Cárceles de mujeres y desigualdad en época de coronavirus


Reproducimos en forma íntegra, el artículo publicado por la compañera Elisabet Almeda Samaranch, referido a la política represiva llevada adelante por el Reino de España, respecto de las mujeres privadas de su libertad. Las condiciones de detención ante la emergencia sanitaria que implica la pandemia de COVID-19. Columna del Col·lectiu de Solidaritat ambos els Països Catalans de Viedma-Patagones

Cárceles de mujeres y desigualdad en época de coronavirus

Por Elisabet Almeda Samaranch *1

“…A veces pues vivo encerrada en pasillos delirantes con enormes salas de estar donde me siento a leer sueños, hasta que cantan mi número por un altavoz…” (Patricia Heras, del poema Despistes III)

Si lo pienso en primera persona, me paralizo; no se ni por donde empezar …. todo es bastante incomprensible, inverosímil. O, al menos, la razón no me llega suficiente para entender realmente lo que nos está pasando y nos puede ir pasando. Sin embargo, hay una cosa que si la veo tan y tan clara: la desigualdad de todo ello. La desigualdad de los efectos de la pandemia es flagrante con este coronavirus, y es lo primero que me viene a la mente, la desigualdad a nivel social, racial, étnica, residencial, por países o zonas, por edades, por trabajos y, por supuesto , por género. Y, desde mi sofá de casa, monomarental temporal con dos hijos adolescentes, confinada pero no encarcelada, ando por pasillos delirantes con enormes salas de estar, como las que pensaba Patricia. Me encuentro sentada leyendo mis sueños, sin que nadie -más que el real decreto del gobierno español y su modelo securitario de control de contagios por mera represión policial y militar- me llame al orden de mi número. Hago lo que puedo para ir haciendo, sabiendo que todavía vivo cómodamente, y aunque quisiera salir corriendo, lo que realmente me perturba y me hace llorar de rabia e impotencia es no poder hacer lo suficiente para las personas que están sufriendo las consecuencias. Y entre toda esta gente, como siempre, los grupos más vulnerabilizados siguen siendo los más afectados y la pandemia que podía tocar a todos “por igual”, según los comentaristas, opinadores y charlatanes profesionales de siempre, a menudo ignorantes y fuera de la realidad, se distribuye desigualmente y vulnerabilizando más a los que ya lo estaban antes. Y de paso en estos grupos más excluidos, el impacto de género aún es más fuerte y las mujeres, salen las más perjudicadas, como es el caso del colectivo de mujeres en las cárceles que a mí me preocupa especialmente e intento ocuparme de ello desde la investigación activista feminista. Hace tanto tiempo que hablo y que me escucho a mí misma año tras año, diciendo lo mismo, aunque sea con más evidencias y nuevos razonamientos, que la impotencia que ya me agarraba antes -o sea casi hace treinta años, pero también hace un mes-, ahora con el añadido de esta pandemia, no se ni como definirla.

Nos atormentan cada cinco minutos con el crecimiento exponencial de las cifras de muertes en el mundo (con una inabordable angustia bloqueante), incluyendo especialmente la de los famosos y poderosos, como remarcando el carácter indiscriminado y pretendidamente “igualador”, incluso interclase, de la hoz mortal del virus. Este virus, bicho casi corpóreo, humanizado, bélicamente erigido en un enemigo invisible pero que seguro, acecha a los tradicionales espacios de solidaridad comunitaria, en las calles que queríamos siempre nuestras, pero que (¿ahora?) amenazan con políticas de limpieza ciudadana, practicada por policías y militares. La respuesta estatal volcada en la patria, la ley y el orden; la restricción o aniquilación de derechos fundamentales, como consustancial y inescindible de toda política de salud pública eficaz contra la pandemia, eso es lo que nos dicen. Y no me cabe que no se pueda comprender que lo único razonable que nos deberían decir, es que se han de utilizar todos los recursos que tiene el Estado a su alcance para reducir la concentración forzada de personas en los mismos espacios físicos. Las cárceles son uno de esos espacios y hay que actuar. Además de las mejoras indispensables en las condiciones de privación de libertad durante la vigencia de la pandemia, la única medida a gran escala, razonable y adecuada a la finalidad última de como reclama la Organización Mundial de la Salud, evitar la concentración de personas en un mismo espacio físico, es la de reducir muy significativamente la población encarcelada en establecimientos penitenciarios.

