeo de las manzanas y los terrenos existentes dentro de los barrios identificados y 3) relevamiento casa por casa de los responsables de cada una de las viviendas mapeadas. A continuación se describe la metodología utilizada y los resultados obtenidos. 

Mapeo de barrios populares 

Para poder comenzar con el mapeo, primero era necesario definir aquello que se iba a relevar. Asi se estableció una definición de Barrio Popular, en donde se incluyeron los barrios comúnmente denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales. Barrios que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo, con un mínimo de OCHO (8) familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos DOS (2) de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal)[2].

El primer objetivo fue identificar todos los barrios populares del territorio nacional y obtener el perímetro de cada uno para cargarlo en un sistema de información geográfica (SIG). Para ello, se llevaron adelantes los siguientes pasos previos

  • Se confeccionó una ficha específica para relevar las características socio urbanas de los barrios.
  • Se desarrolló una aplicación para celulares que facilitó el levantamiento de información en territorio y su ubicación geográfica.
  • Se recopiló en forma previa información de los gobiernos locales a través de los Municipios, solicitando información oficial georreferenciada sobre barrios populares, villas y asentamientos emplazados en su jurisdicción.

Por último, se conformaron equipos territoriales para recorrer toda la superficie a relevar y así identificar los potenciales barrios populares, mediante la verificación en terreno del déficit en el acceso formal a los servicios básicos y la situación dominial de la tierra. La información fue suministrada por referentes barriales y contrastada con los datos obtenidos a través de los gobiernos locales.

El resultado del relevamiento de barrios -que constituye una de las capas de información- es de acceso público. A partir de un mapa alojado en la web[3] oficial del estado se pueden visualizar los polígonos que componen todos los barrios del país, los datos publicados incluyen: el número de identificación del barrio en el registro, el nombre según la definición de sushabitantes y datos de su ubicación. Lo novedoso es que además de indicar la provincia, partido/departamento y localidad, se cuenta con coordenadas geográficas precisas.

El relevamiento se llevó a cabo en localidades de más de 10.000 habitantes, con excepción de los conglomerados del Gran Buenos Aires y Gran Córdoba, en donde se relevaron también parajes con menos habitantes.

Mapeo de terrenos y manzanas

En una segunda etapa, luego de consolidar los polígonos de los barrios, se realizó el mapeo digital de las manzanas y terrenos incluidos dentro de cada barrio popular.

Se utilizaron imágenes satelitales de alta definición suministradas por el Instituto Geográfico Argentino y Google Earth. El objetivo fue realizar, utilizando un sistema de información geográfica (SIG), el mapeo de cada unidad dentro de los barrios populares, considerando las categorías “manzana” y “terreno”. Esta sistematización fraccionar y numerar el territorio, algo indispensables para poder avanzar en la realización del relevamiento de familias.

El mapeo se hizo con software libre, y participaron 58 jóvenes, todos habitantes de villas y asentamientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, coordinados por un equipo de profesionales de la geografía. Se mapearon un total de 877.255 terrenos en 8 meses.

Relevamiento de viviendas familiares

El relevamiento de viviendas lo llevaron a cabo relevadores y relevadoras -pertenecientes a organizaciones sociales y comunitarias- por convenio con el Estado Nacional y mediante la utilización de una aplicación que funciona en teléfonos celulares inteligentes[4].

Se realiza una encuesta por vivienda, que incluye preguntas del grupo familiar conviviente y sus datos personales. En el momento se genera la ubicación exacta mediante GPS (Global PositioningSystem), incorporando dicho dato en el registro.

Cada una de las encuestas ingresa a una base de datos, es validada y genera un Certificado de Vivienda Familiar. Toda esta información se refleja en una plataforma georreferenciada similar a las plataformas catastrales.

Durante la encuesta, cada familia tiene que definir un/a responsable de la vivienda, a nombre de quien estará luego el Certificado de Vivienda Familiar. El RENABAP indica que –en caso de existir– sea la mujer mayor del hogar.

Las familias que habitan dentro de los barrios populares podrán actualizar sus datos sin límite temporal. También se prevé la actualización de la información por mudanzas, modificación del responsable de vivienda, cambios en los integrantes de la familia, entre otras.

