Juguemos en el bosque. Innumerables ventas de tierras rurales en Chubut


La Fiscalía de Estado de Chubut deberá identificar y revisar en los próximos seis meses innumerables transferencias de dominio de tierras rurales con bosque nativo realizadas en el marco de un decreto de 2004 y una modificatoria del año siguiente. (*)

El gobernador Mariano Arcioni (Chubut Somos Todos) logró postergar todo un año la medida aprobada por la Legislatura provincial, hasta que en las últimas semanas una diputada que llegó de su mano lo obligó, por ahora, a aceptar la revisión integral de compra-ventas que no están identificadas en su totalidad, por montos que se suponen millonarios pero que no están estimados.

Rossana Artero, legisladora disidente del oficialismo, acudió a la Justicia para obligar al Ejecutivo a que promulgue la ley que la Legislatura aprobó en dos oportunidades en mayo del año pasado, primero en sesión ordinaria y ratificada después del veto de Arcioni. Desde entonces la norma se mantuvo sin publicar en el Boletín Oficial hasta la presentación judicial de Artero, quien antes lo pidió por nota sin éxito. Después de la publicación insistió ante la Justicia para que determine responsabilidades penales por la demora que cubrió de dudas todo el dispositivo estatal que intervino en la aplicación de los dos decretos anulados.

El propio Arcioni pretendió en diciembre presentar un proyecto para derogar la ley de anulación con la Legislatura renovada, pero no pudo porque no la había publicado. Ahora apareció con un número de decreto reservado desde el año pasado.

Pasado pisado

El decreto 712 ratificó que la tierra con bosque nativo es patrimonio de la provincia, por lo tanto no se puede vender, así como también que se considera bosque las áreas donde lo hubo y fue afectada por diferentes motivos, entre ellos los incendios. Y puntualmente, sobre las operaciones de venta determinaba que antes de cada operatoria Bosques debía deslindar la superficie boscosa y en el título de propiedad luego se inscribirían las restricciones al dominio correspondientes. Ex funcionarios y profesionales del área continúan defendiendo el carácter protector de esa norma, que en la práctica no duró ni un año ya que fue barrido por un decreto posterior, el 74 de enero de 2005, supuestamente a pedido de los intendentes de la zona andina con tierras con bosque en sus ejidos. Así, la provincia liberó de esas protecciones por la vía de la excepción los casos de tierras fiscales con permiso precario de ocupación (PPO), en general antiguas familias criollas o mapuche tentadas por los capitales inmobiliarios, o directamente forzadas a revender sus derechos algunas veces permaneciendo en el lugar como cuidadores. 

Los dos decretos anulados fueron emitidos por el fallecido gobernador Mario Das Neves. Ahora el conflicto tiene una vertiente puramente jurídica, constitucionalista, respecto a la validez de origen de los textos derogados. Lo mismo para la ley provincial que los anula, sancionada por una Legislatura con otra composición a la actual, respecto a si puede (o no) anular centenares de expedientes administrativos que pasaron por la dirección de Bosques, el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC), la escribanía general de gobierno, Catastro y el registro de la propiedad inmueble, entre otros organismos. También por los municipios de localidades de la cordillera, donde al menos en los casos de Puelo y El Hoyo se registró un festival de operaciones en perjuicio de antiguos pobladores.

El debate de fondo, cualquiera sea el destino de la ley que acaba de entrar en vigencia, es si las fuerzas sociales locales intervienen y cómo en la reestructuración del territorio y la mercantilización de los bienes de la naturaleza; si el aparato del Estado en Chubut se subordinará a las estrategias de los grupos económicos globales y sus aliados criollos que desde la década del ’90 intensificaron la transferencia de tierras rurales al capital privado. Y, en particular, si la Legislatura actual tendrá voluntad y fuerza política para dictar una ley general de bosque nativo que reglamente el artículo 105 de la Constitución provincial que determina que los bosque nativos son patrimonio de la provincia y no se pueden enajenar. 

