Megaminería: una actividad insustentable y sin licencia social


En sólo cuatro días, más de 700 científicas/os, investigadores/as, docentes y trabajadores/as de salud, y decenas de organizaciones, sindicatos y asociaciones adhirieron a la Declaración interdisciplinaria, que tiene como objetivo desarmar los argumentos pro-mineros.

 Los últimos días de diciembre pasado el pueblo mendocino salió a la calle contra la modificación de la Ley 7722. Esta prohíbe la utilización de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en procesos de explotación minera y, de este modo, protege el agua. Esto implicó un nuevo hito en un largo proceso de conflictividad en torno de la actividad de la minería de gran escala (megaminería) y sus implicancias socio-ambientales. Lo que detonó este nuevo hito es un renovado intento por ampliar la frontera de la megaminería, procurando forzar su habilitación en provincias donde el rechazo social ya había logrado plasmarse en resguardo jurídico. Es ése el propósito de quienes intentan modificar la Ley n° 7722 en Mendoza, la Ley n° 5001 en Chubut y la Ley Nacional de Glaciares. Y es para frenar la avanzada de la megaminería que el pueblo salió a la calle.

A pesar de que se logró frenar la modificación de la ley mendocina, los intentos por modificar la legislación para habilitar la megaminería continúan: comenzaron a circular en los medios una serie de argumentos discutibles y sesgados (pro-mineros), que favorecen la implementación de nuevos proyectos de megaminería en el país.

En este contexto, 33 investigadores/as de diferentes disciplinas (geólogxs, geografxs, sociologxs, biologxs, economistxs, filósofxs, psicólogxs, físicxs, etc), todos/as con pertenencia laboral en el CONICET o Universidades Nacionales, nos juntamos a trabajar en una declaración que abordara cada uno de los argumentos que circulaban y los pusiera en discusión utilizando la bibliografía académica del tema y los datos de organismo públicos, como el INDEC o la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo que nos motivó fue nuestra fuerte preocupación por las consecuencias que la megaminería tiene sobre nuestra salud y nuestros territorios.

Seis argumentos truchos

En el documento (https://cutt.ly/arVwRiR), ponemos sobre la mesa del debate seis argumentos que se suelen emplear para defender la actividad de la megaminería, y los refutamos con evidencia científica. En general, estos argumentos sostienen que la actividad no es contaminante si se realiza de manera correcta, no perjudica a la salud, genera empleo y diversificación de la economía a nivel local, que no se puede prescindir de ella, y que no existen alternativas locales a esta.

A diferencia de la minería tradicional, la megaminería (o minería a gran escala) es una actividad relativamente moderna. Se realiza usualmente “a cielo abierto” e implica el uso de técnicas de alto impacto ambiental. Mediante la utilización de explosivos se producen voladuras de grandes volúmenes de roca donde se encuentra el mineral de interés. Así se forman escalones que dan lugar al “tajo abierto” donde se aplican tratamientos químicos que separan los metales de la roca. El químico a utilizar depende del tipo de yacimiento, pero suelen ser sustancias de alta toxicidad. Los desechos se descartan en los diques de cola, que son extensos cuerpos de agua artificiales donde se depositan los millones de litros de agua “enriquecidos” con químicos y metales pesados como plomo, cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, arsénico, entre otros. Uno de los aspectos fundamentales de esta metodología es que utiliza grandes cantidades de agua, en zonas de Argentina donde generalmente es escasa, y contamina las cuencas hídricas con los metales y químicos mencionados. El drenaje ácido, las filtraciones de los diques de cola hacia las napas y los ríos, así como otras formas de contaminación, son efectos comprobados y, a veces, comienzan después del cierre de la mina y de que las empresas se hayan retirado. Se han reportado más de 30 liberaciones accidentales de cianuro a gran escala en aguas comunes (ríos, lagunas, etc.) desde 1975 (hasta el 2000) en distintos lugares del mundo. En todos los casos, los efectos sobre las poblaciones y los ecosistemas han sido altamente perjudiciales. Las liberaciones de cianuro fueron fuente de intoxicación aguda o crónica en las poblaciones humanas, tanto a través del agua, el consumo de animales contaminados, o incluso el aire. También fueron la causa de una alta mortalidad de animales regionales. Entre los ejemplos más drásticos, pueden contarse:

  • El mayor colapso de diques de colas en la historia minera mundial, de dos represas de la empresa Samarco, que liberó 55 millones de m3 de lodo tóxico en el estado de Minas Gerais, Brasil (2015), causando 19 muertos, contaminando 670 km del río Doce y causando incontables daños a la fauna y la flora.
  • La ruptura del dique de cola por “accidente” en otra mina de Vale (2019) que sepultó en lodo tóxico a la población de Brumadinho, dejando 270 muertos, y daños irreversibles en el mismo estado.
  • Los cuatro derrames de unos cinco millones de litros de agua cianurada en cuencas hídricas por parte de Barrick Gold, en San Juan (2015-2017), el primero de los cuales fue el peor accidente minero ambiental de la historia de nuestro país, e implicó irreversibles daños para el ecosistema y la población loca.
  • El derrame de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, México, (2019) que produjo daños a las poblaciones aledañas y una elevada mortalidad de la fauna local, por parte del mismo Grupo México, cuya empresa Buenavista del Cobre había vertido 40.000 metros cúbicos de desechos tóxicos en 2014 en el agua del río Sonora.

Estos “accidentes”, lejos de ser excepcionales, ponen en evidencia los riesgos de actividad y las tensiones entre las empresas mineras y los gobiernos regionales y nacionales. Es por esto que algunas técnicas megamineras han sido prohibidas en países centrales e incluso el Parlamento Europeo, por amplia mayoría, aprobó pedidos a la Comisión Europea de que prohibiera el cianuro en minería en 2010 y 2017. Sin embargo, en la Argentina, la megaminería se convirtió en política de estado desde los ‘90, y los primeros emprendimientos de megaminería empezaron a funcionar a fines de esa década. Menem facilitó el ejercicio por parte de empresas extranjeras. La actividad creció un 3311% desde el 2002 al 2011. Siete provincias habilitaron la actividad (Catamarca, Río Negro, La Rioja, San Juan, Santa Cruz, Salta y Jujuy). Sin embargo, gracias a la lucha de asambleas y movimientos socio-ambientales, en siete provincias (Chubut, Mendoza, Córdoba, San Luis, Tucumán, La Pampa, Tierra del Fuego) rigen leyes que restringen fuertemente la minería metalífera, mediante prohibiciones de diverso tipo.

Entonces, si es una actividad que involucra semejantes riesgos sobre la salud de las poblaciones regionales y sobre la economía regional (impactada por la falta de agua, y la contaminación de fuentes de agua comunes): ¿Por qué se insiste su implementación?

¿Cuántos empleos?

Otro de los argumentos centrales es que la actividad genera empleo y diversificación de la economía regional. Ambos argumentos devienen de análisis unilaterales (o sea sin evaluar el conjunto de la economía regional) y sesgados. Donde se implementa un emprendimiento de megaminería, las consecuencias sobre el resto de las actividades económicas regionales suele ser desfavorables, ya sea por la limitación de fuentes de agua (en donde el agua es limitada) o  por la contaminación. Por otra parte, en los últimos 23 años, el total de la minería (metalífera, no metalífera, y principalmente hidrocarburífera) ha generado sólo el 1,15% del empleo total, en comparación con el 5,9% de la ganadería, agricultura y silvicultura. En el 2º trimestre de 2019 hubo sólo 9.653 empleos directos en extracción de minerales metalíferos en todo el país, apenas 0,08% del total de 12,1 millones de trabajadores registrados.

En la megaminería, por ser una actividad capital-intensiva, la generación de empleo es ínfima en relación al monto de las inversiones: en promedio, genera un puesto de trabajo por cada millón de dólares invertido. De este modo, cuando una corporación megaminera se instala en una economía local, esta no se diversifica, sino que, muy por el contrario, tiende a contraerse al pasar a depender casi exclusivamente de la megaminería (e incluso de una sola empresa) para la generación de empleo y riqueza, destruyendo empleo por sus impactos potencialmente negativos sobre otras actividades locales, como la agricultura, la ganadería y, el turismo, aumentando los niveles de pobreza local.

¿Es un mal necesario?

Otro de los argumentos es que siempre existió la minería y no podemos vivir o desarrollarnos económicamente sin ella. Lo que esta discusión no es la minería en sí sino la megaminería.  Gran parte de los yacimientos de megaminería extraen principalmente oro y plata. La extracción de metales preciosos se utiliza, principalmente, para acumulación de riquezas y reservas para las clases altas del mundo. Desde fines de la década de los noventa la minería metalífera fue ganando terreno a la producción minera total. Más del 70% del oro que se extrae en Argentina se utiliza para reservas de otros países, y está vinculado, principalmente a su uso como patrón monetario: no es cierto que sea imprescindible su extracción (Luna, 2015).

Sólo una proporción menor de metales que se extraen son utilizados para fabricar equipos electrónicos. Aquí la discusión se vuelve más compleja, como en el caso del litio. Sin embargo, a modo de ejemplo, en una computadora de escritorio, el 25% es recuperable, el 72% corresponde a material reciclable y sólo el 3% son desechos contaminantes. Durante la década 2010-2019, los usos tecnológicos representaron sólo 8% de la demanda mundial de oro, contra 51% de la joyería y 41% de privados y bancos centrales para lingotes, monedas y otras formas de acumulación.

