Nuevo Código Penal y la propiedad intelectual en la Era de la Información

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Una mirada sobre las disposiciones penales en el derecho de propiedad intelectual. Desde 1933 con la sanción de la Ley 11.723, en lo que respecta a las disposiciones de contenido penal, ha tenido una sola modificación: la inclusión en 1989 del Art 72° bis referido a los derechos conexos.Esto nos lleva a pensar si es necesario o no en la actualidad la adecuación de la Ley de Derechos de Propiedad Intelectual en su faz punitiva. Por Luís D’Alfonso*

Es necesario entonces, establecer definiciones conceptuales concretas vinculadas a la temática. Identificar la “naturaleza jurídica” de las disposiciones penales; definir cuál es el “bien jurídico” que se intenta tutelar. Es importante describir concretamente los medios comisivos. Una vez ello, de ser necesaria una reforma, incorporar el instituto como tipo penal en el Código, llevando adelante como política criminal una tutela efectiva a la luz de las innovaciones tecnológicas y la masificación de la información; sin perder de vista el principio de ultima ratio del derecho penal, como así también el derecho a la información y a la cultura.

El derecho de propiedad intelectual está compuesto de dos aspectos o prerrogativas: la moral y la patrimonial. En el Art 71° de Ley 11.723 hace referencia al Art. 172° del Código Penal, que regula la conducta típica de “defraudaciones”. Este instituto prevé dos especies: la estafa y el abuso de confianza. Por su parte los delitos de estafa no se pretenden castigar el engaño, ni se tutela la buena fe en las relaciones, ni el daño ocasionado en la persona del autor de la obra (sujeto legitimado) sino que -por su ubicación en la sistemática del Código Penal- protege la Propiedad.

La “Propiedad” por su parte tiene una acepción restringida, vinculada al dominio que una persona puede ejercer sobre un objeto determinado, y además una concepción más amplia que abarca todos los bienes de una persona: inmateriales (derechos), materiales (cosas), deberes (obligaciones), sean estos susceptibles o no de valoración económica -como lo puede ser el propio cuerpo humano- que esta fuera del comercio y solo tiene un fin de utilidad. Esta concepción más amplia es la que utiliza la Corte Suprema de Justicia (CSJN) en la interpretación y aplicación del concepto de Propiedad establecido en la Constitución Nacional.

Decir Propiedad es entonces lo mismo que Patrimonio. De allí surge otra discusión doctrinaria, puesto que hay una diferencia entre el concepto jurídico y el económico del Patrimonio. No obstante ello, una teoría ecléctica considera que se protege al Patrimonio, pero que además se establece una Tutela Jurídica efectiva sobre los derecho de propiedad intelectual. No obstante ello el Código Penal, en el capítulo de Defraudaciones contempla ambos aspectos –moral y patrimonial- aunque tiene preeminencia el segundo por sobre el primero.

La propuesta de reforma del Código Penal contempla en su Art. 150º la regulación respecto de la violación de los derechos intelectuales, eliminando la remisión al Art. 172° sobre defraudaciones, manteniendo algunos de los medios comisivos ya vigentes en la 11.723 e introduciendo como hechos subjetivos pertinentes, el ánimo de lucro y la finalidad de causar un daño, poniendo en igualdad de protección ambas facetas –moral y patrimonial- del derecho de propiedad intelectual.

La pregunta es: ¿la reforma propuesta y pendiente de tratamiento es suficiente? Se verá una vez aprobada y puesta en funcionamiento. En tanto se siga demorando en la readecuación, están quedando fuera de la protección del Estado, intereses particulares de los autores habida cuenta de los avances de las nuevas tecnologías de la información; y de la avidez por parte de los usuarios y consumidores en cuanto a la búsqueda de información y entretenimiento en los distintitos medios tecnológicos.

Las disposiciones penales en lo que refiere al derecho de los autores tiene una doble finalidad. Por un lado proteger la paternidad de la obra, su indemnidad, la posibilidad de disponer material y económicamente de su creación, incentivando a la producción del intelecto en cualquiera de sus expresiones; y por otro lado desincentivar a aquello que quieran valerse de la creación ajena con fines de lucro o para causar un daño. Esto hace necesaria una regulación acorde a los nuevos desafíos, es prioritaria una reforma en materia penal en general, y – particularmente- en lo que atañe a derechos de propiedad intelectual.

* Integrante del Colectivo Adalquí.