La megaminería que se viene


¿Qué rol ocupará el Estado argentino en cuestiones de minería? ¿Seguirán existiendo explotaciones a cielo abierto que contaminen los ríos y aguas o podrá el pueblo ser escuchado para frenar la explotación que sólo busca engrosar el capital bruto de las empresas transnacionales? El próximo gobierno buscará reforzar la explotación de Vaca Muerta, el campo y la minería, en vías de aumentar la exportación nacional.

Agua Rica. Paradójicamente ese es el nombre que toma el megaproyecto minero que apunta a explotar una zona entre las provincias de Catamarca y Tucumán, al sur del paso El Infiernillo. Pese a las denuncias penales que comenzaron los vecinos nucleados en asambleas y organizaciones sociales, funcionarios provinciales y nacionales están involucrados como actores principales de las aprobaciones para que las empresas Yamana Gold, Glencore y Goldcorp puedan comenzar a trabajar en la región.

De esta manera la amenaza se convierte en una realidad que las organizaciones sociales que luchan por la protección del medio ambiente y las comunidades contra la minería alertan, sobre todo por las posibles consecuencias que podría acarrear la explotación de metales y minerales, entre los que se destaca el litio, oro y cobre, extraídos con procedimientos que contaminan el agua potable de glaciar.

Habrá que esperar para conformar cuál será el rol del nuevo gobierno que buscará reforzar la explotación de Vaca Muerta, el campo y la minería, en vías de aumentar la exportación nacional.

El proyecto denominado Agua Rica cuenta desde su planificación con una decena de empresas dispuestas a explotar la región minera que se encuentra entre las provincias de Catamarca y Tucumán, al que se le suma un sorprendente aval de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

Es por esto que el martes 22 de octubre pasado grupos ecologistas, miembros de comunidades indígenas, movimientos estudiantiles y vecinos de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá -ciudad ubicada al centro norte de Catamarca- se manifestaron en el Rectorado de la casa de altos estudios para exigir que desde las instituciones educativas nacionales se promulgue el rechazo a un proyecto que utilizará viejas instalaciones de una minera que ya provocó serias contaminaciones de las aguas.

“Estamos en el Rectorado de la UNT, junto con el movimiento estudiantil y compañeros de Andalgalá porque la Universidad de Tucumán pretende enlazarse nuevamente con corporaciones eco genocidas como lo hizo con Minera Alumbrera. En este caso está por hacer una alianza con otro proyecto minero denominado Agua Rica que está a 17 kilómetros apenas de donde nace el agua de Andalgalá”, fueron las declaraciones de Fredy Carbonel, referente de Pro Eco, al programa radial “Vale Todo” que se emite Radio Prensa.

Los referentes de las organizaciones sociales desde hace meses solicitan ante los consejeros y consejeras de la Universidad que no permitan “otro proyecto de muerte”, que formará parte de un nuevo plan de minería que producirá “más contaminación, más saqueo, más división social y más corrupción”.

La Universidad de Tucumán es apuntada por ser socia de la explotación minera a través de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), involucrada en delitos de contaminación. Ahora, la vinculación se vuelve más importante aún porque la UNT debe aprobar o rechazar que la empresa pueda hacer uso de las instalaciones que quedaron sin funcionamiento en el yacimiento Bajo de la Alumbrera, donde desde 1997 se ha explotado la zona para extracción de cobre, oro y molibdeno.

El pasado 3 de mayo el Juzgado Federal 2 de Tucumán procesó a Julián Patricio Rooney, ex CEO de la minera Alumbrera, por encontrarlo “partícipe primario” en la contaminación ambiental con metales pesados, lo que fue sancionado con un embargo de 500 mil pesos. Es por ello que las organizaciones citan constantemente a la actividad que mantuvo la minera en Catamarca y Tucumán como un oscuro antecedente que provocó contaminación por la explotación de cobre, oro y molibdeno a cielo abierto por casi 20 años. En la causa se comprobó que la mayor contaminación proviene de la explotación de dejó depósitos de materiales contaminantes en la cuenca Salí-Dulce, que comparten las provincias de Catamarca, Tucumán, Córdoba, Salta, La Rioja y Santiago del Estero.

