Impunidad en el caso Rafael Nahuel


La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, sobreseyó al cabo de Prefectura,  Francisco Javier Pintos, principal acusado como autor material del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel ocurrido en noviembre del 2017, durante un desalojó llevado a cabo por el Grupo Albatros, en una comunidad originaria en Villa Mascardi, Bariloche.

Los jueces subrrogantes Orlando Arcángel Coscia, Marcelo Grosso y Alejandro Cabral dictaron la falta de mérito para el cabo primero Pintos por la existencia de «dos pericias absolutamente contradictorias entre sí».
Uno de los peritajes al que hace alusión el fallo es el que fue realizado por Roberto Nigris, Karina Uribe y la experta en criminalística Silvia Bufalini en junio de 2018, según el cual “el proyectil extraído del cuerpo de Nahuel fue disparado con el arma identificada con el número de serie 05-C335508; es decir, el subfusil asignado a Pintos”.
El otro estudio fue realizado por la Dirección de Criminalística de Gendarmería, es decir otra fuerza de seguridad con vínculos con el Ministerio de Seguridad entonces comandado por Patricia Bullrich. Dicho peritaje, pedido por el juez federal subrrogante Gustavo Villanueva en noviembre de 2018, concluyó que el disparo no procedía del subfusil de Pintos.
«Es decir, que ante las pericias contradictorias: una dice que el proyectil extraído de Nahuel Salvo pertenece al arma que le fue asignada a Pintos; y la otra dice que no pertenece al arma de Pintos. Es decir que nos encontramos sin elementos de convicción suficientes para que se pueda dictar el procesamiento del nombrado», dicen los jueces.
«Para poder llegar a dictar un procesamiento y poder llegar a juicio, previamente debe dilucidarse si se tiene o no el arma que dio muerte a Nahuel Salvo, cosa que hasta el día de hoy no se sabe, como así también si efectivamente esa arma era la asignada a Pintos», destaca el fallo.  
Los jueces avalan la teoría de que el asesinato del joven mapuche sucedió en el marco de un enfrentamiento y no producto a un operativo represivo ejecutado por el Grupo Albatros. 
En enero de 2019, el juez federal de San Carlos de Bariloche Leónidas Moldes había procesado a los cinco integrantes del grupo Albatros: Juan Obregón, Sergio García, Sergio Cavia, Carlos Sosa y el propio Pintos. El juez Moldes había señalado que los prefectos incurrieron en el delito de «homicidio agravado en legítima defensa», al interpretar que la muerte del joven sucedió en el marco de un enfrentamiento. Es decir que había suscrito el relato del Ministerio de Seguridad sobre la existencia de un enfrentamiento armado entre los mapuches y los prefectos, a pesar de que no hay indicio alguno en la causa de que los mapuches tuvieran armas de fuego. Asimismo, el juez procesó también a los dos compañeros de Nahuel que trasladaron su cuerpo desde donde fue herido hasta la ruta, a quienes consideró responsables de usurpación y atentado a la autoridad. 
Sin embargo, la Cámara de Roca había corregido ese fallo y procesado a Pintos por “homicidio agravado”; también le había dictado prisión preventiva. Asimismo, le había dictado la falta de mérito a los demás prefectos. Sin embargo, el prefecto terminó siendo liberado tras la aparición del peritaje de Gendarmería a favor del cabo y contra los mapuches.
Desde el inicio de la investigación, Pintos fue señalado como autor del disparo que terminó con la vida del joven mapuche. Nahuel fue asesinado por la espalda el 25 de noviembre de 2017, cuando efectivos del Grupo Albatros de Prefectura, entre ellos Pintos, entraron al territorio de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi.

