Una Catalunya ingobernable para un reino miserable


Analizar desde América Latina el tema catalán es un desafío complejo. Pero no es imposible. En realidad, sacando el velo mediático, la cuestión de fondo es similar a procesos que cotidianamente determinan y condicionan las vida de millones de personas en nuestro continente. El eje central está dado por la eterna disputa entre legitimidades: la que otorga el derecho de conquista, o la que encarna la voluntad popular. Columna del Col·lectiu de Solidaritat amb els Països Catalans de Viedma-Patagones.

Luego de una semana de movilizaciones y protestas en contra de la sentencia y duras condenas contra los líderes independentistas, Catalunya sigue envuelta en la encerrona que data al menos desde el Pacto de la Moncloa de 1978. Por entonces, tras cuarenta años de dictadura fascista, la Constitución surgente – y vigente -, estableció los cánones de soberanía sobre todo el territorio concebido como España; y otorgó una autonomía relativa a las distintas regiones – o países, o pueblos – que confluían en la nueva configuración que encarnaría a partir de allí el Reino de España.

Sí, leyó bien. España tiene rey; pero al mismo tiempo tiene Parlamento. Un híbrido complicado de entender para los latinoamericanos: el Jefe de Estado es el Soberano, que orina agua bendita, representa la unidad del pueblo y la “españolidad”. Sin embargo la soberanía nacional reside en el pueblo español, del cual emanan los poderes del Estado y su “carta de intención”: la Constitución. La misma que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía a las distintas nacionalidades que integran el Reino…

… un bolognes diría: “autonomía ma non troppo” (pero no demasiado). Algo así. La situación invita a reír; pero no es graciosa.

Según se informó, hasta el mediodía de hoy, lunes 21 de octubre en América, durante la semana de manifestaciones y represiones por parte de las fuerzas de seguridad catalanas y nacionales, las cifras se elevaban a 600 heridos (24 aún hospitalizados); y 200 detenidos (de los cuales 44 permanecen encarcelados incluyendo a los nueve líderes independentistas).

Las movilizaciones pacíficas (que han reunido un millón de personas) se han realizado a diario tanto en Barcelona como en ellos principales centros urbanos catalanes. Sin embargo, a nuestras latitudes llegan las imágenes de los incidentes. Los ojos entrenados y las sensibilidades atentas, sospechan que los incendios provocados por los manifestantes no han sido la generalidad. Imagine el lector: si un millón de personas se dedican a incendiar una ciudad, la noticia no sería el proceso independentista catalán. Por el contrario, la novedad pasaría porque una de las ciudades más opulentas y cosmopolitas del mundo – Barcelona – habría dejado de existir. Diríamos en Argentina: y “agua va” con España y con su rey.

Sin embargo nada de eso ha sucedido. Lo que prima es la “racionalidad“ institucional y la presión (extorsión) legalista – llamada hoy “lawfare”.

Amnistía, Libertad y Autodeterminación

Esas tres palabras, son las tres consignas base de ésta nueva etapa post-condenas. ¿Por qué amnistía y no indulto? Porque la indulgencia pondría de rodillas al proceso catalán. Implicaría también otorgar la razón al Poder Central y al Superior Tribunal asumiendo como certeros los cargos de sedición. Asimismo, y visto desde lejos, lo que sería lo peor: ¿quién volvería a creer en los catalanes?

Por otra parte, la amnistía parecería inviable. Si el Gobierno Central – encabezado por Pedro Sánchez- la convalidara, establecería un antecedente lapidario para él y para cualquier mandatario que lo sucediese. Lo mismo correría para cualquiera de las fuerzas que pugnan por liderar el Parlamento español (Podemos incluido).

La consigna de “Libertad” encierra varios sentidos en sí misma. Además de la liberación de los encarcelados, la misma reivindica el derecho a poder ejercer – valga la redundancia – los derechos de libertad de expresión, de manifestación y de convocar a un nuevo referéndum independentista.

Aquí la segunda consigna se toca con la tercera: la autodeterminación. Un nuevo referéndum que resuelva la disputa de soberanía, nos lleva a la cuestión de fondo: ¿quién tiene la posibilidad de definir la suerte de un pueblo?

Como latinoamericanos, nos conviene para comprender, dedicarle un párrafo al asunto. Al igual que supo serlo América Latina, desde 1714 Catalunya es un país conquistado por el Reino de España. Están uno al lado del otro, pero lo fáctico es que se trata de una colonia moderna y próspera que detenta el Rey (por eso tampoco quiere soltarla) en el siglo XXI. Por su parte, los catalanes – o la mayoría al menos (ellos también tienen matuchos) -, quieren independizarse. Un derecho básico y esperable de todo pueblo conquistado. Contemplado además por el Derecho Internacional Público. Sin embargo, el Reino de España y sus instituciones dicen que no; haciendo prevalecer en el mismo acto su ¿ancestral? Derecho de Conquista.