La contaminación de las aguas de Alpachiri y Concepción no es algo nuevo en la actividad minera. Luego de diez años del comienzo del juicio, el 28 de diciembre de 2016 el juez civil Eduardo Tártalo ya había dictado sentencia contra la misma minera por contaminación de aguas subterráneas. En su fallo, el letrado ordenó a la empresa a que retribuya todos los daños ambientales causados y aconsejó al Poder Ejecutivo provincial que se haga “un relevamiento de impactos tóxicos sobre la población de las cuencas de los ríos Medina, Chirimayo y Gastona para detectar las enfermedades y/o patologías que se relacionen directamente con la contaminación y se asista a los perjudicados”.

Pese a este pasado que alarma a las comunidades de las provincias con mineras, el presidente electo, Alberto Fernández, en la semana que se celebraron las elecciones PASO mantuvo un encuentro con empresarios mineros, acompañados también de las gobernadoras Lucía Corpacci (Catamarca) y Alicia Kirchner (Santa Cruz), a quienes le encomendó unir esfuerzos para comenzar “una tarea de educación para que la sociedad comprenda que la minería es una oportunidad”. El plan del nuevo gobierno radica en aumentar la exportación de minerales y metales a gran escala, principalmente litio, elemento que ubica a la Argentina como el cuarto productor del mundo, detrás de Australia, Chile y China. Las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca son las más involucradas en la explotación de litio, por ser un metal que se encuentra en los salares.

La lista de empresas que ya se perfilan detrás del aumento de la explotación son muchas y variadas, pero todas se alinean en proyectos que benefician a unos pocos y que llegan a las comunidades linderas a las explotaciones con promesas de progreso económico, pero dejando luego notables consecuencias ambientales. Algunas de las firmas más importantes que ya se reunieron con Fernández son YMAD, Galan Lithium, Neo Lithium Corp, Liex SA, Lundin Group, Minera Esperanza, Lake Resources, Grosso Group y Loma Negra, Posco, Yamana, Galaxy, Circum Pacific, Buena Vista Gold, Glencore, Minera Alumbrera, Livent Corp, Antofalla Minerals, Anglogold Ashanti, Patagonia Gold, Minera Santa Cruz, Panamerican Silver, Don Nicolás SA, Newmont Goldcorp y Yamana Gold.

El proyecto Agua Rica efectivamente busca utilizar la infraestructura que ya supo contaminar a grandes fuentes de agua potable. Medios del rubro minero como el portal “El Inversor”, aseguran que la empresa YMAD ya recibió un adelanto millonario de 12,5 millones de dólares destinados al alquiler y el directorio de la firma aprobó que la Minera Agua Rica avance con el procesamiento del mineral que será extraído del yacimiento Agua Rica, en las instalaciones de la Minera Alumbrera.

Dos de los miembros del directorio que aprobó el alquiler de las instalaciones, Alfredo Grau y Domingo Marchese, representan a la Universidad Nacional de Tucumán. Es por ello que ahora los reclamos se centran contra la casa de altos estudios que debe evaluar internamente si aprueba o no el avance de la nueva empresa. La minera Agua Rica, que actualmente es conformada por las empresas Yamana, Glencore y Goldcorp (fusionada con Newpont), aún no puede comenzar a trabajar porque debe contar con la aprobación del informe de impacto ambiental, en primera instancia desacreditado por la Justicia por no contar entre las instalaciones con una cola de depósito para desechos de minería. El apoyo político ya se encontaría garantizado porque además del diálogo con el nuevo gobierno, las empresas también fueron recibidas en marzo pasado por el presidente Mauricio Macri, a quien le presentaron un proyecto de explotación de más de 25 años en la región.

El nuevo proyecto no es más que uno que se suma a una larga lista de emprendimientos de multinacionales que explotan los suelos argentinos en miles de hectáreas. El artículo publicado por esta agencia el 24 de julio de este año titulado Las multinacionales de la minería son más poderosas que cualquier “soberanía” provincial, describe un mapa de las principales actividades de las mineras más influyentes en la explotación del país que se despliegan por provincias como Santa Cruz, Catamarca o La Rioja, y que además se corresponden con producciones en países limítrofes como Brasil o Chile, dando cuenta de una situación que pone en riesgo a la región latinoamericana en su conjunto.

El peligro no sólo es avasallante por los ingresos que genera la minería para las corporaciones, más que para las sociedad y el Estado argentinos la minería, sino también porque los gobiernos suelen alinearse con políticas represivas contra los vecinos afectados y manifestantes que se han pronunciado históricamente contra la explotación, tal como ocurrió en San Juan en diciembre de 2016, cuando efectivos policiales golpearon a los manifestantes que se oponían a la explotación de la empresa Barrick Gold en esa provincia. Esta misma lógica fue la aplicada la semana pasada con una detención policial en Antofagasta de la Sierra.

