Derecho al suelo (nada que ver con el derecho penal)


 

 

Por Dino Di Nella

El acceso al suelo, la vivienda y el hábitat urbano como derechos de características propias e inseparables para el desarrollo humano, constituyen uno de los principales problemas sociales contemporáneos.

En Argentina existe una extensa bibliografía acerca de los obstáculos que dificultan el acceso a la tierra en los sectores populares. Entre esta producción, encontramos trabajos referidos a la organización, conformación, modalidades de asentamientos y características de los mismos dependiendo si estos son colectivos o particulares, y el vínculo entre los asentamientos y el Estado dependiendo el modelo económico, sobre asentamientos en territorios de comunidades originarias, y sobre cómo los modelos desarrollistas entran en colisión con los modos de vida de las poblaciones originarias y campesinas, y amenazan la preservación de los recursos esenciales para la vida.

Otras investigaciones se han centrado en demostrar la falta de políticas públicas referentes a la vivienda, el escaso presupuesto destinado a la mejora habitacional y a solventar la demanda social. Hay investigaciones destinadas a establecer políticas de suelo, y la indagación sobre las “tomas de tierras”, de manera que permita la integración social de los grupos segregados y apartados de las grandes urbes. Y otras que incorporan el hábitat como derecho y forma de integración socio-espacial.

Sin embargo, la gran mayoría de estos estudios se realiza sobre diversas zonas urbanas de la CABA y el conurbano bonaerense.

Las localidades en la Patagonia, tan distantes entre sí, encuentran exacerbadas –como factor explicativo- las relaciones y dinámicas de proximidad, que acentúan los entramados de sus tejidos culturales, religiosos, sociales, económicos y políticos locales. Por ello, permiten observar y comprender de manera privilegiada las tendencias, tensiones y contradicciones ya anclados a determinados modos de desarrollo, de configuración familiar y de actividad social y económica que le son propias.

Así, Santiago Bachiller (de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral) problematiza la toma de tierras y las dificultades de acceso al suelo urbano desde una perspectiva regional patagónica, especialmente para los casos de Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn. Graciela Landriscini (de la Universidad Nacional del Comahue) analiza el crecimiento de Neuquén y su área de influencia. Jorge Paolinelli, Tomás Guevara y Guillermo Oglietti abordaron la propuesta de un “Impuesto a los bienes urbanos ociosos”, realizando un estudio comparativo de normativas municipales, incluyendo algunas cercanas como la de Bariloche.

En cuanto a la ciudad de Viedma, Osvaldo Alonso (del Centro Universitario Zona Atlántica-UNCOma) coordinó un trabajo colectivo en el que aborda los mecanismos formales e informales de participación ciudadana en las políticas de acceso a la vivienda, y la fortaleza o no de la sociedad civil en la toma de decisiones. Otro de los más importantes estudios para la localidad  (aunque permanece inédito) es también el de Luciano Videla, quien describe y analiza las políticas públicas de acceso al suelo y la vivienda de Viedma, durante el período comprendido entre los años 2002 y 2015.

Conforme dicho trabajo, observamos el despliegue, desde los actores públicos locales, de dos estrategias fundamentales. Por un lado se procuró movilizar el suelo ocioso privado, en manos de sectores que especulan con que el crecimiento de la ciudad valorizará sus terrenos inmuebles. Y por otro lado, se procuró una política de loteos sociales, basada en la entrega de terrenos a sectores vulnerables. Ambas políticas (movilización del suelo ocioso privado y lotes sociales) diferirían en los destinatarios y en las herramientas, pero confluirían en un objetivo: intervenir en el mercado para lograr que determinados sectores sociales vean satisfechas o facilitadas sus demandas de acceso a un terreno.

Con esos fines se dictaron 6 normativas municipales: la del Fondo de Desarrollo Habitacional, la Ordenanza de incentivo al desarrollo urbano, la Ordenanza de resarcimiento urbano, la norma sobre suelo ocioso, el nuevo régimen fiscal para venta de lotes y la Ordenanza para lotes Procrear. Ello confluyó a su vez, con una impresionante mejora de muchos de los índices sociales (empleo, pobreza, indigencia) de la ciudad de Viedma en dicho período.

Sin embargo, el contraste con los datos duros de la demanda insatisfecha de acceso al suelo y la vivienda es notorio. Videla ilustra la cuestión destacando que mientras el último censo registró 22 mil hogares en Viedma, la última inscripción de solicitantes de viviendas tiene anotadas 4960 familias. Ello implica un déficit estructural y autopercibido en más del 22%.

En cualquier caso, lo que se visualiza con claridad es que todo ello tracciona a los grupos de convivencia y crianza de bajos recursos hacia el hacinamiento habitacional en unidades habitacionales de barrios periféricos. Y, eventualmente, al asentamiento en espacios o tierras ocupadas en infracción a normas administrativas o de ordenamiento urbano.

En efecto, es en ese contexto que en igual período se produjeron una docena de estos asentamientos. Hoy, cinco de ellos fueron “regularizados” por el Estado, mientras que los siete restantes permanecen como asentamientos precarios consolidados en condiciones de insalubridad y clara afectación de su hábitat. Vale la pena, entonces dice Videla analizar el impacto real de estas normativas en las políticas públicas de acceso al suelo y la vivienda.

Mientras tanto, las mentadas infracciones a normas administrativas o de ordenamiento urbano mutan en su naturaleza jurídica, para ser usadas como excusa jurídica una nueva intervención del Estado gendarme, que reprimirá y criminalizará el tipo de ejercicio de derechos al suelo, la vivienda y el hábitat al que el propio Estado y Mercado empujó.

No obstante, la estigmatización y criminalización de estos sectores populares de Viedma no ha logrado amedrentarlos. En parte porque ya no hay susto que valga, y en parte porque -aun asustados- las necesidades que movilizan hacia los asentamientos están ahí, son vitales y siguen intactas. De uno u otro modo, continúan sus estrategias de protesta, resistencia social y desobediencia legal, autogestionándose de manera espontánea o planificada la ocupación de tierras urbanas y la edificación residencial cooperativa o asociativa desde las redes de solidaridad informal.

En cualquier caso, lo que resulta patente es que el rol del Estado de bienestar y la economía de mercado han resultado determinantes de la desatención de las demandas sociales y jurídicas de la población más vulnerable respecto de su acceso al suelo, la vivienda y el hábitat. Los constantes asentamientos urbanos y rurales en infracción a normas administrativas o códigos urbanos que a lo largo de la historia se vienen produciendo, no pueden ser entendidos sino a la luz de esta realidad.

Por mucho que quieran estigmatizarlas, los asentamientos apenas son la usurpación ocasional de los eternos privilegios de la clase dominante local (sea por su injustificada acumulación de propiedades privadas, o sea por la simple detentación suntuosa de tierras y viviendas con fines puramente especulativos). Y nada más y nada menos, que para ser puestos al servicio directo del ejercicio efectivo de estos derechos fundamentales al suelo, la vivienda y el hábitat. Nada que ver con el derecho penal.