El Pacto de la Moncloa en 1978 estableció que la soberanía era potestad de todo el pueblo español, de todo el territorio del reino. Por lo tanto cualquier “fragmentación” de esa unidad, implicaría una ruptura de la soberanía – y por ende de la totalidad – para que una porción se independice. Por lo tanto, la posibilidad de autodeterminación del pueblo catalán está determinada por la voluntad de toda la ciudadanía del reino, tal lo establece la Constitución. Es decir, de existir un referéndum por la autonomonía de Catalunya, el mismo debe tener la participación de toda la población del territorio. Por tanto, según el Tribunal Central, la autonomía catalana será voluntad de la españolidad, o no será.

El consentimiento no-libre a la Carta del 78 por parte de Catalunya obedeció más a un acuerdo para salir de la dictadura fascista, que a una expresión de sumisión ante el conquistador. Cuarenta años después, la Constitución merece ser revisada en ese aspecto.

La respuesta del Gobierno Central sin embargo, es la de no innovar. No existe contrapropuesta ante la magnitud del conflicto. Ni siquiera flexibilizar el centralismo; o buscar un punto intermedio entre las pretensiones autonómicas catalanas y el mandato Constitucional. O sea, lo que en Argentina cada tanto damos a llamar el “tener un país más federal”.

No hay salida a la oposición de frentes. No hay diálogo, ni tampoco hay síntesis. Queda para los catalanes manifestar su deseo, les está prohibido intentar materializarlo. Aunque apele a métodos pacíficos y argumentos del Derecho Internacional que el Reino de España consigna en su edificio jurídico. Incluso, la relativa autonomía que posee el Parlamento catalán es insuficiente en éstos temas. El cuerpo no puede hacer “norma” el deseo de autodeterminación de sus representados: eso significaría la sublevación contra el orden Constitucional, la unión y la paz del reino.

Ganar tiempo

Pedro Sánchez intenta ganar tiempo de cara a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Según las encuestas, el líder del PSOE obtendría la mayor cantidad de escaños en el Parlamento nacional. Eso le daría mayor poder de maniobra ante el “problema catalán”.

Es por ello -y aquí la derecha le colabora – la estrategia es la de desgastar al gobierno catalán – la Generalitat. Espectacularizar la violencia y los incidentes; hacer cadena nacional con los incendios y los efectivos de las fuerzas de seguridad hospitalizados; y negar toda posibilidad de diálogo con Quim Torra, Presidente de la Generalitat.

Un tridente de gobernabilidad básico ante los rebeldes, que espera que aguante hasta las elecciones. Criminalizar a Catalunya de aquí hasta el 10-N.

¿Y las autoridades catalanas? En una pequeña encrucijada: mantener la institucionalidad o negociar la intervención central.

Respecto de la primera posición, la postura es no ceder la Generalitat, no ceder el Parlamento, y no otorgar al Poder Central ninguna excusa para la intervención. Es decir, la nada misma. De hecho, las mociones en el Parlamento para que se debata el “cómo seguir” son bloqueadas por temor a obtener nuevos procesamientos, encarcelamientos y – de la mano con los antecedentes inmediatos – nuevas condenas.

La otra postura, asume la institucionalidad por perdida y la intervención como algo “al caer” más tarde o más temprano. La pretensión de ese sector en todo, sería la de poder negociar o consensuar a posteriori los términos de la misma.

Hasta aquí, lo único cierto es que ni una ni otra postura parecen tener asidero en la población catalana que ha salido a las calles. La movilización popular ha desbordado a las autoridades. Y éstas no están a la altura de las circunstancias.

Los institucionalistas, durante la mañana llaman a la población a movilizarse; y por la noche le envían las fuerzas de seguridad para repelerlas. Seguramente, esperan que esta dinámica se mantenga al menos hasta las elecciones, y que un nuevo gobierno implique un nuevo diálogo.

Los resignados, llaman a confrontar porque la institucionalidad no tiene opción. Carece de margen de maniobra.

Mientras tanto la calle llama a “ser ingobernables”; manifestándose cada día; cortando rutas, bloqueando aeropuertos y edificios públicos. Ser ingobernables hasta tanto no se revise el fallo y se atienda la cuestión de fondo. Eso tiene a todos preocupados porque la no-gobernabilidad afectaría a los dos Estados: al Central y a la Generalitat.

En fin; sigue siendo complicado dimensionar el conflicto desde América Latina. Pero no somos tan distintos. Allá, como aquí, la Justicia se encuentra a disposición del status quo de turno. Parece ridículo para nuestros tiempos, pero salvado las distancias, lo que acontece en Catalunya es similar a lo que acontecía en nuestras tierras durante las guerras de la independencia: todo aquél que pugne por su libertad es visto y considerado como un delincuente; aunque sus métodos sean tan masivos como pacíficos. La lawfare tiene sus tentáculos, y los aplica en todo el mundo.

El derecho de conquista prima en el Reino; tiene respaldo internacional; y tanto el Parlamento como el Tribunal Superior se cobijan bajo sus alas.

Tal vez suene exagerado, pero a la luz de lo que está sucediendo en América Latina, no nos extraña la vigencia de la corona por más formato parlamentario que haya asumido en las últimas décadas.

Sucede que en cada época, las mujeres y los hombres somos todos más o menos parecidos. Los procesos políticos que encarnamos en ellas también lo son.

Por una Catalunya Justa, Libre y Soberana.