La Cámara Federal de Casación Penal dispone la adopción de medidas frente a la situación del COVID-19 y las personas privadas de la libertad. La decisión fue firmada por la presidenta de la Cámara, Ángela Ledesma, en consulta con los jueces Gustavo Hornos y Alejandro Slokar.
Se trata de tomar en consideración las recomendaciones que fueran dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a las personas privadas de la libertad y el estado de emergencia sanitaria a nivel global.
Así, se dispone que los órganos de la jurisdicción adopten los recaudos pertinentes tomando medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad, incluyendo la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de contagio del virus COVID-19.
Por otra parte, que dichos órganos realicen la evaluación también de la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en riesgo ya sean personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir con la condena.
En esta dirección fue la propia Cámara quien días atrás concedió el beneficio del arresto domiciliario a dos mujeres, entendiendo que las mismas estaban comprendidas dentro de los denominados grupos de riesgo o corría especial riesgo su salud habitando una institución penitenciaria.
Accedé al Comunicado de prensa de la CIDH del pasado 2 de abril de 2020.
Fuente: Palabras del Derecho