Las disputas territoriales en Puel Mapu son reflejo de la lucha por un estado democrático de derecho


Columna Derecho y Sociedad. Las disputas territoriales en Puel Mapu son apenas un reflejo de la desigualdad estructural en la disputa por la concepción y vigencia del estado democrático de derecho. El acceso al suelo, a una vivienda y al espacio o hábitat es un tema vinculado a la vida social y comunitaria, con los beneficios que implica pertenecer a ella. Debe ser el medio para alcanzar servicios públicos y de proximidad, transporte, cuidados personales propios y de personas dependientes y acceso al uso autodeterminado de los tiempos y trabajos, de acuerdo a la propia identidad cultural, entre otros. Por Dino Di Nella

El acceso al suelo, la vivienda y la libre determinación como pueblo nación que se busca obtener mediante asentamientos territoriales en aparente infracción a normas administrativas de ordenamiento rural o urbano (deliberadamente mal llamadas “tomas” o “usurpaciones”) no debe ni puede ser entendido en su individualidad (qué hace cada quién respecto a la concentración de la propiedad privada civil-argento-románica para conseguirse un terreno, una casa, o un acceso al territorio para la reproducción de su vida y cultura), sino como parte de una disputa entre diferentes concepciones de vigencia del Estado democrático de Derecho.

El hábitat adquiere un rol fundamental en la organización de los grupos de convivencia y crianza (las lof, lof-che y familias). Y de ahí la importancia de conocer la función que estos accesos cumplen en sus miembros, especialmente mujeres adultas, jóvenes y niños, niñas y adolescentes de diversas modalidades o grupos familiares.

Una de las funciones principales de la obtención de los espacios o hábitats para la vida, están asociados a la reivindicación de otros derechos, como son los sentimientos de pertenencia e incorporación de las familias a la vida socio comunitaria y la acción política y reivindicativa de la región. Además, estas circunstancias se yuxtaponen con las conocidas brechas salariales, las brechas de género, habitacionales, residenciales, de servicio, de transporte y de acceso a protección social y de la infancia.

En definitiva, reflejan cabalmente la desigualdad social que padecen los grupos sociales empujados a los asentamientos territoriales en infracción administrativa -y afrontan a su manera- para el acceso al suelo, la vivienda y el espacio vital, hábitat o territorio. Es decir, no es solo un techo, una propiedad de uso privativo, o una tierra del fisco, sino “el propio lugar en el mundo”, según la cultura y pueblo nación de pertenencia.

Hábitat y acción directa

Desde ese lugar, corresponde adentrarse en uno de los debates más importantes y recurrentes de la actualidad, incluso en los juicios: la validez de las vías de acción directa para las autosatisfacción comunitaria del goce y ejercicio de los derechos al suelo, la vivienda y el territorio desde la historia, la memoria y la realidad sociocultural de los pueblos naciones. La contracara a ello radican en la validez de las estatalmente previstas vías de acción notariales, registrales y fácticas para el goce y ejercicio de los derechos a la propiedad civil-argento-románica de terceras personas físicas individuales o empresas de capital extranjero o no extranjero, de buena fe (que no son todas, ni tantas).

Por supuesto, el debate no se centra en cuales son las vías de derecho y fácticas que históricamente han hecho servir estos últimos, sino en cuáles son las vías de derecho para el ejercicio de los derechos de los pueblos naciones originarios, y en qué medida estas son reemplazadas por acciones directas de miembros de estos pueblos, especialmente cuando estas son ejercidas con un aparente uso de la violencia, con independencia de si el mismo es o no desproporcionado. Para adentrarse en el asunto y en su proporcionalidad, será necesario un poco de contexto.