El sistema no tiene previsto la transmisión del certificado entre responsables por ningún motivo; en caso de mudanza, compraventa de la vivienda, será necesaria la baja del instrumento emitido con anterioridad y la generación de uno nuevo.

En la primera etapa del relevamiento participaron más de 13.000 relevadores y relevadoras de todas las provincias pertenecientes a las organizaciones sociales y de la sociedad civil. Se realizaron un total de 543.000 encuestas y se encuestaron 1.720.366 personas.

Datos obtenidos del RENABAP

Se relevaron y georeferenciaron 4.416 barrios populares en todo el territorio nacional al 31 de diciembre de 2016.

En términos nacionales, según los datos obtenidos y considerando un promedio de 4,4 personas por familia existen 4.072.680 de personas viviendo en Barrios Populares, cerca del 10% de la población del país, los barrios representan una superficie de 444 km2 y se estima que habitan un total de 932.000 familias.

A nivel provincial, Misiones (11%), Formosa (10%), Chaco (9%) y Buenos Aires (9%) son las que mayor porcentaje de población vive en Barrios Populares.

En cuanto al acceso a los servicios, el 68% de los barrios no cuenta con acceso formal a la energía eléctrica; el 89% no accede formalmente a una red de agua potable; el 98% no posee sus viviendas conectadas a una red cloacal; y prácticamente ningún barrio (99%) tiene construida la red de gas natural.

En cuanto a la titularidad de los inmuebles, los datos informados por el RENABAP indican que los actuales poseedores de los barrios no cuentan con título de propiedad o contrato de locación sobre el inmueble que habitan.

Por otro lado, los inmuebles donde se asientan son propiedad de terceros: sector privado en un 77%, Estados municipales en un 10%, Estados provinciales en un 7% y del Estado nacional un 6%[5].

Otra característica que predomina en la mayoría de los barrios está vinculada al ordenamiento territorial: las calles del barrio no están reconocidas como dominio público y cedidas al municipio, no cuentan con nombres oficiales y muchas veces no cuentan con el ancho reglamentario.

El promedio de antigüedad es de 28 años. El 21,7% existe desde hace más de 43 años mientras que el 28,5%, entre 43 y 24 años. Es decir, más de la mitad de los barrios (50,2%) llevan un cuarto de siglo viviendo en situación de informalidad.

Esto significa que, casi todos los habitantes de los barrios podrían obtener el título en sentido instrumental -mediante procesos contenciosos o administrativas-, ya que sus habitantes construyen no sólo sus casas sino también sus barrios y con poca ayuda del Estado.

Decreto 358/2017 –  Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap)

A partir del Relevamiento Nacional de Barrios Populares y con la publicación del Decreto 358/2017[6] se crea el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), donde quedan asentados los barrios de todo el país y se conforma por primera vez un registro oficial con información socio-demográfica y geo referenciada de las unidades habitacionales.

El Registro Nacional de Barrios Populares fue creado con la función principal de registrar los bienes inmuebles donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes y los datos de las personas que habitan en ellas al 31 de diciembre de 2016.

La norma incluye dentro del registro aquellos barrios conformados tanto por tierras de propiedad fiscal como de particulares.

Establece la definición de “Barrio Popular” y crea el Certificado de Vivienda Familiar, un documento que se otorga a las y los responsables de las viviendas relevadas. Esto les permite certificar su domicilio con el fin de acceder, entre otros, a los servicios públicos.

La nueva herramienta dio lugar a distintos avances, desde la suspensión de desalojos hasta la conexión efectiva de servicios públicos.

2.      Antecedentes Normativos

El derecho humano a una vivienda digna está reconocido en Tratados Internacionales de Derechos Humanos, con raigambre constitucional por imperio del Artículo 75° inciso 22° de la Carta Magna.

A nivel local, el derecho a una vivienda digna encuentra su reconocimiento en el Artículo 14° Bis de nuestra Constitución Nacional.

La Observación General del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales N° 4 en el punto 8 menciona los aspectos a tener en cuenta a la hora de definir vivienda adecuada: “b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia.”

El Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales en su ARTÍCULO 11 establece que – “1. Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.”

Servicios Básicos

Las leyes 15.336 y 24.065, ambas regulatorias del Régimen de la Energía Eléctrica, establecen que la distribución de electricidad es un servicio público.

El Decreto 516/2015 crea el Programa de Inclusión Eléctrica Nacional (PROINEN). En sus considerandos expresa: “la energía eléctrica es entendida como un bien esencial para el desarrollo social y regional, por lo que resulta necesario asegurar el acceso al suministro en condiciones de seguridad adecuadas para todos los usuarios.”

Por otra parte, el acceso seguro al agua, el saneamiento y la energía forman parte de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible aprobados por la Cumbre Mundial de la Naciones Unidas del año 2015. También, en las sucesivas Declaraciones y Resoluciones adoptadas en las distintas Conferencias de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat), nuestro país ha reconocido que el acceso a una vivienda segura y salubre y a los servicios básicos es indispensable para el bienestar físico, psicológico, social y económico del ser humano.

El 28 de Julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció, mediante su Resolución A/RES/64/292, que el acceso seguro a agua potable salubre y al saneamiento son un derecho humano fundamental para el completo disfrute de la vida y de todos los demás derechos humanos.

En ese mismo sentido, la Observación General del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales N° 15 sobre el derecho al agua en su introducción dice “El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos” y en su punto 2: “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.” Respecto a las obligaciones de los Estados, habla en el punto 26: “La obligación de cumplir exige que los Estados Partes adopten las medidas necesarias para el pleno ejercicio del derecho al agua. Esta obligación comprende, entre otras cosas, la necesidad de reconocer en grado suficiente este derecho en el ordenamiento político y jurídico nacional, de preferencia mediante la aplicación de las leyes; adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de recursos hídricos para el ejercicio de este derecho; velar por que el agua sea asequible para todos; y facilitar un acceso mayor y sostenible al agua, en particular en las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas”.

El acceso al agua potable constituye un derecho humano (cfr. art. 33, 41, 75 inc. 22 CN), que exige una tutela judicial urgente (CSJN Fallos 337/1361, consid. 10).

En sentido concordante, el máximo Tribunal Provincial de Buenos Aires tiene dicho que “el derecho humano al agua es un derecho de todos a disponer de una cantidad suficiente de agua salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico (párr. 2 de la O.G. nro. 15)” (SCBA LP A 69021 S 08/07/2008 Juez NEGRI SD).

En el Decreto 303/2006 de Rescisión del Contrato de Concesión suscripto entre el Estado Nacional y la empresa Aguas Argentinas S.A., en sus considerandos declara al agua como Derecho Humano: “Que, a la luz de lo señalado, mientras que AASA concibe al agua potable exclusivamente desde una perspectiva de economía de mercado, el Estado pretende que, sin perjuicio de constituir un bien económico, sea valorado y gestionado como lo que es: un bien social y cultural, que en clave jurídica se traduce como Derecho Humano”.

Inclusive, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el Estado puede llegar a restringir los derechos de propiedad contemplados en el artículo 21 de la convención si la restricción responde “a los intereses de la sociedad” (Caso del Pueblo Saramaka vs Surinam, párr. 127) (Caso Salvador Chiriboga vs Ecuador, párr. 60).

La numerosa normativa internacional y local exhorta a los estados a cumplir con el derecho a una vivienda digna, acceso a los servicios básicos para todos sus habitantes y establecer los mecanismos pertinentes para concretarlo.

Sin embargo, los servicios continúan sin llegar a la mayoría de los barrios y las familias continúan habitando en condiciones de precariedad y hacinamiento.

3.      Ley 27.453

La sanción -por unanimidad- de la Ley 27.453 es la expresión de una política de integración socio urbana en defensa de los más humildes y una conquista de los movimientos sociales y el pueblo organizado.

La ley declara de utilidad pública y sujetos a expropiación la totalidad de los inmuebles en los que se asientan los barrios relevados en el RENABAP.

