Ninguna persona que usualmente consuma noticias podría desconocer la palabra “Lawfare”; un término foráneo. Literalmente “Lawfare” significa ley –“law-” y guerra –“warfare-”. Algo así como guerra legal, guerra jurídica. Por Stefanía Alba Nájera*
El “lawfare”, siguiendo semánticamente su análisis, implica la existencia de una guerra que, a simple vista, muestra como único actor participante al poder judicial. No se involucra, al menos manifiestamente, ninguna otra parte o partes en la contienda. Claro que esto resulta ser una trampa; en la práctica se sirve de diferentes ejércitos, como puede ser el poder político, económico, financiero, mediático, entre otros.
Esto habilita entonces un margen amplísimo de impunidad que permite operar más allá de las coyunturas histórico políticas que se sucedan, haciendo más fácil la anulación y neutralización del supuesto enemigo, configurándose en la figura de “chivo expiatorio”. Esto significa que acabará por convertirse en el depósito de todos los males asumiendo responsabilidades ajenas, bajo la creencia de que a través de su eliminación se recuperará, como única vía posible, el equilibrio social.
Las corporaciones mediáticas serán entonces el arma por excelencia para llevar adelante este “enfrentamiento bélico”. Serán los encargados de comunicar -y crear- discursos vindicativos serviles a diferentes intereses políticos. Aparecerán entonces las denominadas “fake news”: noticias falsas que diseminan viralmente, a sabendas, información falsa con ánimos de generar un impacto emotivo en los individuos, pudiendo moldear de esta manera la opinión pública e influir en determinados comportamientos sociales.
El discurso de la antipolítica es un aliado estratégico: bajo sutiles técnicas de comunicación, la política comienza a presentarse como sucia, corrupta. Los nuevos personajes actuantes se presentan como no políticos, “a-políticos”, quienes vendrían a ser inocentes justicieros en busca del bien común y la paz social.
Los sistemas de vigilancia son también parte esencial en todo este modus operandi. Y claro, no se trata sólo de espiar a aquel político demonizado -y a los no demonizados también-, sino que el control se ejerce masivamente sobre toda la sociedad en su conjunto. Es una manera indirecta a través de la recopilación masiva de datos para moldear y disciplinar, en parte, ese llamado “sentido común”, adjudicado casi siempre como algo innato y propio en los seres humanos.
A corto plazo, la práctica “lawferiana” tiene como objetivo la destrucción de un enemigo concreto que obstaculiza lograr otras finalidades no manifiestas. Una de ellas puede tranquilamente tratar de violentar la democracia para así reducir el Estado de Derecho, generando un terreno fértil para sembrar nuevos poderes políticos y económicos.
El golpe final estará dado por la servicial agencia judicial; magistrados y magistradas dispuestos a coronar la victoria del embate. Llegado este momento, la “ley”, a través de jueces y juezas, hace su aparición otorgando aspecto de legitimidad a las prácticas desplegadas anteriormente. La guerra, como tal, es un hecho político, no jurídico. Aquí es cuando abiertamente podremos decir que es una guerra ilícita que lejos está de enmarcarse dentro de determinado derecho.
El término “lawfare” apareció por primera vez en el año 1975, dentro de un artículo donde dos australianos observaron cómo el sistema jurídico oriental tomaba distancia de un sistema oriental, mutando hacia un estilo más polémico e utilitario perdiendo un sentido humanístico.
Luego, en el año 2001, Charles Dunlap Jr., perteneciente a la fuerza aérea de los Estados Unidos, inaugura la utilización moderna del neologismo, aconsejando su adopción como un nuevo medio para conseguir lo que de otra manera se conseguiría con la aplicación tradicional de la fuerza militar, mediante la ley como medio para alcanzar tal fin.
En los últimos años, Rafael Correa, Lula Da Silva, Evo Morales, para no mencionar dolorosos ejemplos de nuestras tierras, han sido víctimas de “lawfare”. Ha quedado claro que es mucho más que un mero término.
Persecución mediática-judicial, guerra jurídica; casualmente -o no tanto-, muchos de los líderes atacados han llevado adelante gobiernos donde se implementaron un sin número de políticas sociales inclusivas, ampliatorias de derechos.
* Docente de la Cátedra I Derecho Penal I FCJyS UNLP
Fuente: Agenda Sur