Acceder a una vivienda digna es una deuda del Estado

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El déficit habitacional a nivel nacional alcanza a 3,8 millones de hogares. La gestión de Cambiemos redujo año a año el presupuesto destinado a solucionar esta problemática. Casi cuatro de cada 10 niños habitan en ambientes precarios y tres de cada 10 no tiene un servicio sanitario en condiciones. Por Paula Shabel * y María Virginia Nessi **

El endeudamiento público fue la política económica central del gobierno anterior. Hoy apremian las renegociaciones de deuda en las provincias y la Nación, pero es necesario detenerse aquí en los niveles de la economía tangible y vivida cotidianamente por las personas, sobre todo por aquellas con quienes el Estado también mantiene una deuda permanente. Es la enorme masa poblacional que no accede a una vivienda digna, específicamente en los grandes centros urbanos, y el efecto que esto tiene sobre la vida de millones de niños y niñas.

El escenario

La gestión de Cambiemos redujo año a año el presupuesto destinado a políticas habitacionales y aprobó uno para 2020 que profundiza esta tendencia. Según un informe de ACIJ de 2019: “El presupuesto para los programas de Vivienda del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda se redujo en términos reales un 47 por ciento entre 2018 y 2019 y se proyecta una caída del 60 por ciento para el 2020. La reducción presupuestaria acumulada entre 2018 y 2020 será del 79 por ciento”. 

El mismo informe muestra la casi desaparición del presupuesto para la construcción de viviendas sociales y la baja ejecución de lo otorgado en dicho período, lo que resultó en un déficit habitacional que alcanzó en 2019 a 3,8 millones de hogares a nivel nacional, según el informe de la Confederación de Pymes Constructoras.

Esto afecta especialmente a la infancia, que llegó el año pasado a estar casi en un 50 por ciento por debajo de la línea de la pobreza (UNICEF, 2019) y a sufrir en casi 3 a 1 el déficit habitacional en relación con los adultos (según la cantidad de niños y niñas que viven en esos hogares). 

En una muestra de los 18 conglomerados urbanos más grandes del país (donde viven casi el 90 por ciento de niños, niñas y adolescentes según el censo nacional de 2010) la UCA realizó un informe que produjo números alarmantes: casi cuatro de cada 10 niños habitan en viviendas precarias y tres de cada 10 no tiene un servicio sanitario en condiciones; más del 50 por ciento vive expuesto a la contaminación y ese porcentaje aumenta a medida que baja el nivel de ingresos de los hogares, impactando de lleno en su salud. 

Esto se da en un contexto donde la mitad de los niños no tienen acceso a una obra social o prepaga (EPH, Primer semestre 2019) y la salud pública atraviesa su propia crisis debido al sistemático vaciamiento que en ese campo también ha llevado adelante el macrismo.

Derechos

A pesar de que en la ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (N° 26.061) se afirma que ellos “tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado” nada se ha hecho en ese camino en los últimos años.

El mismo informe de la Universidad Católica sobre derecho al hábitat en la infancia demuestra que el déficit habitacional es un problema en todas las grandes ciudades del país, sobre todo si se toma en cuenta las variables de acceso a servicios barriales, como transporte y espacios verdes, al igual que si se considera el acceso de los niños y niñas a los servicios públicos, como el desagüe y la recolección de basura. 

Allí también se estima que el 16,6 por ciento de los más pequeños vive en hogares donde los adultos manifiestan temor a perder su hogar por las condiciones irregulares de tenencia, pero nuestras propias investigaciones con niños y niñas que viven en casas tomadas de la Ciudad de Buenos Aires muestran que la amenaza sentida por los propios menores es bastante mayor en porcentaje. Tomando en cuenta los casos de gatillo fácil y abuso policial, que se concentran en la franja etaria de 12 a 25 (según CORREPI, 2012) y que se mantuvo en alza desde el comienzo de la gestión de Cambiemos, obtenemos unos números de inseguridad ciudadana insostenible para los más jóvenes.

El temor a la pérdida de la vivienda se profundiza con el proceso de gentrificación de las ciudades más pobladas del país, ya que dicho proceso imposibilita el sostenimiento de los costos cotidianos de vida, resultando en un retroceso en torno al derecho a la vivienda para miles de familias trabajadoras.

La falta de regulación de los mercados inmobiliarios en un contexto de inflación y creciente desempleo ha producido nuevos fenómenos que aportan gravedad a esta situación, como la inquilinización de la ciudad, la concentración de la propiedad de inmuebles y una fuerte polaridad entre quienes poseen viviendas ociosas dedicadas a la especulación financiera y quienes duermen en la calle (mil niños solo para la Ciudad de Buenos Aires en julio 2019).

UVA y alquileres

Ante esta situación la necesidad de una política de vivienda se vuelve apremiante, al igual que una asignación presupuestaria que esté a la altura. La creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a cargo de la arquitecta María Eugenia Bielsa, es un signo claro por parte del nuevo gobierno de querer asumir la tarea y empezar a ocuparse seriamente del asunto.

