Contra la peligrosidad: esa mascarada de la expulsividad


Columna sobre Salud, poder, subjetividad y política. Numerosos debates sobre el concepto de peligrosidad han marcado las reuniones internacionales entre psiquiatras, historiadores y juristas, y han llenado bibliotecas de libros durante la década de los cincuenta del siglo pasado en adelante. En los últimos decenios, fruto del trabajo de desenmascaramiento sociohistórico (Foucault, mediante) los trabajos sobre esta cuestión han sido más críticos, sobre todo en la obra de algunos pensadores provenientes de la criminología, cultores de la corriente crítica del control social, como Aniyar de Castro, Domínguez Lostaló, Carranza o Zaffaroni. Por Yago Di Nella

Contrariamente, asistimos a una renovación del interés en la materia entre los autores anglosajones. La psicología siempre ha mirado con recelo a ese concepto, pues no se enfoca en el sujeto, sino al acto.

La conceptualización de la peligrosidad sigue estando hoy del lado del derecho más conservador, concentrado en influenciar la toma de decisiones y poner en juego las libertades individuales. Esto nos ha llevado a revisar el concepto, toda vez que regresa cada vez que ocurre un hecho aberrante o considerado tal, sobre todo desde la agenda mediática. Cuando se refieren a la peligrosidad, sea directa o indirectamente, no remiten a los estudios sobre violencia o sobre el perfil más o menos criminal de una persona, sino a las relaciones entre enfermedad mental y criminalidad.

La definición de la peligrosidad una y otra vez se enfoca en hechos aberrantes. En ciencias sociales los conceptos teóricos se prestan fácilmente a la crítica, notablemente aquellos que emanan de la acepción popular del mismo, pues apela a las desviaciones propias de las discriminaciones estigmatizantes que ostentan, como es el caso de la noción de peligrosidad. Ciertos autores o divulgadores (más bien) recuperan las definiciones de sentido común considerando, por ejemplo, que la desviación o la peligrosidad son hechos objetivamente establecidos, luego socialmente definidos como tales. Otros autores rechazan las definiciones, cuando social y jurídicamente están preconstruidas por tales etiquetamientos, pues pretenden reconstruir su objeto de estudio donde sólo hay un prejuicio.

Diversos trabajos empíricos de origen anglosajón parten de la captación de la definición social de la peligrosidad. Se trata de investigaciones que, a fin de establecer las características del individuo peligroso, examinan las personas en prisión o institucionalizadas, que son consideradas ya como peligrosas y reproducen por consiguiente la definición social de la peligrosidad. De ahí nada novedoso puede surgir.

En los últimos tiempos, y a diferencia del entorno cultural angloparlante, en nuestro contexto marginal latino una serie de publicaciones han cuestionado de manera más o menos radical la definición de la peligrosidad. Si en el fondo los argumentos no son enteramente nuevos, si lo es la forma en que los autores los utilizan dentro de una crítica epistemológica, conceptual y hasta ética.

Por una vuelta al sujeto

Ha habido en primer lugar diversas críticas sobre la relatividad de la definición de la peligrosidad, la definición de aquello que es prevalente dentro de cada sociedad. Así, ciertos individuos o categorías de individuos, como por ejemplo los llamados enfermos mentales, son definidos de ante mando como delincuentes mentalmente perturbados, e inmediatamente considerados como peligrosos. En tanto que otras personas o grupos que pueden igualmente presentar un peligro para la sociedad, se beneficiarán de una actitud liberal, por ejemplo los conductores en estado de ebriedad, los empresarios que desdeñan el cuidado del medio ambiente o quienes usufructúan mediante estafas bancarias o financieras a todo un pueblo. Cabe preguntarse por qué la ley trata de modo diferente al joven que arremete a las personas en la calle, y el dirigente que a sabiendas descuida de hacer o vulnera un espacio público con graves consecuencias para la salud de una comunidad.