Brinda las herramientas para la integración socio urbana de los 4.416 barrios populares que componen el anexo de la ley y establece que la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) debe establecer un marco regulatorio especial para la regularización dominial de las viviendas que se encuentran en los bienes inmuebles identificados en el RENABAP.

Suspende los desalojos y declara de interés público el régimen de integración socio urbana de los barrios populares identificados en el RENABAP creado por Decreto 358/2017.

Establece que al menos el 25% de la obra pública en barrios populares debe ser ejecutada por cooperativas y/o trabajadores de la economía popular.

4.      Formas de garantizar la seguridad en la tenencia de la vivienda – El Certificado de Vivienda Familiar – Decreto 358/2017

El presente apartado estará destinado a detallar las características e implicancias jurídicas del Certificado de Vivienda Familiar, entendiéndolo que el mismo se ha constituido en una herramienta para garantizar la seguridad en la tenencia de las familias que habitan en los barrios populares.

Como se mencionó anteriormente, luego del relevamiento de barrios populares y con la publicación del Decreto 358/2017, se crea el Certificado de Vivienda Familiar. Dicho instrumento jurídico es emitido y entregado al o a la responsable del inmueble por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) -organismo designado por el mismo decreto-. Contiene información relativa a la ubicación del inmueble, datos personales de el o la responsable de la vivienda y su declaración, en la que manifiesta si la vivienda es “propia”, “prestada” o “alquilada”. En este sentido, se refiere al carácter de poseedor o de tenedor de la vivienda por parte del titular del certificado.

La estructura es la siguiente[7]: tiene un número de identificación correlativo y único por cada certificado, el nombre del documento “Certificado de Vivienda Familiar” y los siguientes datos personales del responsable de la vivienda: nombre, apellido y Código Único de Identificación Laboral (CUIL).

Respecto de la vivienda se indica, en primer lugar, el número único de identificación del barrio popular asignado en el registro y el detalle del domicilio con todos los datos correspondientes (calle, localidad, provincia, país); en segundo lugar, la fecha de relevamiento y de impresión del certificado.

Asimismo, el certificado incorpora, de corresponder, los datos del grupo familiar que habita junto al titular, indicando por cada uno: CUIL, nombre y apellido.

Lleva impresa la siguiente leyenda: “Asimismo, como titular del certificado declara que la vivienda mencionada es de su grupo familiar”, “Asimismo, como titular del certificado declara que la vivienda mencionada es prestada” o “Asimismo, como titular del certificado declara que la vivienda mencionada es alquilada”, según la respuesta que ha declarado la familia al momento de ser relevada en su vivienda.

El certificado posee dos fechas. La fecha de relevamiento representa el día en que la vivienda fue relevada en territorio y la de impresión corresponde al día en que el titular se presenta en la oficina de ANSES y retira el documento original.

La norma menciona expresamente que el instrumento se considerará un documento suficiente para acreditar la existencia y veracidad del domicilio, a los efectos de solicitar la conexión de servicios tales como agua corriente, energía eléctrica, gas y cloacas, solicitar la CUIT y/o CUIL, realizar peticiones ante los organismos públicos; solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas.

Es un instrumento emitido por un organismo estatal (ANSES), contiene la información personal del titular y los datos geográficos del inmueble, lleva impresos los logos oficiales de la ANSES, AABE y de Jefatura de Gabinete de Ministros y se encuentra suscripto por oficial público de la ANSES; único autorizado por decreto a emitir el certificado.

Viene a documentar un hecho verificado en los barrios populares más vulnerables de nuestro país y lo hace por intermedio de un instrumento creado por decreto del Poder Ejecutivo con alcance nacional.

El certificado irroga la realización de actos posesorios en aquellas situaciones donde el titular declara que la vivienda es de su grupo familiar, mientras que servirá de prueba de la tenencia cuando figure que el inmueble es prestado o alquilado, reconociendo así un mejor derecho en otro.

De esta forma, el certificado se cristaliza como un instrumento para acreditar un hecho: la posesión o tenencia de un inmueble emplazado en un barrio popular.