“…Durante la última semana se ha apreciado un aumento mundial de la propagación del coronavirus COVID-19… La forma más efectiva de prevenir infecciones y salvar vidas es romper las cadenas de transmisión… [Para ello]… se aprecian las medidas de distanciamiento social, como el cierre de escuelas y la cancelación de eventos deportivos y otras reuniones o concentración de personas…”(Tedros Adhanom Gebreyesus, Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, 16/03/20)

Las cárceles son un polvorín, de hecho, ya lo son hace tiempo o mejor desde siempre; ninguna sorpresa pues, que ahora lo sean más todavía, y las de mujeres como vamos denunciando y explicando una y otra vez, están en condiciones incluso más precarias, más injustas, más discriminadas que las de los hombres … Ahora que en empezábamos a hablar en Catalunya, ahora que tenemos presas políticas, ahora que las políticas también son comunes, porque las comunes también son políticas … ahora que quizás, aprovechando la lamentable situación de persecución de las mujeres en lucha por los derechos de su pueblo, podíamos cambiar algo, ahora, ¿qué haremos ahora? Las instituciones cerradas y totales, como denominamos las sociólogas, y las personas que están recluidas, en residencias de ancianos, centros de menores, internados y cárceles son, hoy por hoy, los grupos más vulnerables de todo lo que está pasando. Lejos de los contactos con familiares, de las amistades, de su entorno habitual, debiendo cumplir más normas que nunca, en doble confinamiento con restricciones de todo tipo y aislamiento cuando no se siguen las normas …

Ha sido una mujer presa, Denis de 78 años, en la prisión de Madrid VII-Estremera, la primera víctima mortal del Covid-19 entre la población reclusa de las cárceles del Estado (al menos hasta el 1 de abril que se sepa). De unas 60.000 personas privadas de libertad, aproximadamente, en todo el reino de España, un 7%, son mujeres. Específicamente, 4.322 mujeres, según el programa de Évole en la Sexta, Tres días en Wad Ras, emitido precisamente el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Día de marcha y lucha feminista donde se suele gritar ,”No estamos todas, faltan las presas”, aunque a veces parece sólo una proclama, pues su apoyo no acaba de estar del todo en la agenda feminista. Aunque, todo hay que decirlo, es la única que de vez en cuando la tiene presente, y son grupos feministas radicales y/o anarquistas los que suelen organizar marchas en las cárceles de mujeres para visibilizar su situación, como las que se hacen antes del 8 de marzo en Wad Ras, en Castellón y en prisiones de otras ciudades del país. Ahora bien, fue justo antes del estallido de la pandemia en Catalunya, que hablaron las presas de Wad Ras por televisión, y unos días después en la misma prisión estalló también la “revuelta” …. Y tenía que ser una mujer presa, también, la primera muerte en las prisiones? Quizá es casualidad, puede que no … ¿Y tenía que ser en los módulos de mujeres de Wad Ras, visibilizados en la televisión una semana antes, donde se iniciara una huelga de hambre? … Coincidencias, eso huele…

Las informaciones sobre que está pasando en el interior de las prisiones, tanto en Països Catalans como en todo el mundo, están llegando a través de las redes sociales y de algunos diarios alternativos que empiezan a hacerse eco: cómo se organizan las personas encarceladas para reclamar derechos, todas las dificultades que se tienen en este periodo de pandemia, los motines, los disturbios, las protestas, las huelgas de hambre, las fugas, las muertes, los manifiestos de apoyo o concentraciones fuera de los centros para apoyar cambios de las políticas penitenciarias y penales y también, que no menos importante, la autogestión de las propias presas y presos que se están coordinando para poderse proteger activamente entre ellas y entre ellos, algunas fomentando radios para comunicar sus demandas o haciendo brigadas de limpieza y de comidas para disminuir contactos con el funcionariado, resistencias en prisión, demasiado a menudo olvidadas.