Según denunció la organización Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PUCARA), por orden de la fiscal de la Circunscripción Judicial Nº 3, Verónica Saldaño, los hermanos Hortencia, Evelia y Santiago Morales, fueron detenidos en Catamarca por oponerse a la instalación de un alambrado en su propiedad para permitir el paso de camiones de tránsito pesado que se dirigen hacia el proyecto de extracción de litio denominado Fénix, que desarrolla la empresa Livent.

En cuanto al poder político, éste suele dejar pasar ciertas situaciones que podrían prevenir la explotación de metales que pone en riesgo la vida o incluso hasta funciona como un actor cómplice de las multinacionales mineras. En Andalgalá esto es lo que ocurre con la oposición que busca avanzar con una derogación de la ordenanza antiminera aprobada por el Concejo Deliberante hace tres años que impide a las multinacionales volver a instalarse de manera masiva.

El proyecto de Agua Rica suma una complejidad aún mayor a este escenario político. Si bien será administrada en una parte por intereses privados, la administración se reparte también con participación de la Gobernación de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado nacional. YMAD esta semana pasada fue denunciada por la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá por “no respetar el Artículo Nº 6 de la Ley de Glaciares que prohíbe la actividad minera en zona con glaciares y ambiente periglacial”. La denuncia penal que los vecinos de Andalgalá elevaron a la justicia implica no sólo a los directores de YMAD, sino también a funcionarios de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y un funcionario dependiente de la Secretaría de Minería de la Nación.

Desde la Asamblea El Algarrobo denuncian que estos nuevos acuerdos que permiten la exploración como política de Estado demuestran que “el poder político y económico siempre actúa a espaldas de la gente, no solo pretenden poner en riesgo la vida de la propia ciudad de Andalgalá, sino también la de todos los pueblos que se encuentran a la vera de la Ruta Nacional N° 38, que va desde Concepción de Tucumán hasta Lules, pasando por Monteros y Famaillá, que se nutren de los deshielos de los glaciares y ambientes periglaciares del lado Este del Cordón Montañoso Los Nevados del Aconquija”. Por ello los vecinos esperan demostrar la ilegalidad “de la aprobación de las ofertas realizadas por las empresas mineras Alumbrera y Agua Rica”. El nuevo proyecto será ejecutado en gran parte por una empresa denominada Agua Rica, al igual que el nombre que lleva el proyecto, pero que no es más que la empresa Yamana Gold, explotadora de Cerro Moro en Santa Cruz, donde en el segundo trimestre de 2019 triplicó la producción al extraer 258 mil onzas de oro en comparación con lo realizado en 2018.

Los próximos años serán claves en la actividad minera. La planificación del megaproyecto de Agua Rica tiene fecha de vencimiento en diciembre del próximo año para cerrar una contratación que les permita, luego de varios años de pasos administrativos, comenzar la extracción de los metales de la zona en 2025, para luego molerlos a 35 kilómetros del yacimiento a razón de unas 100 mil toneladas por día. Los acuerdos que logren las empresas en el ámbito educativo de la Universidad de Tucumán y de igual manera en el provincial con la aprobación de la Gobernación serán hitos claves para avanzar con mayor o menor facilidad hacia una nueva explotación que alerta a las comunidades. Los contratos millonarios pueden ocultar las graves consecuencias que provocaría un nuevo proyecto en una zona que ya fue contaminada y que perjudicó seriamente a una de las principales fuentes de agua dulce de la región.

Ante este escenario, nace la incertidumbre de los lineamientos que tendrá el nuevo gobierno en la Argentina y los posibles acuerdos que se cierren antes del fin del mandato de Cambiemos, cómplice de las empresas que buscan perpetuar la actividad en las regiones explotadas.

¿Qué rol ocupará el Estado argentino en cuestiones de minería? ¿Seguirán existiendo explotaciones a cielo abierto que contaminen los ríos y aguas o podrá el pueblo ser escuchado para frenar la explotación que sólo busca engrosar el capital bruto de las empresas transnacionales?

Lo cierto es que la explotación con vistas a exportar a gran escala es posible con altos índices de producción, algo que en la historia de las provincias mineras nunca terminó con un buen final para las comunidades que rodean a los yacimientos. La contaminación es la consecuencia final. Regular estos procedimientos es una cuestión de soberanía y Estado.

Fuente: Socompa