La impunidad se cierne sobre el crimen de Rafael Nahuel

Por Santiago Rey

Un nuevo paso atrás en el camino de la Justicia por el asesinato de Rafael Nahuel. Este viernes los jueces subrogantes de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca dictaron la falta de mérito del Cabo Primero Francisco Javier Pintos, contradiciendo lo que los magistrados originales de ese Tribunal habían dispuesto en mayo de 2019.
Pintos estaba procesado por “homicidio cometido en exceso de legítima defensa”, luego que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal de Comodoro Py anulara el fallo mencionado que lo procesó por “homicidio agravado”.
Así, el expediente volvió a la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, y ahora una integración de jueces subrogantes dio crédito nuevamente al relato del ministerio de Seguridad en tiempos de Patricia Bullrich sobre la supuesta existencia de un enfrentamiento con armas de fuego entre el comando del grupo Albatros y los integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu.
El Tribunal roquense no sólo otorgó validez a la pericia balística realizada por la Gendarmería y equiparó su valor probatorio al de la pericia realizada por peritos independientes de la Policía de Río Negro -quienes concluyeron que el disparo mortal salió del arma que portaba Pintos-; sino que además insistió en que la tarde del 25 de noviembre de 2017 existió un “enfrentamiento armado”, sin reparar en que las “armas” de los mapuches eran piedras, según se desprende de la simple lectura del expediente judicial.
El fallo se inscribe en la misma línea que aquella resolución de la Cámara de Casación Penal que mejoró la situación de Pintos y en cambio procesó a los jóvenes Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca por el hecho de pertenecer al MAP, una de las organizaciones políticas del pueblo mapuche.
“Considero que no se puede hablar de que el personal de Prefectura obró de manera absolutamente irracional, cometiendo delitos comunes con la sola intención de dar muerte a los ocupantes del predio”, señaló en su fallo el Juez Alejandro Cabral.
Orlando Coscia y Marcelo Grosso completan el Tribunal, subrogando a los jueces originales que, en cambio, habían señalado lo imprudente de dar validez probatoria a la pericia realizada por Gendarmería que no logró determinar la procedencia del disparo mortal.
“No quiero decir que no pueda haber existido un obrar abusivo o en exceso”, argumentó el Juez Cabral, “sólo quiero remarcar que la existencia del enfrentamiento se encuentra absolutamente acreditada”. El magistrado no aclara que ese enfrentamiento se produjo con armas de guerra con munición nueve milímetros de un lado, y piedras del otro.
El argumento central del voto de Cabral es la inexistencia de pruebas que acrediten de qué arma salió el disparo que acabó con la vida de Rafael Nahuel. Y, sin aparentemente haber revisado el expediente y las pruebas, utiliza para justificarse los términos del fallo de la Cámara de Casación Penal.
En cada uno de los párrafos de su voto replica los términos de aquella Cámara.
“Ha quedado claro que efectivamente existió un enfrentamiento y que parte del grupo mapuche –entre ellos Jones Huala- arremetieron con fuerza y mediante la utilización de arma de fuego, contra el personal de Prefectura para exigirle la omisión de un acto propio de sus funciones, como lo era custodiar el predio”, arriesga Cabral, sin aclarar de qué prueba surge el dato sobre la “utilización de armas de fuego”.
El Tribunal dio crédito a los resultados de los estudios para determinar la presencia de pólvora en las manos, a pesar que ese informe se encuentra objetada por la supuesta contaminación de las muestras.
Y si bien fue coincidente entre los jueces subrogantes la crítica al proceso de instrucción que llevó adelante en Bariloche el Juez Gustavo Villanueva, se nutren de los resultados de ese accionar para argumentar la “falta de mérito” para Pintos.
El próximo 4 de marzo se realizará la tercera pericia balística, en dependencias de un organismo dependiente del Ministerio Público de la Provincia de Salta.
Se trata del mismo cuerpo de profesionales que interpretó que Rafael Nahuel tenía pólvora en las manos, cuando el informe del Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche había concluido lo contrario.
Es decir que la parte querellante tendría elementos para cuestionar la independencia del centro pericial que realizará la pericia clave para determinar la procedencia del disparo que acabó con la vida del joven mapuche.
Todo parece preparado para consagrar la impunidad, y que Graciela y Alejandro -padres de Rafael- nunca puedan saber quién mató a su hijo.

Fuentes: En estos días //ADN