A raíz de la pandemia, ha muerto una mujer presa, pero también un funcionario de la prisión de Alicante I, en Fontcalent; 111 funcionarios/as y 7 internos/as han dado positivo de coronavirus en el sistema penitenciario español y 245 presas/os y 870 funcionarios/as están en cuarentena; en Catalunya, 48 internas/os y 43 funcionarias/os han dado positivo de Coronavirus. Estos son los datos, un baile de cifras, son las oficiales que salen en los medios, pero se comenta que las reales son muchas más, como suele ser habitual … De momento en Catalunya, huelga de hambre en Wad Ras, huelga de hambre y motín en Brians I; en el resto del Estado protestas y motines en la prisión de Fontcalent, Soto del Real, Ocaña, Picassent y seguirán … Sin embargo, no hay que olvidar tampoco ni dejar de decir que antes de la pandemia, cada semana, moría en las cárceles españolas, un promedio de cuatro personas, por sobredosis, por enfermedades infecciosas, por suicidio o por otras razones, pero de ello se hacía muy poco eco en la prensa o los medios.

Hace semanas que me ha llegado, desde las redes sociales, la huelga de hambre de algunas mujeres presas en Wad Ras, que ya comenzó a mediados de marzo a raíz de la prohibición de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de todas las visitas familiares a los centros penitenciarios del Principado. La gran mayoría de mujeres presas son madres (más del 80%) y de éstas la mayoría son madres monomarentales (más del 60% del total de mujeres presas -tres de cada cuatro que son madres, y ya lo eran antes de ingresar en prisión). Todas ellas, madres de niñas y niños menores de edad que, cuando pueden, van a visitarlas con otros familiares. Claramente, suspender totalmente los vis a vis, pero también las visitas a través de los cristales (los locutorios) de los familiares, de los hijos e hijas, de las parejas o de los amigos/as, no es obviamente una solución. A raíz de la huelga, las mujeres presas de Wad Ras pedían no tener contacto con la mayoría de los tutores, tutoras y funcionariado, ésta era la reclamación central. En todo caso, y supletoriamente se pedía que se les obligara a ponerse mascarillas y guantes, sabiendo que son estas trabajadoras las personas que, justamente, más pueden contagiar y transmitir el virus dentro de las cárceles, ya que a diferencia de las visitas de los familiares y entornos de las presas, el contacto de ellas con las mujeres encarceladas es diario, directo, ingresando y salgan cada día de la prisión. Mientras que la suspensión de las visitas familiares no hace más que contribuir a la opacidad del sistema carcelario y lesionar todavía más los vínculos afectivos de las personas que cuidan a las personas presas -generalmente mujeres-, de las criaturas que las tienen como referente de pertenencia y de las propias mujeres privadas de libertad.

Cuando comenzaba la huelga de hambre, una de las mujeres presas en Wad Ras ya tenía el virus del Covid-19 y no había sido aislada, otras tenían síntomas y no les hacían, y siguen sin hacerles, las pruebas pertinentes. Y la primera solución de nuestra administración penitenciaria con la huelga, fue aislar sus “lideresas”, y cambiarlas de prisión. ¿Y de la huelga que se ha hecho ?. ¿Que querían “ahora” las presas en este momento tan difícil para toda la población? ¿Qué reclamaban? Las presas querían lo mismo que todas: protección, seguridad, y sobre todo una dosis mínima de humanidad que las haga sentir que también son personas y que las tenemos que cuidar; facilidades para que no se pueda transmitir el virus por parte del funcionariado; distanciamiento social pero, no aislamiento vincular. ¿O no se va a la farmacia y, a través de un vidrio, nos pasan la medicación, si es necesario? El contacto con el exterior, con la familia, con las amistades, con el “afuera”, además de un derecho que sólo debe restringirse cuando no hay otra medida más adecuada, es también como una “medicina” cuando una está presa y encerrada. Ya hace más de un siglo que esto se sabe desde la investigación científica en el ámbito de la criminología crítica y la psicología clínica y forense, pero con un golpe de pluma, por la cara, se lo han cargado. Con protección y seguridad, ¿porque no pueden las familias visitar de alguna manera a sus presos y presas?, ¿porque no se habilita la tecnología, aunque sea, para poder virtualmente visitarse?. ¿No hay ordenadores en las cárceles? Me dicen que gracias a las reclamaciones de las entidades de derechos humanos, algunas cárceles ya lo hacen. ¿Cuáles son? ¿Porque no lo hacen todas?. En otros países, se están repartido celulares a las personas encarceladas de algunos centros para que puedan estar en contacto con sus familiares mientras dure la emergencia sanitaria. Dicen que en Catalunya se han repartido unos 230 aparatos en las cárceles, y al reino de España, unos 250; pero claro, no es suficiente: los números cantan … La población reclusa asciende a 8.274 personas en Catalunya (04/08/20) y ya hemos dicho que hay más de 60.000 personas en las cárceles españolas. Porque, en las cárceles de mujeres aún no han llegado.