La acción de un gobierno frente a las diversas fuentes de peligro dentro de una comunidad no está en relación con la amplitud de peligro. Es decir, la proporcionalidad del daño infligido no es una variable interviniente. Al contrario, la represión del acto vulnerante pasa por otras variables, por ejemplo, el poder de que disponen los grupos cuestionados. Así, nuestras sociedades occidentales reprimen fundamentalmente los actos peligrosos de individuos particulares, más que las prácticas sociales que amenazan la salud, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en su conjunto, como por ejemplo ciertas condiciones de trabajo dentro de las fábricas, minas, talleres, etc. el caso de la contaminación es el más patente, sobre todo en dos ámbitos nucleales: el agro y la minería. Pero nadie diría que son peligrosos, al menos no desde la administración de justicia.

La peligrosidad, como estigma y como concepto, está reservada para un uso particular de sujetos individuales que producen daños singulares a otros sujetos singulares.

Ciertos autores han mostrado esta faceta diferente de los problemas que suscitan los ensayos estigmatizantes de la definición de la peligrosidad y han terminado siendo ellos mismos los estigmatizados.

Pero la carga del estigma que aplica el concepto de peligrosidad tiene otra trampa aún más sutil. Hay a menudo confusión entre la peligrosidad de un comportamiento dado (su potencial capacidad de daño) y la peligrosidad de un individuo (cual si fuera su naturaleza la que daña). El comportamiento es entonces considerado como el reflejo de la personalidad de un individuo, su misma esencia. En consecuencia, es el mismo juzgado peligroso como parte de sus ser inmanente, inmodificable. Por tanto, los actos considerados como peligrosos no son muy frecuentes dentro de una sociedad, se producen dentro de situaciones de interacción y de contextos específicos, dependen a menudo de ciertos estados dentro de los que puede encontrarse un individuo, y no son generalmente representativos del comportamiento habitual de un individuo. Pero todo eso es omitido y se le carga al sujeto todo cuanto existe en torno a su potencialidad de daño.

Cada vez más, y como consecuencia del desarrollo teórico reciente en psicología y psicosociología criminal, se ha abierto un debate sobre la pertinencia del concepto de personalidad a este problema. Hay una personalidad (o también se utiliza el concepto de carácter) que podamos calificar de peligrosa? Más particularmente, la personalidad criminal, existe?

Toda vez que se ingresa en este tipo de debates, soslaya el necesario e imprescindible reconocimiento de la importancia de los factores contextuales dentro de la evaluación de un comportamiento. No es una novedad lo que estamos planteando. Numerosos autores han puesto el acento sobre el hecho que no puede hacerse depender la definición de la peligrosidad de características de un individuo sino que es necesario tener en cuenta las situaciones dentro de las que él se encuentra. La peligrosidad, incluso el término “peligroso” no es una disposición establecida de un individuo, como el hecho de ser daltoniano o zurdo. Tal cosa no existe. Sin embargo, la administración de justicia parece no aceptar esta aseveración científicamente fundada y así es como solicita casi a diario, que se establezca si hay o no peligrosidad en una persona.

Tanto han insistido que siempre hay quienes están dispuestos a conformarles. Algunos profesionales han intentado elaborar definiciones con fines prácticos. Han llegado a sugerir definir la peligrosidad como “la tendencia imprevisible de infligir o correr el riesgo de infligir actos perjudiciales o destructivos o inducir a terceros a tales actos. La peligrosidad puede, igualmente ser dirigida hacia sí mismo”. Incorporan los daños físicos y no psicológicos, pues se dan cuenta –aún sin por ello ceder en la intentona estigmatizante- que resulta muy difícil y aleatorio establecer una distinción entre un daño psicológico inflingido y una vulnerabilidad idiosincrásica preexistente.

