La Organización de Estados Americanos (OEA) y su secretario general, Luis Almagro, están hoy en el ojo de la crítica regional por su papel en el golpe de Estado en Bolivia, el pasado año. Por Yasiel Cancio Vilar
Cada gobierno de izquierda o solo de inclinación progresista en América Latina está siempre bajo acecho constante desde el primer día de su gestión y Bolivia, con Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS), no fue la excepción.
Ante el indiscutible y amplio apoyo popular desde su asunción al poder en 2006, las facciones de derecha y la OEA siempre intentaron sacar del poder al líder cocalero, y en las elecciones del 20 de octubre de 2019 consumaron su deseo.
Luego del sufragio donde Morales resultó ganador, la OEA denunció supuestas irregularidades y comenzó a mover la maquinaria de desestabilización regional, y grupos extremistas generaron un caos en el país.
Manifestaciones violentas, quema de centros de elección, maltrato físico a miembros del MAS y la traición a la democracia por parte de altos mandos del Ejército y la Policía marcaron la realidad convulsa del país.
La OEA no avala fraudes, los denuncia, ya sean de izquierda o de derecha, enfatizó el secretario general de la entidad regional, Luis Almagro, al cuestionar esas elecciones.
Tras 21 días de protestas radicales en varios departamentos del país y las presiones internas y externas, el 10 de noviembre, Morales decidió renunciar a la presidencia y salir del país, mientras el Gobierno de facto tomaba las riendas con Jeanine Áñez en funciones de presidenta, el 11 de noviembre.
Casi un año después, toda la retórica del posible fraude de Evo Morales cayó al vacío a la velocidad de la luz e incluso la comunidad internacional y muchas organizaciones observadoras reconocieron ‘su error de juicio’, tras consumarse la contundente victoria del MAS en las elecciones generales del pasado domingo.
El MAS y su candidato presidencial, Luis Arce, se impusieron inobjetablemente con más del 54 por ciento de los votos, pese a las campañas de descrédito en su contra y la persecución a la que fueron sometidos muchos líderes de la organización, por parte del Gobierno de facto.
Ahora no existe duda alguna. Todo el mundo sabe que no hubo fraude en las elecciones de 2019.
Revisamos la votación 2020 en los 86 recintos que fueron objetados por la OEA en la elección en Bolivia de 2019, señala un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).
Esa fue la excusa para hablar de fraude. Se comprueba que efectivamente el MAS tiene la misma votación (o incluso más votos). Jamás hubo fraude, enfatiza esta institución, dedicada al análisis de los fenómenos políticos, económicos y sociales de los países de América Latina y el Caribe.
Asimismo, exigió la democión de Almagro por su rol incendiario en sus declaraciones de presunto fraude, pese a hacerlas sin datos firmes ni contrastados.
Hasta los grandes monopolios de la comunicación dieron marcha atrás en su narrativa inicial de un fraude y ya aceptan que la OEA hizo trampa en Bolivia en 2019, explicó por su parte Guillaume Long, ex ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador.
El Grupo de Puebla, entretanto, dejó claro que ‘el cuestionamiento electoral de la OEA desencadenó una situación de violencia política y social, que terminó en un golpe de Estado y la posterior renuncia del presidente Evo Morales’, quien se encuentra refugiado en Argentina.
Hizo hincapié además en que el liderazgo de Almagro en la OEA ‘resulta seriamente cuestionado’ y demandó ‘su salida’ de la organización porque ‘ayudará a recuperar la paz y reactivar la integración regional’.
Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, también se sumó a estas opiniones y recordó que ‘la OEA es un instrumento de agresión contra los pueblos de América Latina y el Caribe (…) es una amenaza para la paz y seguridad internacionales’.
El reciente triunfo del MAS, con el cual se despejaron todas las dudas en torno al supuesto fraude de 2019, recibió las felicitaciones de muchos Gobiernos y organizaciones internacionales, e incluso fueron reconocidas por Estados Unidos.
El MAS logra mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados
El Movimiento Al Socialismo (MAS) logró la mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Sin embargo, no consiguió los dos tercios que ostentó por dos gestiones continuas.
En la Cámara de Senadores el partido azul obtuvo 21 de 36 escaños (para conseguir los dos tercios necesitaba 24 legisladores). En la Cámara de Diputados logró 73 de 130 escaños (necesitaba 86 para llegar a los dos tercios).
De acuerdo a una proyección al 89,50% de las actas computadas, el MAS consigue dos senadores en Chuquisaca, tres en La Paz, tres en Cochabamba, tres en Oruro, tres en Potosí, dos en Tarija, dos en Santa Cruz, uno en Beni y dos en Pando.
Comunidad Ciudadana (CC) obtiene dos senadores en Chuquisaca, uno en La Paz, uno en Cochabamba, uno en Oruro, uno en Potosí, dos en Tarija, dos en Beni y uno en Pando. Creemos tiene dos senadores en Santa Cruz, uno en Beni y uno en Pando.
En la Cámara Baja el partido azul tendría cinco diputados de Chuquisaca, 21 de La Paz, 13 de Cochabamba, seis de Oruro, ocho de Potosí, cuatro de Tarija, 10 de Santa Cruz, tres de Beni y tres de Pando.
CC tendría cinco diputados de Chuquisaca, ocho de La Paz, seis de Cochabamba, tres de Oruro, cinco de Potosí, cinco de Tarija, cinco de Santa Cruz, tres de Beni y uno de Pando. Creemos conseguiría 13 diputados de Santa Cruz, dos de Beni y uno de Pando.
Con esos resultados, el MAS tiene margen para aprobar leyes, pero deberá consensuar o hacer pactos para designar autoridades, aprobar juicios de responsabilidades e incluso plantear modificaciones a la Constitución Política del Estado.
Entre las autoridades que deben ser designadas por dos tercios de aprobación de la Asamblea Legislativa están el Defensor o Defensora del Pueblo, el Fiscal o la Fiscal General del Estado y el Contralor o Contralora General del Estado.
De acuerdo a la Constitución Política del Estado, la Asamblea Legislativa necesita también de los dos tercios para la censura de cualquier ministro que sea interpelado y para objetar la designación del Procurador o Procuradora del Estado designado por el presidente del país. Con los dos tercios de la Asamblea Legislativa también se preseleccionan a las y los postulantes que son elegidos como magistrados.
Fuentes: Prensa Latina y Página Siete