El 15-M y los movimientos sociales que se fortalecieron gracias a la fuerza que tuvo este movimiento (los movimientos sociales contra los desahucios, contra la reforma laboral, contra la austeridad y contra los retrocesos de los derechos de las mujeres) han sido una reacción contra la gestión neoliberal de una crisis en cuya génesis también se encontraba el neoliberalismo.
Ante estos conflictos, el Estado desarrolló un arsenal policial, judicial y legislativo para reprimir la protesta. La apertura de un nuevo marco de referencia mediante la acción colectiva de los movimientos sociales supuso una reconceptualización del término democracia como garantía de derechos sociales y libertades, y supuso, a la vez, la reclamación de autogestión y de participación de la ciudadanía en la vida política.
Este nuevo marco se convertiría en oportunidad política de los movimientos sociales para cuestionar la actuación del aparato represivo del Estado.
Así, el estudio de la antirepresión en Catalunya demuestra que la represión frente a la protesta ha servido para hacer evidentes los límites del Estado de Derecho.
Si los movimientos sociales han conseguido desenmascarar las relaciones de poder reales, la represión de la protesta, en el caso catalán, ha servido como oportunidad para abrir un debate social –que también ha llegado a las instituciones– sobre el garantismo penal.
Se argumenta que estas contrahegemonías antirrepresivas, aunque limitadas ante un Estado penal creciente, han supuesto un reto para el Estado y su sistema penal