¿Está la Corte Penal Internacional a punto de cerrar la puerta de la justicia para Palestina?


En la década posterior a la primera petición de los palestinos a la Corte Penal Internacional las fuerzas de ocupación israelíes han asesinado a unos 3.500 palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza. Alrededor de 800 eran niños. Por Maureen Clare Murphy

Israel ha expandido sus colonias en Cisjordania, alentado por una Administración de Trump que ha puesto el sello de aprobación de Washington sobre crímenes de guerra solo respaldado tácitamente por gobiernos anteriores de EE.UU. Ese apoyo tácito ha sido más que simbólico.

El predecesor de Trump, Barack Obama, firmó un pacto de ayuda militar de 38.000 millones de dólares con Israel, la “promesa más grande de asistencia militar bilateral en la historia de Estados Unidos”, como admitió el Departamento de Estado. Todo eso para asegurar la ocupación militar de Israel, ahora en su sexta década, y la opresión violenta que requiere.

La Franja de Gaza ha permanecido bajo un asedio cruel e ilegal de castigos colectivos, casi destruida la economía y hundiendo a la población de dos millones de personas en la pobreza y la desesperación sin precedentes.

En 2014 Israel sometió a Gaza a un ataque militar de 51 días durante el cual casi 150 familias perdieron tres o más miembros en un solo ataque cuando Israel atacó hogares, escuelas, hospitales y otra infraestructura civil.

Dos años más tarde B’Tselem, la principal organización de derechos humanos de Israel, declaró que ya no cooperaría con el falso sistema de autoinvestigación del ejército israelí, afirmando que solo sirve como una hoja de parra para la ocupación.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU encargó a varias comisiones de investigación independientes investigar los crímenes israelíes en Gaza. Publicaron sus informes, pero sus llamados a la rendición de cuentas fueron ignorados o menoscabados por quienes estaban en posición de desafiar la impunidad israelí.

El movimiento internacional de boicot, desinversión y sanciones, que busca presionar a Israel para que respete los derechos palestinos, se ha puesto en la mira del ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel.

Los líderes palestinos de ese movimiento popular han sido castigados y amenazados, mientras los partidarios internacionales de BDS son criminalizados y difamados.

El examen preliminar de la situación en Palestina por parte de la fiscal principal de la Corte Penal Internacional ha llevado un rayo de esperanza en este panorama sombrío. 

Pero cualquier persona preocupada por la justicia en Palestina debería alarmarse por el último informe en marcha de la fiscal jefe sobre los exámenes preliminares en Cisjordania, Gaza y otros lugares.

En el mismo la fiscal jefe Fatou Bensouda afirma que “cree que es hora de tomar las medidas necesarias para llegar a una conclusión al cabo del examen preliminar”.

“Distorsionada búsqueda de equilibrio”

Desde 2015 Bensouda ha llevado a cabo el examen preliminar de presuntos crímenes de guerra en la Cisjordania ocupada y la Franja de Gaza. Aún no ha abierto ninguna investigación formal que pueda llevar a enjuiciamientos.

“La demora en proceder a la investigación… es muy preocupante”, afirman tres grupos de derechos humanos palestinos en respuesta al informe de Bensouda, publicado la semana pasada.

Los grupos, Al-Haq, Al Mezan y el Centro Palestino para los Derechos Humanos dicen que la sección sobre la situación en Palestina en el informe de Bensouda contiene “una serie de omisiones injustificadas e inquietantes”. Estos incluyen equiparar falsamente a los francotiradores militares israelíes y a los manifestantes palestinos, caracterizar erróneamente el estado legal de Gaza según el derecho internacional y el hecho de no tomar en cuenta la anexión ilegal de Jerusalén a Israel.

“A lo largo del informe tanto Israel como Palestina son tratados como dos partes iguales en un conflicto en curso”, afirman los grupos de derechos y agregan que “el fracaso en abordar adecuadamente el contexto es engañoso”.

“La situación es una de una ocupación beligerante prolongada de 52 años, donde una parte en el conflicto, Israel, la potencia ocupante, ha sometido a la población ocupada, que permanece bajo su control y administración efectivos”, afirman los grupos.

“Esto impone ciertas obligaciones a Israel y la violación de las leyes que rigen su administración del territorio ocupado -que posiblemente constituyan violaciones graves y crímenes de guerra- se ven en algunos actos que alcanzan el umbral de los crímenes contra la humanidad”.

En el informe de Bensouda las violaciones contra toda la población palestina llevadas a cabo en el contexto de la ocupación israelí, incluidos los crímenes de lesa humanidad, son seguidas inmediatamente por denuncias de violaciones de los derechos humanos en los centros de detención palestinos.

Los grupos de derechos afirman que las violaciones de los derechos humanos en áreas controladas por la Autoridad Palestina, si bien son graves y pueden constituir crímenes de guerra, probablemente no “equivalen a una política o plan que alcance el umbral de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil”.

“La inclusión de [crímenes contra la humanidad] para ambas partes tiene todas las características de una búsqueda distorsionada del equilibrio”, agregan los grupos.