En sus primeros pasos la ministra se reunió con los hipotecados UVA que tienen en juego su vivienda única para discutir un plan de pago escalonado de las cuotas exorbitantes que deberían abonar (en sintonía con la inflación de los últimos meses) y ya fue presentado dicho proyecto en Diputados. 

Más allá de las críticas que se dispararon a esta medida (de uno y otro lado de la querella) y las diversas alternativas que se están planteando (y merecen ser sopesadas), lo que está en juego es el derecho a un hogar para miles de niños, niñas y sus familias y la inversión estatal destinada a tal fin. 

Además de la financiación a los deudores, el proyecto contempla la suspensión de los desalojos para quienes no pueden aún pagar, lo cual nos evitaría atravesar el bochornoso espectáculo que significaron los desahucios en España, que en plena crisis de 2008 expulsaron brutalmente a miles niños y niñas a la calle, violando varios artículos de la Convención Internacional por los Derechos de los Niños y, probablemente, varios puntos de su propia constitución. Es tarea de la nueva gestión que esta contemplación no se tenga solo con los niños y niñas de las capas medias, sino que dicha política se extienda a todos los sectores sociales y rincones del país, poniéndole fin a los crueles desalojos en general.

Del mismo modo deberá tratarse prontamente la Ley Nacional de Alquileres, que también tiene en vilo a más de 8 millones de personas (casi 20 por ciento de los hogares del país según la EPH del primer semestre del 2019), que destina en promedio el 47 por ciento de sus ingresos para mantener el contrato. Dicha medida obtuvo media sanción en Diputados el año pasado y la pregunta que se presenta es si se avanzará con dicho proyecto en el Senado o si el nuevo gobierno propondrá un proyecto superador. 

Más del 10 por ciento de los hogares hoy presentan situaciones irregulares de permanencia, donde aumenta la presencia de niños y niñas, también reclama soluciones posibles que signifiquen una mejora en su calidad de vida y no un simple desplazamiento de espacio, que resultaba ser la única oferta cambiemista.

Desafíos

Al rechazar el Presupuesto 2020 presentado por la gestión anterior, el Presidente y su equipo dieron la pauta de que no seguirían ajustando por los que menos tienen, pero tampoco está claro aún de dónde saldrá el financiamiento necesario para solventar las medidas que hacen falta, al menos en este campo específico, que requiere de operaciones de grandes cantidades de dinero. Las expectativas son en este sentido muy altas y también lo son las incertidumbres.

Si bien el desafío del Ministerio es presupuestario, lo es también en términos organizacionales en el nuevo esquema ministerial. La articulación intersectorial es una clave para generar políticas integrales de impacto social y por ello será fundamental para el rendimiento de los proyectos unificar las voluntades en torno al tema específico, que antes estaban distribuidas entre Desarrollo Social y Ministerio del Interior (según lo dispuso el ex Presidente en 2018). 

Asimismo, habrá que coordinar acciones entre los diversos agentes involucrados, desde la Cámara Inmobiliaria Argentina hasta las cooperativas de construcción de los movimientos sociales, que esperan ser incluidas en los proyectos estatales. Por supuesto será el Ministerio de Economía el que digite a su vez ciertos lineamientos.

Y específicamente en el derecho a la vivienda de los niños y niñas será necesaria la articulación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Gabriel Lerner, así como otros organismos de niñez del Estado nacional. Este será el caso de la propia Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que debería comenzar a funcionar este mismo año con la ratificación de la designación de Marisa Graham al frente.

Políticas públicas

Tal como muestran los números, las decisiones macroeconómicas tienen efectos concretos en la vida de los más pequeños, que también pagan la deuda al FMI perdiendo derechos tan básicos como el acceso a la vivienda. Y con esto no hacemos referencia solamente al hecho de que el Estado debe garantizarle a los niños y niñas una casa con cuatro paredes, sino a que ésta debe ser un hogar en condiciones dignas, con servicios y sin contaminación, con espacio donde se pueda ejercer el derecho a la intimidad (artículo 10 de la ley 26.061) y donde haya un lugar iluminado y silencioso donde poder hacer la tarea y estudiar para los exámenes.

El reto que asumió este gobierno al crear el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat es de generar políticas públicas integrales que apunten a mejorar las vidas de los niños, niñas y adolescentes, garantizándoles una vivienda. Más allá del aumento del acceso al consumo como propuesta general de gestión, las necesidades más urgentes de gran parte de la población requieren de medidas estructurales como la regulación del régimen de tenencia de la tierra y del precio del suelo y el control del sistema financiero e inmobiliario. 

Parece una tarea titánica ofrecer soluciones en el campo específico del hábitat en el contexto actual y, sin embargo, es el momento perfecto para forjar este tipo de políticas, dado que está todo por hacerse. 

*Paula Shabel, es Doctora en Antropología (UBA-Conicet).

**María Virginia Nessi, es Doctoranda. en Ciencias Sociales (IIGG/UBA-Conicet).

Fuente: Página 12