Un hombre camina en una parte de las tierras que ocupa en Guernica, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, mientras el país lucha por contener la pandemia del coronavirus. 15 sep, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

El Certificado de Vivienda Familiar y la prueba de la posesión

La metodología utilizada para generar y emitir los certificados de vivienda familiar sumado a la creación ex lege por Decreto 358/2017, permite afirmar la constitución de un instrumento público en los términos del Código Civil y Comercial y es hábil a  los efectos de probar la realización de actos posesorios (o tenencia) sobre el inmueble.

El RENABAP ha registrado y empadronado a 543.000 familias y entregó 191.000 certificados de vivienda familiar.

El Certificado de Vivienda Familiar constituye un gran avance a los efectos de brindar seguridad en la tenencia para aquellas familias que habitan en los barrios populares, en el próximo apartado se detallan algunos ejemplos de cómo ha sido incorporado como herramienta en la aplicación concreta de diferentes programas.

El Certificado de Vivienda Familiar, programas de políticas públicas y el acceso a  los servicios

Diversos organismos han reconocido al Certificado de Vivienda Familiar como un instrumento válido para acreditar aptitud dominial a los efectos de ejecutar políticas públicas y otorgar servicios básicos.

El Manual de Ejecución de la Línea de Acción Promoción de la Vivienda Social aprobado mediante Resolución Nº 122- E/2017 de fecha 15 de Marzo de 2017, en el marco del Plan Nacional de Vivienda, solicita como documentación respaldatoria de la situación dominial del o los inmuebles donde se encuentran las unidades habitacionales a mejorar: “en el caso de mejoramientos en asentamientos irregulares, deberá presentarse el Certificado de Vivienda Familiar, Decreto 358/2017 Art. 48, si se encuentra dentro de los Barrios Populares relevados”.

Así mismo, el Programa Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad (MCH) llevado adelante por UNOPS establece entre los criterios de elegibilidad de las viviendas “contar con la propiedad del inmueble a intervenir o acreditar tenencia segura y pacífica del mismo”. En los casos de los Barrios Populares el Certificado de Vivienda Familiar fue el documento presentado por las familias para acreditar la pertenencia de la vivienda.

El Programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares, aprobado mediante Resolución Nº 52- E/2020 de fecha 8 de Julio de 2020, solicita como documentación respaldatoria de la situación dominial del o los inmuebles, “…en el caso de Barrios Populares ReNaBaP, deberá adjuntarse el número de identificación del Barrio en cuestión y los Certificados de Vivienda Familiar y/o Certificado de Organización Comunitaria según normativa vigente”.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) mediante la Resolución AABE N° 148-E/2017- instó a los diversos entes reguladores a incorporar el Certificado de Vivienda Familiar a su normativa: “A fin de dar operatividad al “Certificado de Vivienda Familiar”, el artículo 1° de la mencionada Resolución dispone requerir a los diferentes entes reguladores nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de sus competencias, adecuen la normativa que regula el acceso a los servicios públicos mencionados, dictando los actos administrativos y/o reglamentos necesarios con la finalidad de instruir a los prestadores de tales servicios a que reconozcan como un documento suficiente la presentación del “Certificado de Vivienda Familiar”, cuyo modelo se acompaña, para acreditar la existencia y veracidad del domicilio, a los efectos de solicitar la conexión de los servicios públicos mencionados”.

En este marco, y para citar algunos ejemplos, la Provincia de Córdoba ordenó a las Distribuidoras del Servicio de Energía Eléctrica “reconocer el instrumento ‘Certificado de Vivienda Familiar’ expedido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), como documento suficiente a los efectos de la tramitación de la solicitud de titularidad del suministro de energía eléctrica”.

En la Provincia de Mendoza, el Ente Provincial del Agua y Saneamiento (EPAS) por intermedio de Resolución del directorio estable dicta que a “efecto de acreditar la existencia y veracidad del domicilio, será suficiente la presentación del ‘Certificado de Vivienda Familiar’, a los fines de solicitar la conexión del suministro de agua potable y desagües cloacales”.