La huelga de hambre de Wad Ras ha hecho que el funcionariado se pusiera, al cabo de unos días, mascarillas y guantes y también que se facilitase un número de cuenta para hacer ingresos desde el exterior … Ya han aislado a algunas mujeres con coronavirus o por tener síntomas, aunque falta información sobre la situación que viven todas ellas (las mujeres sufren para saber cómo están sus compañeras). En Catalunya se ha iniciado un plan piloto en la cárcel de Quatre Camins, durante este periodo de emergencia, para implementar el sistema de video llamadas familiares -con la compra que decíamos de móviles-, que se quiere extender a todos los centros penitenciarios catalanes, así como para establecer llamadas gratuitas y ofrecer televisión a todos los reclusos que no tengan recursos económicos. Sin embargo, no basta con estas medidas. En Wad Ras y seguramente en otras cárceles, sigue faltando material de protección; no habiendo suficientes comunicaciones con los familiares; las cartas tardan más que nunca en llegar; los talleres productivos han cerrado; las actividades lúdicas se han reducido; no hay suficientes espacios para poder aislar los casos de personas positivas de la coronavirus. Para hacer la cuarentena, como en todos los casos extramuros en que es necesaria, el aislamiento debe hacerse en instalaciones médicas y no en una celda. Las mujeres de Wad Ras también reclaman que se habiliten videoconferencias de 15 a 20 minutos con el compromiso de gestionarlas ellas; más alternativas para pasar mejor el tiempo en el interior de los centros teniendo en cuenta todas las limitaciones que está comportando la coronavirus: posibilidades de clases de escuela online, mayor utilización del gimnasio, más tiempo libre en el patio y que, ya que se les ha facilitado más llamadas telefónicas, dinero también para poder hacerlas.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el índice de patologías de la población penitenciaria es mayor que el de la población en libertad, una parte importante ya padece enfermedades infecto contagiosas previas a esta pandemia, como la Hepatitis u otras, y, como se indican en muchos estudios, los trastornos mentales graves también están muy presentes. Factores todos ellos que aumentan aún más los riesgos de sobrevivir ante un contagio por el Covid-19 en las cárceles y que hacen más que prioritario la salida inmediata de muchos de los colectivos encarcelados. Además, se han suspendido las salidas programadas y tractamentales y la entrada de voluntariado; se están aplazando las juntas de tratamiento que deciden si se puede acceder a beneficios penitenciarios, a permisos o progresiones de grado (es decir, se aplaza el cumplimiento de derechos esenciales de personas privadas de libertad, a través de simples decisiones administrativas, muchas veces ni siquiera escritas). También se están posponiendo juicios, con lo cual muchas mujeres ven peligrar su libertad y otras que están en situación de preventivas -sobre todo en Wad Ras, donde son la mayoría- están a la espera de un juicio que no se sabe cuándo se celebrará. Por ello, como ya hemos dicho y tal como piden urgentemente varias entidades de derechos humanos (como el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos-OSPDH y el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos-Irídia, entre otros) hay que prevenir y minimizar el impacto del Covid-19, reduciendo significativamente la población encarcelada y también revisando las situaciones de prisión preventiva que se puedan evitar.