Hábitat y genocidio

Ha habido un genocidio indígena contra el pueblo nación mapuche-chewuelche. Ello está ampliamente documentado y acreditado por la historiagrafía científica y académica, e incluso por pericias históricas en sede judicial. Los grupos étnicos que dominaban el estado federado de argentina perpetraron este genocidio racista contra los pueblos originarios, como los turcos lo hicieron contra los armenios (un genocidio casi concomitante, en ese caso reconocido en su lesa humanidad e imprescriptibilidad por el propio estado argentino), o como los fascistas y los nazis lo hicieron con otros pueblos naciones en la segunda guerra mundial desde los estados italiano y aleman, y los franquistas en la preguerra desde el estado español. Una de las diferencias, es que los grupos étnicos nazis y fascistas perdieron la guerra, mientras que los grupos étnicos que controlaban el estado franquista y el estado argentino, las ganaron, con lo que impusieron sus políticas de memoria pública contra las víctimas y a favor de la impunidad de los genocidios perpetrados.

Hasta el día de hoy, no hay un reconocimiento del genocidio ni ninguna reparación integral al pueblo mapuche chewuelche, ni mucho menos, restitución de los cuerpos desaparecidos, mutados en su identificación e identidad y ultrajados por la “ciencia argentina”, ni restitución de sus territorios ni respeto a su derecho y ejercicio de la libre determinación. Igualmente, existe una exacerbada sobrerepresentación de la población originaria o de ascendencia indígena en los principales indicadores sociodemográficos de pobreza, exclusión y selectividad penal y penitenciaria; dicho genocidio continua ejecutándose en su lesa humanidad.

En lo que al territorio se refiere, el estado argentino incluyó entre sus delitos en beneficio de los grupos étnicos que lo controlan, el despojo de los territorios del pueblo mapuche-chewuelche. Y ese mismo estado, se encargó de transferir esas tierras a terceros privados extranjeros y a sus descendientes. En el estado federado de Río Negro, muchas décadas después – más por el activismno indígena y de los organismos de derechos humanos que por los operadores de su burocracia -, esta realidad fue tan atroz que el estado se vió obligado a obligarse a investigar este despojo (ley 2287 de 1986).

Lo comenzó a hacer recién hacia 2012, y lo consagró con la ley 4777 con una comisión investigadora legislativa. Allí se demostró científica y jurídicamente en cientos de casos, que la transferencia de territorios desde el estado o miembros individuales del pueblo mapuche-chewuelche (sin respetar sus organizaciones políticas y sistemas de representación y adopción de decisiones internas) a terceras personas individuales o a empresas, fueron efectuadas de manera sistemática y generalizada, durante mas de 100 años y hasta la actualidad, sin los requisitos de la buena fe (prevista en la propia ley wingka administrativa o civilista), con lesiones subjetivas y enormes que sellaban con las huellas digitales de personas analfabetas del sistema de lecto-escritura castellana a precios viles o irrisorios, transformándolos también en fiscaleros, meros tenedores precarios de los territorios que los vieron nacer y crecer por generaciones, incluso en los territorios donde fueron arrinconados. Posteriormente, la ausencia de las políticas públicas de garantía de derechos y la presión de las políticas económicas desarrollistas del capital, provocó el desplazamiento forzado de las poblaciones hacia su residencia en las periferias de las ciudades y pueblos, donde se los tratará una vez más, como extraños por su tierra, usurpadores de los ensanches barriales urbanos.

Hábitat y derechos

Ante este derrotero, cuando se habla de manera genérica de población indígena en Puel Mapu que procura ejercer fácticamente su posesión tradicional del territorio, no se está ante cualquieras que en cualquier momento se les ocurre cualquier vía directa autosatisfactiva porque sí. La realidad, es que las vías de derecho previstas por el propio estado (sin consulta ni consentimiento previo de los pueblos naciones) para la protección y garantía del goce de los derechos de los pueblos indígenas, se tornaron absolutamente ilusorias, como con ninguna otra persona y minoría étnica residente en el estado argentino.