Entonces, resta preguntarnos qué aporta realmente a nuestro desarrollo nacional o regional este tipo de actividad extractiva, sumamente intensiva.

Repercusiones de la Declaración

El debate, que surgió de la movilización masiva en Mendoza y Chubut, ha tomado un carácter federal. Pero no sólo eso, la declaración ha logrado involucrar en el mismo a más de 700 científicas/os, investigadores/as, docentes y trabajadores/as de salud, y decenas de organizaciones, sindicatos y asociaciones que han adherido a la misma hasta la fecha (27/02/2020). Esto es sin duda un hecho histórico inédito. Más allá de los saludos, agradecimientos y felicitaciones de centenares de personas ajenas al ámbito académico, medios nacionales y regionales han difundido la declaración y el debate.

Pero no todo fue una repercusión positiva. Como era de esperarse, los contragolpes llegaron a través de medios locales (shorturl.at/crvO4)  o propios de la actividad minera (shorturl.at/flJ03). El primero fue una “respuesta” del subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, Emilio Guiñazú, uno de los impulsores de los cambios en la Ley 7.722. Desgraciadamente, su descargo no responde a ninguno de nuestros argumentos, y sólo pone en evidencia un intento de descalificar nuestra posición en el tema. Primero, negando la existencia de firmantes, llamándonos “investigadores anónimos“, o poniendo en discusión nuestra experticia; cuando en realidad, la declaración, fue escrita por 33 investigadore/as de diferentes disciplinas, y firmada por más de 700 trabajadore/as de Ciencia, de Salud y Educación.

Además, plantéa que en el documento se emplean “términos sesgados, que no buscan informar sin sesgar la lectura” apelando a “medias verdades, extemporalidades y juicios de relativo valor“. Y continua con “la carga ideológica del documento, que desacredita la ciencia, no solo a las duras (tristemente silenciosas) sino a las blandas que independientemente de sus orígenes, deberían ser objetivas y basadas en la observación, en datos, interpretación científica de causas y efectos“.

Quienes diariamente practicamos la actividad científica, y pasamos por diferentes instancias de concurso donde se nos evalúa fuertemente nuestras experticias y antecedentes académicos, no estamos de acuerdo con estas valoraciones del trabajo científico, dadas por sentadas por Emilio Guiñazú y por tantos otro/as. En primer lugar, toda interpretación de datos, de causas y efectos, etc esta mediada por un carácter ideológico. La ciencia es una actividad política, en la medida en que se propone transformar la realidad. Por ende, para qué y para quién son preguntas implícitas en nuestra actividad. De hecho, es de esperarse que no exista consenso dentro del ámbito científico sobre algunos temas. Nosotro/as entendemos esto, y por ende nos parece importante que todas las posiciones participen dentro del debate. Sin embargo, nuestros argumentos están sostenidos, efectivamente, con la bibliografía académica (no en la bibliografía de las industrias mineras, que tienen intereses concretos en su desarrollo), de autore/as con larga trayectoria en el tema, y con datos de organismos públicos y gubernamentales. En contraposición, más allá de intentar descalificarnos por “sesgados” y “con una carga ideológica”, quienes defienden la tesis de una “megaminería sustentable” aún no han respondido con datos académicos ninguno de nuestros argumentos. Sabremos esperar para que el debate público se enriquezca.

El otro aspecto que pone en evidencia estas respuestas es que se da por sentado el rol que debe tener la ciencia en relación a temas de importancia para sociedad en general y cómo la primera debe relacionarse con la segunda. Aquí sin duda también se encontrarán diferentes posiciones. Nosotro/as pensamos que el conocimiento científico es relevante, pero no por ello, debe negar las experiencias y posiciones del resto del pueblo. Nuestra tarea no debe ser la de arrogarnos el lugar de “la verdad” y decidir por la sociedad en nombre de ésta. Más bien debemos fortalecer los procesos de deliberación pública, asumiendo que nuestras producciones científicas son un insumo clave para estos.

Por ende, invitamos a dialogar con las organizaciones locales, como las asambleas de las poblaciones que se organizan en función del impacto negativo que tienen en dichas localidades, las actividades extractivas y altamente contaminantes, como la megaminería, el fracking y la agricultura basada en transgénicos y agroquímicos. Queremos destacar la importancia de involucrar al conjunto del pueblo en las decisiones políticas relativas al desarrollo de la megaminería y cualquier otra actividad contaminante.

Fuiente: Socompa