Las mujeres de Wad Ras reclaman eso mismo: que las mujeres en espera de juicio puedan tener medidas alternativas fuera de la prisión; que las extranjeras tengan la opción de retornar a sus países; que las mujeres clasificadas en segundo grado con permisos aprobados tengan la posibilidad de volver a sus domicilios con medidas telemáticas; que las que tienen más de la mitad de la condena cumplida o las que tienen enfermedades con patologías graves se les den indultos, medidas telemáticas o libertades condicionales. Y que parte del funcionariado del centro (una tercera parte de la plantilla ya está de baja) continúe trabajando, para no retrasar las fechas de revisiones de grado y los permisos de salida, especialmente en el caso de las madres, para que puedan estar más tiempo con sus hijas e hijos.

Otras medidas que se podrían establecer, son decretar la libertad, avanzar el fin de las condenas o medidas alternativas al encarcelamiento, como el cumplimiento de la pena a domicilio con monitorización electrónica, a varios colectivos, por ejemplo: a)todas las presas/os que han cumplido ¾ partes de la condena; b)los y las personas presas mayores de 70 años, sobre todo si tienen enfermedades crónicas o terminales; c)las mujeres embarazadas; d)las que viven en los Departamentos maternales con sus hijos e hijas -que en Catalunya, no llegan a las 20 mujeres- y e)las mujeres condenadas a penas menores de 5 años, ya que su vida puede estar en riesgo por la situación actual de pandemia y si son madres, puede afectar a la desprotección de sus hijas e hijos.


Hay que recordar que la gran mayoría de mujeres están condenadas por delitos menores contra la propiedad o relacionados con el microtráfico de sustancias estupefacientes de consumo o uso abusivo, no permitido, justamente, por las mismas autoridades sanitarias que exigen evitar la concentración de personas, aunque a ellas, las fuerzan, a la vez, a la convivencia masificada y concentrada con otros cientos de personas. Delitos que, en general, no implican ni el uso de la violencia, ni crean alarma o riesgo social. Como bien se afirma en el manifiesto de las compañeras feministas y de entidades de derechos humanos de Ecuador que piden la excarcelación de las mujeres presas (“Es justo liberarlas”), se trata de delitos fruto de la pobreza, propios de infractoras descartables para las mafias y redes de narcotráfico y que muchas de ellas no delinquirían si existieran verdaderas alternativas laborales. Viven masificadas en las cárceles y la mayoría han sido separadas de sus criaturas que acaban viviendo en la precariedad, arrimadas en sus propios grupos familiares o institucionalizadas en centros y, por tanto, todas ellas debilitadas por la privación del vínculo materno que constituye el modelo dominante del cuidado en nuestra sociedad. Por eso mismo, también la OMS insta a priorizar las medidas alternativas a la pena privativa de libertad para las mujeres con hijas e hijos dependientes.

Igualmente, se debería decretar la libertad y/o confinamiento domiciliario a las personas clasificadas en tercer grado o en las que lo están en segundo grado y que salen a trabajar o a hacer voluntariado, según artículo 100.2, como es el caso de las presas políticas Carme Forcadell y Dolors Bassa (y también de sus homólogos masculinos) y que según recomendaciones de la OMS, deberían progresar directamente a tercer grado con el fin de aplicarles la medida de semi libertad. Del mismo modo se expresaba el Síndic de Greuges, que siguiendo estas mismas recomendaciones, proponía también progresar a tercer grado siempre que se constate la capacidad de llevar un régimen de vida en semi libertad, sea un perfil de escasa peligrosidad, se tenga apoyo social y familiar y se esté dispuesto a someterse a otro tipo de control. De hecho, esta progresión de grado, con el correspondiente confinamiento domiciliario, ya se ha hecho en algunos casos por parte de algunas juntas de tratamiento de prisiones de Catalunya, y en algunas otras del Estado. Pero, desgraciadamente, no a las de Mas d’Enric, Puig de les Basses y Lledoners, donde no ha podido salir ninguna persona presa afectada por el artículo 100.2, debido precisamente, a que allí están, respectivamente, “ellas y ellos “, presas y presos políticos por la lucha en defensa de los derechos del pueblo catalán. Además, según el Tribunal Supremo, si el funcionariado quisiera autorizarlo en estos casos, podría incurrir en un delito de “prevaricación”. Por tanto, entre las amenazas de represalias y para no sentar ningún precedente, la “solución” de las juntas de estos centros ha sido que ninguna persona presa, y no sólo “ellas o ellos”, pueda salir beneficiada. Claramente y sin embudos, sin transparentar una argumentación coherente. O yo, una vez más, sin la razón suficiente para entenderlos, no puedo más que inquirir que se trata de penalizar todavía más a todas ellas y, además, a su entorno cotidiano más cercano en el interior de la prisión. ¿Qué sentido tiene, sino? ¿Qué otro que el sentido del castigo, la venganza y la retribución como función de la pena de prisión por los presos y presas políticas catalanas? Estamos, otra vez, volviendo cien años atrás2