Efectivamente, existen respecto a peticiones por los derechos de los pueblos originarios y sus miembros cientos de expedientes administrativos en todas las reparticiones públicas sin resolver. Miles de denuncias que no se investigan, centenares de juicios que no llegan a ningún lado, centenares de relevamientos territoriales que no se terminan en décadas, y reconocimientos de propiedad comunitaria que no se concretan nunca (en 25 años, 0 títulos de propiedad comunitaria). Ante ello, y frente a la exigua seguridad jurídica y las enormes limitaciones de su acceso a la justicia que conlleva, los pueblos indígenas se han visto compelidos a ejercer su protesta, a peticionar a las autoridades en innumerables ocasiones y formas, que destacan por su grado de movilización social, conciencia eco-ambiental, y solidez filosófica, política y jurídica, incluyendo en ocasiones, la democrática y legítima desobediencia civil no violenta y/o pacífica. Y el resultado es siempre el mismo: indiferencia política, oídos sordos, o directamente, su represión violenta (desde 1890 de forma periódica, cada 30-40 años los pueblos originarios han protagonizado movimientos reivindicativos que han acabado con asesinatos desde las fuerzas de seguridad estatales o paraestatales o con su adsquiescencia) o su criminalización apelando a cualquier excusa (recordar, por ejemplo, la marcha petu mongueleim, donde al cabo de un impresionante y multitudinario recorrido por toda la provincia de Río Negro -el mas grande en 40 años y uno de los tres mas destacados desde su derrota en la guerra-, ninguno de sus dirigentes políticos reconocidos como representantes del pueblo mapuche-chewuelche del territorio, fueron recibidos por el gobernador ni su partido político, incluida la actual gobernadora).

El bloqueo de las vías de derecho, incluídas las ordinarias legislativas, administrativas y judiciales, así como la ineficacia total de las garantías como las de peticionar a las autoridades o acceso efectivo a la justicia, esta conminando a las minorías étnicas a acceder a sus derechos colectivos mediante la adopción de medidas autosatifactivas de autogestión comunitaria. Sin embargo, el resultado es una muy amplia brecha entre la declamación de sus objetivos y fines explícitos y la aplicación sociológica y judicial de los instrumentos jurídicos de protección de los derechos de los pueblos originarios.

Esa tensa brecha está siendo hoy -además de objeto de una fuerte deslegitimación a la palabra y dignidad del propio estado argentino- un campo de diputa política franca entre el negacionismo e inmovilismo gubernamental y judicial para mantener el estatus quo de exclusión jurídica indígena bajo el imperio de una parte de la legalidad estatal, frente a las acciones autoafirmativas y el activismo de los movimientos indígenas, para que de una vez por todas esa brecha se achique. Y es también en el enclave de esa disputa política, que corresponde ubicar las actuales y perversas dinámicas de selectividad policial, criminalización y persecución gubernamental y judicial, de los pueblos originarios del actual territorio argentino.

Tomar en serio el tema, exige asumir toda una concatenación de hechos diversos como parte de un mismo proceso complejo de disputa social y comunitaria, centrándose en las políticas públicas estatales y las dinámicas mercantiles que las generan, en lugar de fragmentarlo en episodios aislados eventualmente vehiculizados a través de las institucionalidad burocrática estatal y su desmembramiento jurídico-penal, del ejercicio de las desobediencias no violentas, del desarrollo de acciones directas de ocupación física, o de eventuales resistencias o respuestas violentas. Todos ellos responden a una misma matriz política, conflictual y procesual, una disputa, a no dudarlo, por la vigencia del Estado de Derecho, pero sobre todo por su concepción: autocrática-clasista, representativa-delegativa y jurídicamente iuspositivista-monista, o democrática-inclusiva, social-participativa y jurídicamente iushumanista-pluralista.

Para citar el artículo: Di Nella, D. (2020). Las disputas territoriales en Puel Mapu son reflejo de la lucha por un estado democrático de derecho; en Apostillas sobre Control Social y Derechos Humanos (ISSN 2718-6229) del 05/11/2020. Enlace: https://www.adalqui.org.ar/blog/2020/11/05/las-disputas-territoriales-en-puel-mapu-son-reflejo-de-la-lucha-por-un-estado-democratico-de-derecho/ (Recuperado el dd/mm/aa).