Casos testigo de avances concretos

Gracias a la nueva normativa, se han logrado garantizar derechos elementales de miles de familias. En primer lugar, desde la sanción del Decreto 358/17 y con mayor fortaleza luego de la sanción de la Ley 27.453, se han suspendido 140 desalojos a nivel nacional[8]. Por ejemplo, en la provincia de Misiones, en los barrios Chacra 190 y Prosol 1, se frenaron desalojos en 2017 con organizaciones de los vecinos alrededor del Certificado de Vivienda Familiar.

Por otro lado, a 3 años de publicado el decreto, se realizaron conexiones a servicios básicos más de 9000 familiasen barrios populares.

Algunos ejemplos concretos, en Misiones, gracias a la intervención del RENABAP, la cooperativa  que presta el servicio eléctrico y la Municipalidad de Eldorado, avanzaron en la conexión formal de electricidad para el barrio Parque Schwelm, beneficiando a más de 80 familias. En Río Negro, vecinos del barrio Nahuel Hue de Bariloche accedieron a la conexión 18 de agosto de 2017, gracias al certificado. Se acercaron con el documento y empresa les instaló el servicio con pilar domiciliario sin mayores preámbulos. En Córdoba, con el apoyo del ente regulador, el barrio 12 de Agosto obtuvo su conexión prontamente.

¿Porque los servicios básicos continúan sin llegar a mayoría de los Barrios Populares?

La numerosa normativa internacional y local exhorta a los estados a cumplir con el derecho al acceso a los servicios básicos para todos sus habitantes y establecer los mecanismos pertinentes para concretarlo.

Sin embargo, los servicios continúan sin llegar a los barrios, los diferentes gobiernos locales, las prestadoras de servicios y los Entes Reguladores de servicios públicos, interponen argumentos de lo más variados como negativa ante las solicitudes de conexión de servicios en los barrios populares. Algunos de los ejemplos de los argumentos utilizados para justificar la no-conexión de los servicios son:

●       La tenencia de la tierra

●       La falta de capacidad técnica (factibilidad) para prestar el servicio: necesidad de realizar obras de infraestructura para la expansión de las redes y/o para aumentar la capacidad para la provisión de los servicios; la inversión a realizar es demasiado grande en relación a la cantidad de familias que residen en el barrio a servir, y el barrio está lejos del núcleo urbano más próximo en donde se presta el servicio.

● La infraestructura deficiente de las viviendas para poder hacer la conexión a determinado servicio: pilar de acometida y/o la precariedad de las conexiones domiciliarias.

●  Cuestiones inherentes al ordenamiento territorial del barrio: las calles del barrio no figuran como “dominio público”, no poseen nombres oficiales, no cumplen con el ancho de calle requerido por las prestadoras; la morfología del barrio, necesidad de realizar la “apertura de calles” o la demarcación de la línea municipal.

●  Cuestiones de seguridad: esgrimen que no es posible ingresar a los barrios populares porque no hay garantías mínimas de seguridad.

La normativa vigente (Decreto 358/2017) habilita al poseedor del Certificado de Vivienda Familiar expedido por la ANSES, a solicitar la conexión a los servicios públicos, independientemente de quién posea la titularidad dominial de las tierras en donde se emplaza su barrio.

A partir de la aplicación de la norma mencionada, se han registrado más de 9000 conexiones de servicios básicos esenciales mediante la utilización del Certificado, sin embargo la ecuación sigue sin resolverse.


Conclusiones

El 89% de los Barrios Populares no accede formalmente a una red de agua potable; el 98% no posee sus viviendas conectadas a una red cloacal, el 68% no cuenta con acceso formal a la energía eléctrica; y prácticamente ningún barrio (99%) tiene construida la red de gas natural.

No es posible a esta altura anteponer excusas técnicas o la aplicación de normativa de rango inferior al cumplimiento de un derecho humano de jerarquía constitucional.

La numerosa normativa internacional exhorta a los estados a cumplir con el derecho al acceso a los servicios básicos a todos sus habitantes y establecer los mecanismos pertinentes para concretarlo.

En el plano local encontramos normas generales y específicas que obligan al Estado Nacional -incluidos los diferentes organismos que lo componen- y a las empresas, a lograr la plena aplicación de los derechos consagrados a la vivienda digna y al acceso de los servicios básicos esenciales.