Todas estas medidas que hacen hincapié en excarcelar y reducir la cantidad de personas presas en establecimientos penitenciarios, atendiendo sobre todo a motivos sanitarios -que se convierten en motivos jurídicos de mayor jerarquía que las motivaciones de las normas de privación de libertad-, junto con aquellas otras que proponen la mejora de las condiciones de encarcelamiento de la pequeña parte que debería continuar encerrada en establecimientos penitenciarios durante la pandemia, también han sido recomendadas por el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (https://rm.coe.int/16809e0a89), y por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Además y de manera expresa, como hemos reiterado a lo largo del escrito, por la Organización Mundial de la Salud que ha publicado una guía específica del tema. En el documento, se insta a los Estados a considerar las medidas no privativas de libertad, y dar prioridad a aquellas personas recluidas con perfiles bajos de riesgo y especialmente vulnerables, dando preferencia, entre otros, a las mujeres embarazadas ya las que tienen hijos o hijas dependientes (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1).


El conjunto de medidas anteriormente mencionadas, lejos de construcciones teóricas o mera retórica, son del todo viables en la práctica, como demuestra el hecho de que están siendo aplicadas por varios países del mundo, proponiendo conmutación de sentencias, libertades anticipadas, libertades condicionales, o reevaluación de las necesidades de continuidad del internamiento involuntario de pacientes psiquiátricos. Francia, Italia, Alemania, Turquía y Argentina, entre otros, están excarcelado cada día más personas encarceladas por motivos de la crisis sanitaria desatada. Países como Irán o Noruega lo hacen masivamente, dando permiso a unos 70.000 presos y presas para que estén en casa privados de libertad (confinados en lugares sin concentración de personas ni aislamiento vincular), o avanzando la liberación de 126 presos y presas (de un total de 3000 personas presas), respectivamente (CTXT, núm. 259, Abril).

De igual forma, todas las medidas, se podrían aplicar de una u otra manera en las cárceles catalanas o españolas, tal y como han reclamado muchas entidades de derechos humanos, como Acope, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, el Colectivo Cassandra, grupo de apoyo de presos/as de Lleida, el Colectivo de apoyo a Mujeres Presas en Aragón, Salhaketa, el OSPDH, Irídia, la Coordinadora de Barrios, Familiares de presos en Cataluña, entre muchas otras. Han hecho comunicados para reclamarlas y denunciar que ni en España, ni en Catalunya, se está actuando conforme a los criterios recomendados por la OMS o el Consejo de Europa para afrontar la crisis de la concentración de personas en las cárceles a raíz de la pandemia. Por otra parte, y desde otras perspectivas, como la de los sindicatos de funcionarios de prisiones en Catalunya y en España, también se está denunciando la mala gestión de la pandemia en las cárceles y su poca participación en las decisiones que se han ido tomando; piden más personal, más equipos de protección y más tests de detección del virus para controlar la enfermedad.

“…Que el reclutamiento de la sociedad libre nos sirva como excusa para denunciar el abandono sistemático al que sometemos a las personas preses…”, nos comenta Andrea Momoitio (Pikara, 8/4/20).