El informe de una comisión inglesa sobre los delincuentes mentalmente perturbados retiene en revancha dentro de su definición de la peligrosidad la propensión de causar un daño físico grave o un perjuicio psicológico durable. En los Estados Unidos ha habido igualmente un esfuerzo por precisar la fraseología vaga que se refiere al “peligro para sí o para los otros”. Dentro de una declaración que sentó jurisprudencia, la Suprema Corte de Nueva Jersey ha afirmado: el comportamiento peligroso no es idéntico al comportamiento criminal. La conducta peligrosa implica no solamente la violación de normas sociales que son impuestas mediante sanciones penales, sino un daño físico o psicológico grave a personas o una destrucción substancial de propiedad. Las personas no deberían ser encarceladas indefinidamente porque ellas presentan simplemente riesgos de un comportamiento futuro socialmente indeseable”.

Aclaremos algo. Esta crítica que esbozamos en estas líneas no niega la existencia de comportamientos dañinos ni la necesidad de abordarlos. Nos estamos refiriendo a la estigmatizaci´ñon de sujetos, y a la consecuente falta de posterior abordaje. Pues sepamos que si es una característica inmanente y esencial, ya no hay nada por hacer. Por otro lado, estamos poniendo en crisis un concepto que no proviene de la ciencia social, sino de la persecución de un solo tipo de hechos delictivos, mientras se disuade, soslaya y oculta otro tipos de hechos dañinos, o sea que el concepto de peligrosidad está al servicio de una selectividad que debe ser puesta sobre la mesa, a fin de entender la función (política) del concepto.

Conviene igualmente mencionar que la Organización Mundial de la Salud, ha lanzado una investigación internacional con vistas a determinar las diferentes concepciones y evaluaciones de la peligrosidad a través del mundo. De allí surge lo ya planteado por Foucault hace más de 50 años, pues son los psiquiatras son los más a menudo consultados para definir, evaluar, prever los comportamientos peligrosos. A eso se suma, sobre todo en Argentina, y luego del consabido debate de 2008 al 2010 sobre la ley nacional de Salud Mental 26657, que piensan que ellos son los más indicados para esta tarea. La asumen, en una buena –aunque lamentable- proporción de profesionales, con reclamo de especificidad y hasta con hidalguía. Otros sin embargo, experimentan reticencias.

Los problemas que produce la definición y la supuesta evaluación de la peligrosidad por los psiquiatras pueden ser reagrupados bajo la forma de cinco argumentos complementarios:

  1. Dar a los psiquiatras y/o psicólogos que se ocupan por definición de las enfermedades y de los desórdenes de la psique el rol de definir la peligrosidad refuerza la idea errónea de una asociación preferencial entre enfermedad mental y peligrosidad.
  2. Solicitar a los psiquiatras que realicen predicciones sobre la peligrosidad, es ignorar los problemas metodológicos insuperables dentro del estado actual de la psiquiatría y la psicología, pues el concepto no es propio del campo de lo mental, sino del derecho penal.
  3. Solicitar a los psiquiatras y/ psicólogos de determinar la peligrosidad, es confundir las cuestiones de orden legal y político, con las preocupaciones de salud mental, pues impone un concepto ajeno al campo y por lo tanto, superpone un estigma a un abordaje clínico.
  4. Expone a los profesionales a justificar las prácticas sociales de encierro de lo desviado, control penal de las conductas reprochables, que quebrantan el derecho y la libertad de las personas inmersas, sin un marco conceptual que permita sostener el discurso del encierro.
  5. Presupone que la ciencia de lo mental puede predecir devenires futuros, sin importar las condiciones sociales, culturales, políticas y vinculares de la persona que se evalúa como si se tratara de un individuo inmodificable por ese contexto, sin entender (desde el derecho) que se trata de un sujeto, es decir, de alguien sujetado por su entorno.

Que exista un desorden mental (por grave que fuere) no equivale entonces a hablar de un comportamiento peligroso, y cada vez que se recorre ese sendero se incurre en un estereotipo desprovisto de cientificidad.