La herramienta del Certificado de Vivienda Familiar creada por el Decreto 358/2017 se ha convertido en un instrumento que brinda seguridad en la tenencia. Es  aplicable en todo el territorio nacional en los Barrios más vulnerables de nuestro país: los relevados en el RENABAP.

Por su parte, la Ley 27.453 declara de utilidad pública y sujetos a expropiación la totalidad de los inmuebles en los que se asientan los barrios relevados en el RENABAP, brindando un marco normativo de resguardo a las familias y a las acciones de integración sociourbana en dichos barrios. Sin embargo, los servicios no llegan.

Esto es responsabilidad de los diferentes gobiernos locales y, fundamentalmente, de las prestadoras de servicios y los Entes Reguladores. Ha llegado el momento de dejar de lado las excusas y poner por delante el derecho a una vivienda digna, tal como tal como lo afirma la jurisprudencia existente en la materia[9].

No ha existido en nuestro país inversión sostenida destinada a la infraestructura de los Barrios Populares, tanto por parte del Estado como de las prestadoras. Tampoco ha existido un plan estratégico ni una política concreta para este sector.

Sin embargo, con eso no alcanza, se requiere de todos los niveles estatales, de una fuerte inversión pública y de un régimen especial para los Barrios Populares. Volviendo a los servicios, las empresas, cooperativas o prestadoras, no invierten porque suponen que no van a tener un retorno de la inversión. No existen regulaciones ni programas especiales para el sector vinculado a la aplicación de tarifas, no hay una política focalizada que contemple situación económica de las familias en su diseño y tampoco se incluye a los Barrios Populares en la planificación de expansión de los servicios básicos.

Por supuesto, existen otras problemáticas. No hay dispositivos estatales presentes en los barrios populares ni espacios donde se abra la posibilidad de la participación para resolver las problemáticas que allí se viven. Son los propios habitantes de los barrios populares quienes se las ingenian para mejorar sus condiciones de vida: generan sus propios dispositivos para arreglar una canilla, conectar la luz o abrir espacios de cuidado para los más pequeños. Son las organizaciones sociales que acompañan estos procesos. El Estado está muy ausente.

*La autora es Subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales. Contadora Pública y Abogada.


NOTAS

[1] Discurso pronunciado por el Papa Francisco durante el II Encuentro Mundial de Movimientos Sociales y Populares realizado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

[2] El Decreto 358/17 tomó esta definición otorgándole rango jurídico de aplicación en todo el estado nacional.

[3] https://www.argentina.gob.ar/barriospopulares/mapa

[4] Si bien entre 2016 y 2017 se recorrieron todos los barrios, aún quedan familias sin relevar, por lo que en la actualidad esta tarea sigue activa.

[5] La información ha sido suministrada por el RENABAP, es parcial y representa los datos sobre el 40% de los metros cuadrados que abarcan el total de los barrios populares.

[6]http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275037/norma.htm

[7] Según Disposición 148-E/2017.

[8]https://www.primeraedicion.com.ar/nota/100053949/frenan-desalojo-despues-de-aprobarse-la-ley-del-renabap/
https://www.noticiasdel6.com/chacra-190-presentaron-un-recurso-extraordinario-de-amparo-para-evitar-desalojo-de-familias/
[9] “CRECIENTE M. A. y OTS. C/ TGLT S.A. Y OTROS” (Barrio El Garrote ID 423 – Tigre, Bs. As.): La Cámara Cont. Adm. de S. Martín (Bs. As.) ratificó el fallo de primera instancia y ordenó al municipio de Tigre y a la Pcia. de Bs. As. a “proveer de manera inmediata agua potable y servicios de recolección de residuos, limpieza de pozos ciegos y desagües cloacales” al barrio. // “ASOCIACIÓN CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA (ACIJ) Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO” (Barrio Villa 21/24, ID 2.570, C.A.B.A.): La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad dictó sentencia definitiva en la causa por la que se ordena al Gobierno de la Ciudad la elaboración de un “Proyecto eléctrico adecuado”. El fallo fue ratificado por el TSJ de la CABA.

Fuente: Palabras del Derecho