“…Per això, penso que si l’estada a la presó dels presos polítics i les preses polítiques serveix perquè es coneguin més i millorin, em sentiré útil i el nostre empresonament no haurà estat en va…”, ens planteja la Carme Forcadell (VilaWeb, 3/4/20).

“…Estar encerrado supone no solamente la pérdida de la libertad de relacionarse con otras personas, de movimiento, de autonomía en las decisiones, de la posibilidad de ser feliz. La cárcel, con la enorme carga de castigo que supone, posibilita el sufrimiento, la violencia entre presxs y funcionarios, la alienación bloqueante del desarrollo intelectual, la dependencia absoluta de la administración de los afectos, la posibilidad de tener una alimentación equilibrada… La cárcel es una suma de prohibiciones y castigos que, en demasiadas ocasiones, pueden conducir a la muerte…”, nos alerta ayer, hoy y siempre, Daniel Pont, de la Coordinadora de Presos Españoles en Lucha-COPEL (Pikara, 08/04/20).


Es necesario actuar decididamente contra esta ceguera, no sólo para dar cabal cumplimiento a los derechos de las personas privadas de libertad, sino también para el bienestar del conjunto de la sociedad. Pensar y repensar, en cada contexto y realidad y desde un posicionamiento crítico y feminista, que es lo que se puede hacer. Pedir mecanismos de inserción residencial extramuros inmediato de muchos de los colectivos encarcelados. Se ha de esponjar la prisión, y aunque en algunos casos ya se este haciendo, hay que ir mucho más allá todavía. Esto no sólo contribuirá a proteger la vida de muchas personas presas, sino que también disminuirá la masificación en las cárceles y creará una situación mucho más adecuada y segura para la población encarcelada que todavía quedará, y para el propio funcionariado que ahí trabaja. A la vez, se debe aplicar un plan serio de protección sanitaria para todos ellos y ellas, y hacerlo público y transparente para que la ciudadanía tenga constancia.

Ciertamente, el sistema penitenciario no cuenta, hoy por hoy, ni con los recursos ni con el personal sanitario suficiente para hacer frente al desafío que supone esta pandemia en las cárceles. Sin embargo, el Estado está obligado a proteger las vidas de las personas privadas de libertad y sino actúa de manera urgente para reducir la población, y mejorar las condiciones sanitarias de las cárceles para la pequeña parte de personas que tengan que estar recluidas, podemos estar condenando a muchas otras a la enfermedad e incluso a la muerte. Como se está haciendo por parte de muchos gobiernos del mundo, Catalunya, su sociedad y su gobierno -que tiene competencia exclusiva en políticas de ejecución penal-, tenemos el deber de ingresar y contener comunitariamente en lugares sin masividad convivencial -como los hogares familiares-, a la mayor parte de personas presas, para reducir la concentración de personas en un mismo espacio físico cerrado y contener así la principal causa de la expansión del Covid-19 en el territorio.

Es necesaria la solidaridad social con todas las personas encarceladas en los centros penitenciarios de Catalunya y de todo el Estado español, escuchando sus demandas, exigiendo a la administración competente que así lo haga, habilitando los mecanismos de mediación para canalizar sus reclamaciones de manera transparente y clara, incluyendo el conocimiento de lo que está pasando en todos los centros penitenciarios, sin olvidar los de mujeres, el reconocimiento de sus especificidades y de los vínculos que las atraviesan.

No todas las cuarentenas de distanciamiento social son iguales. Reducimos la desigualdad de la coronavirus y hagámoslo ya.

*Elisabet Almeda Samaranch. Feministes per la Independència- Ca la Dona (17/4/2020).

Notas

1 Este artículo es una traducción al castellano del aparecido originariamente en catalán en la web de Ca la Dona (15 abril 2020) https://caladona.org/presons-de-dones-i-desigualtat-en-epoca-de-corona-virus/

2En el momento de traducción de este artículo, cabe aclarar que algunos presos políticos catalanes han podido salir de sus prisiones, beneficiándose del artículo 100.2, aunque no han sido ellas ni todos ellos .

Fuente: Ca la Dona