Adoptar el marco legal de Israel

Mientras tanto Bensouda describe Gaza como un área de hostilidades en curso, en lugar de estar bajo el control de Israel. De esta manera rompe con el consenso internacional sobre el estado de Gaza como territorio ocupado. 

“Como tal, el informe alimenta la fragmentación de Israel del territorio palestino ocupado, a los fines de su expansión territorial colonialista”, afirman los grupos de derechos humanos palestinos.

El informe de Bensouda también sugiere que la fiscal está aplicando el marco del derecho internacional humanitario, las leyes para los conflictos armados, al uso de fuego vivo de Israel contra los palestinos durante las protestas de la Gran Marcha del Retorno a lo largo del perímetro de Gaza.

Más de 210 palestinos han muerto durante las protestas, incluidos casi 50 niños y miles más de mutilados por disparos de francotiradores desde su lanzamiento el 30 de marzo de 2018.

El marco legal que utiliza Bensouda es el mismo propuesto por Israel para justificar su uso de la fuerza letal contra los manifestantes de Gaza al decir que las manifestaciones y la represión mortal de Israel son parte de un conflicto armado con Hamás. Una comisión de investigación independiente lanzada por las Naciones Unidas, así como por grupos de derechos humanos palestinos, han refutado esto.

Dicen que las manifestaciones masivas a lo largo de la frontera de Gaza con Israel son un asunto civil de aplicación de la ley regido por el derecho internacional de los derechos humanos. El asesinato y la mutilación de manifestantes no pueden excusarse alegando que tuvieron lugar durante un conflicto armado.

La misma investigación de la ONU preparó expedientes confidenciales sobre presuntos autores de crímenes internacionales relacionados con la Gran Marcha del Retorno, para que puedan ser sometidos a la Corte Penal Internacional. Pero esa instancia no se ha ejecutado, según Al-Haq, Al Mezan y el Centro Palestino de Derechos Humanos.

“Dado el potencial acceso de la oficina del fiscal a todas las pruebas recopiladas de la comisión de investigación, el hecho de no obtener estas pruebas socava la credibilidad del examen del tribunal”, afirman los grupos de derechos.

Santiago Cantón, el jefe de la comisión, dijo claramente en febrero: “Estas violaciones justifican francamente la investigación y el enjuiciamiento penal”.

Bensouda ya ha obstaculizado la responsabilidad por los crímenes internacionales cometidos por Israel.

La semana pasada la fiscal jefe declaró que estaba de acuerdo con su decisión de 2015 de no abrir una investigación sobre el ataque mortal de Israel al Mavi Marmara en aguas internacionales, a pesar de que los jueces de la Corte le dijeron dos veces que reconsiderarán la decisión.

En 2010 los comandos israelíes hirieron de muerte a 10 personas a bordo del Mavi Marmara después de atacar el barco, que era parte de una flotilla humanitaria civil que se dirigía hacia Gaza.

También en ese caso, como señaló mi colega Ali Abunimah, su argumento se lee más “como un informe de un abogado defensor de Israel que de un fiscal que busca poner fin a la impunidad por crímenes internacionales”.

Por muy defectuoso que sea el informe de Bensouda del examen preliminar sobre Palestina, el fiscal general de Israel advirtió de que la anexión del Valle del Jordán en Cisjordania, tal como lo prometió recientemente el primer ministro Benjamin Netanyahu, puede exponer a altos funcionarios israelíes a ser procesados ​​por la Corte Penal Internacional.

Lo cierto es que los palestinos nunca recibirán justicia en los tribunales israelíes y los soldados israelíes disfrutan de total impunidad por violar los derechos humanos de los palestinos, al igual que los líderes civiles y militares que dan forma a las políticas que ejecutan.

Esta semana dos grupos israelíes de derechos humanos emitieron por separado publicaciones y una base de datos enfatizando esa verdad que Bensouda no debe ignorar.

En palabras de una madre palestina cuya hija de 13 años recibió un disparo en la cabeza y fue asesinada en 1989, aunque el ejército negó cualquier responsabilidad: “Cuando el juez es tu enemigo, ¿ante quién puedes quejarte?”

Más que justicia para Palestina, con la decisión de Bensouda está en juego el hecho de abrir una investigación formal. También está en riesgo “la reputación de imparcialidad e independencia de la Corte”, como señalan Al-Haq, Al Mezan y el Centro Palestino de Derechos Humanos.

Cabe señalar que esa reputación ya está hecha jirones: desde su fundación la Corte solo ha procesado a ciudadanos de países africanos. Eso ha provocado acusaciones de colonialismo y racismo, y un llamado de la Unión Africana a sus Estados miembros para que se retiren de la Corte.

Una agrupación de organizaciones palestinas de derechos humanos, regionales e internacionales, declaró en marzo, conmemorando el primer aniversario de la Gran Marcha del Retorno: “Al estar sin resolver la cuestión que durante más tiempo ha estado bajo la responsabilidad de la ONU, Palestina se ha convertido en una prueba de fuego para la validez del sistema internacional en su conjunto”.

¿La Corte Penal Internacional y su fiscal principal pasarán la prueba? ¿O la impunidad israelí volverá a ganar?

Traducido del inglés para Rebelión por J. M.

Fuentes: Electronic Intifada y Rebelión