Tras la reunión del Consejo de Seguridad Interior realizada en Tucumán días pasados, se creó la “Mesa de Resolución de Alternativa de Conflictos Territoriales con los pueblos originarios”. La misma está integrada por la carteras nacionales de Seguridad, Justicia, Ambiente, Administración de Parques Nacionales, y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
La presidenta de éste último, la ex Senadora rionegrina Magdalena Odarda, precisó que en los próximos 30 días estará listo “un protocolo básico de actuación”. Según el INAI, la función principal de la “Mesa”, será la de intervenir en todo proceso conflictivo territorial suscitado con las comunidades indígenas, con la finalidad de encontrar soluciones consensuadas para cada caso. El mecanismo buscará “introducir la mediación, que da excelentes resultados y es la herramienta idónea para debatir ideas y arribar a soluciones equitativas, útiles y sobre todo pacíficas”, según la definición de la ministra de Justicia Marcela Losardo.
Además, la “Mesa”, no generaría erogación presupuestaria, y se podrá constituir “a pedido de algunos de los organismos que la integran, a solicitud de las comunidades afectadas o bien a solicitud de uno o más gobiernos provinciales, quienes serán invitados a participar en la medida que el conflicto en cuestión afecte a su jurisdicción provincial”.
En el marco de la puesta en funcionamiento de esta nueva instancia, la Universidad Nacional de Río Negro, fue convocada a intervenir en la tarea de realizar los relevamientos de las comunidades indígenas. Según Juan Carlos Del Bello, rector de esa casa de estudios, tanto las provincias de Río Negro como del Chubut se mostraron interesadas en la participación de la entidad en dicha tarea.
Según Del Bello, “el punto de partida serían los derechos que los pueblos indígenas tienen garantizados por la Constitución Nacional y las leyes vigentes”; donde se “reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y les garantiza una serie de derechos específicos, como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
Por su parte, según declaró ante medio de la ciudad de Viedma, el dirigente del Consejo Asesor Indígena de la Zona Atlántica (CAI Zona Altántica), Hugo Aranea, señaló que “todo lo que sea dialogar y contar con un ámbito para conversar y resolver los conflictos es saludable”.
“El pueblo mapuche ha sido siempre de diálogo, siempre se ha reclamado poder juntarse y armar mesas donde se debatan y se aborden los intereses en juego involucrados en los distintos conflictos; por el contrario, como ha pasado en el último tiempo con el gobierno anterior, se ha puesto al pueblo mapuche como enemigo de la sociedad y del estado”. Explicó además, que gran parte de los conflictos por la tierra no se han dado por por responsabilidad del pueblo mapuche, sino por “quienes se han apropiado de los territorios al amparo de los gobiernos”.
Asimismo, señalo que se espera que se retome con la participación y representación mapuche, el relevamiento de las comunidades establecido en la ley nacional 26.160, interrumpido en 2013. Finalmente, manifestó que confían en que la “Mesa” no sea un nuevo “mecanismo de distracción y de proyectar en el tiempo, no cumplir con los reclamos históricos que tienen los pueblos”.
Fuentes: EL Tribuno / INAI / Agencia APP / Diario Página 12