Las relaciones entre comportamiento criminal (o peligroso) y enfermedad mental o desorden mental han absorbido mucho de la energía de los especialistas, toda vez que siguieron el camino del derecho, en su afán de control, sobre todo del futuro. La historia es conocida, cada época encierra lo que considera aberrante, pero esta definición de lo que resulta tal cosa, es variable porque está cultural y políticamente definida. Así es como nuestro país, por ejemplo, se encerró por “peligrosos” a los anarquistas, a los sindicalistas, a los líderes de pueblos orginarios, y así sucesivamente muchos referentes de movimientos y luchas por la igualdad y la equidad, sólo por considerarlos un peligro para sí y par terceros. Y se pueden ver enormes escritos, casi dantescos, sobre la (pseudo) fundamentación psiquiátrica de tales actos de confinamiento. Desde el siglo XVI se comenzó a encerrar a todos aquellos que molestaban el orden social y a hacer cohabitar dentro de esas instituciones hospiciales: vagabundos, delincuentes locos y estos otros “desviados”. Quienes hemos estudiado estos procesos de selecitivdad exclusora hemos encontrado todo tipo de aberraciones, que no hacen sino señalar la inaplicabilidad del concepto de “lo peligroso” sin caer en el estigma. El origen de esta asociación está en el derecho, no en la ciencia de lo mental, de ahí en adelante todo es un gran error.

En efecto, habiendo analizado las poblaciones residentes de los asilos y las poblaciones carcelarias en mi vida profesional, hemos detectado que son ámbitos análogos y bien podrían haber allí sujetos de uno en el otro y viceversa. Después de todo, el confinamiento toma las mismas formas y desviaciones institucionales: A su vez lo mismo ocurre con su personal. Se va mimetizando con el asistido. Las relaciones entre enfermedad mental y criminalidad tienen en más en común en este aspecto de la solución vía encierro, que en el concepto de lo peligroso que serían sus sujetos.

La OMS ha demostrado estadísticamente que los pacientes salientes de hospitales psiquiátricos tenían tasas de detención menos elevadas que la población no-enferma. Otros estudios han modificado ese cuadro mostrando que, en ciertos delitos (robo, violación) había una tasa de detención más elevada entre la población general, que en expacientes. En este sentido, es dable destacar que es más peligroso potencial –estadísticamente hablando- un buen ciudadano, que un llamado “enfermo mental”.

Sepa entonces quien lea estas líneas, que cada vez que le acercan un caso aberrante, se está ante un ejercicio peligrosista del que debe estarse en prevención. Claro que es cierto que un sujeto con padecimientos mentales puede producir un daño a otras personas. Eso es tan cierto como para el resto de la población. También los jueces y juezas, sobre todos los que piden juicios de peligrosidad, para fundar fallos centrado en esa carga estigmática. Esos sí que son de los peligrosos, porque toman decisiones, amparándose en dictámenes de otros profesionales, para no asumir su propia persecución cultural, política y social del otro social. Basta ver la composición socio-cultural general de la población residente de hospicios, centros de adolescentes y cárceles, para llegar a esta conclusión. El concepto de peligrosidad es un término al servicio del control social punitivo-represivo, al servicio de la persecución, no teniendo otro fin de que la expulsión sociopolítica, pues no tiene nada que aportar al tratamiento del comportamiento, siendo un concepto ajeno a las ciencias sociales y humanas. Es además estrictamente un efector de estigma y discriminación, pues deja al sujeto inerme, en su visión a-contextual y a-histórica de su acto, por el cual es sojuzgada.

La peligrosidad es un concepto que mata, destruye al sujeto al cual se le asigna, lo demuele como tal, pues nada de un sujeto queda en pie sin su historia, sin su devenir, y presumiendo un futuro –dañino- que se desconoce por completo.

Para citar el artículo: Di Nella, Y. (2020). Contra la peligrosidad: esa mascarada de la expulsividad; en Apostillas sobre Control Social y Derechos Humanos (ISSN 2718-6229) del 08/10/2020. Enlace: https://www.adalqui.org.ar/blog/2020/10/08/lo-psicosocial-en-salud-mental/ (Recuperado el dd/mm/aa).

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