No son todos los que están, ni están todos los que son

Andrés Giacomone fue puesto en funciones en enero de este año al frente de la Fiscalía de Estado, la que “deberá relevar los actos administrativos, contratos y títulos de propiedad otorgados por aplicación de los Decretos N° 712/04 y/o N° 74/05. En el plazo perentorio de seis meses contados desde la entrada en vigencia de la presente Ley, deberá emitir dictamen sobre aquellos actos administrativos, contratos y títulos de propiedad alcanzados por la presente declaración de nulidad. Asimismo, una vez emitido el dictamen, el Fiscal de Estado deberá, dentro de los quince (15) días hábiles iniciar las acciones judiciales correspondientes a los efectos de obtener la declaración de nulidad”, dice textualmente la ley 143 que entró en vigencia con su publicación en el BO el 12 de junio.

Los dos decretos anulados son piezas, de las tantas, en el proceso de transferencia de tierras públicas (con o sin bosque nativo) al capital trasnacional, empresas urbanizadoras, capitales locales amigos, hombres de la elite política y económica con los que se trabaron alianzas estratégicas por lo menos desde la reapertura democrática de los ’80. Por eso, si el fiscal realmente investiga, podría por una parte identificar las operatorias directamente vinculadas a los dos decretos y, por la otra, presuntas irregularidades en la aplicación de otras leyes también vigentes.

Una base de partida puede ser el resultado de la comisión investigadora de las operatorias con tierras rurales de 2015, que identificó 98 casos en el período 2003/2014. Es llamativo el desconocimiento generalizado de las conclusiones de esa comisión, que ni siquiera están publicadas en la web ni se sabe si actuó de oficio alguna fiscalía.

El productor ganadero Fernando Héctor Hidalgo Solá, históricamente vinculado a la Sociedad Rural de Esquel, en 2013 recibió el título de propiedad de dos fracciones en el departamento Futaleufú, una de 2.800 hectáreas y otro de 1.700. Al año siguiente recibió una tercera fracción de 1.500 hectáreas en condominio con Lorenzo Wenceslao Huffmann, en el mismo departamento. En 2016, Hidalgo Solá y Huffmann, junto a otros socios, formaron Huemules Patagonia SRL. La provincia le rechazó en 2017 el informe de impacto ambiental del proyecto reserva de montaña Huemules, que dice estar construido en tierras de la estancia del mismo nombre. Al año siguiente, el Departamento de Aguas le aprobó el uso de agua pública del arroyo Huemul.

En Rincón del Aceite, también en Futaleufú, la comisión investigadora identificó al menos dos casos. La adjudicación en propiedad de casi 5.000 hectáreas con bosque de lenga en 2005 a Mario Vargas, vicegobernador en ejercicio en ese momento. Y, dos adjudicaciones a nombre de María Rita Grima, empresaria, una de 2010 hectáreas (2003) y otra de 570 (2008), regadas por los ríos Frío, Hielo y Futaleufú. Con su esposo el ingeniero holandés Gisjbert Hartman, representan firmas de tecnología en el país.

La descendencia de una antigua familia criolla de Cholila fue autorizada a revender una parcela a Paolo Rocca y otra a la urbanizadora Eidico SA, parcelas contiguas en el noreste del lago. 

La transformación territorial del espacio andino de Chubut, con nuevos usos de la tierra rural sin debate social amplio, ya está consolidado en algunos puntos. De todos modos, el conflicto de los decretos anulados puede ser una oportunidad para abrir la discusión a otros aspectos en juego que todavía no están implementados en forma masiva en nuestro país, como es la mercantilización de los servicios ambientales de la naturaleza, que organismos internacionales ya le pusieron valor de mercado en la década de los ’90.

(*) Escrito por Susana Lara. (Javier Grosso, geógrafo, investigador de la Universidad Nacional del Comahue, hizo la cartografía para este informe).

Fuente: El cohete a la Luna