El STJ rionegrino falló a favor del aislamiento de la Comunidad Mapuche Pilquiniyeu del Limay


El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Provincia de Río Negro declaró improcedente el Amparo Colectivo – Mandamus presentado por la Comunidad Mapuche Pilquiniyeu del Limay y el Colectivo Adalquí, donde se exigía al Poder Ejecutivo provincial el cumplimiento de lo acordado al momento de la relocalización de la Comunidad entre 1989 y 1990, y la restitución en forma urgente de los servicios de energía eléctrica y agua potable. A raíz de ello, lo afectados acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La carencia de ambos recursos a partir del incumplimiento estatal, se traduce en los hechos en una real situación de aislamiento forzoso (ver: “Aislamiento de la Comunidad Pilquiniyeu del Limay: el STJ pidió informe al Ejecutivo”) hacia los habitantes de Pilquiniyeu del Limay.

Los argumentos principales del STJ se apoyaron en torno a la improcedencia de un recurso de amparo/mandamus para éste tipo de situaciones, atento a que la situación vivida por la Comunidad no reviste carácter de “urgencia, peligro inminente, o perjuicio real efectivamente sufrido”, pese a reconocer que la solución provisoria desde hace más de treinta años – la implementación de motores diesel – resulta deficiente.

Hasta aquí, se observan dos cosas. Como primera, la liviandad asumida por el Juez-escribiente Enrique Mansilla para abordar la problemática desde un recurso meramente técnico, la validez o no de un reclamo que data de tres décadas, que afecta el espacio vital de una Comunidad Originaria y la vida de las personas que la componen.

En segundo lugar, el concepto humano del magistrado. Independientemente de lo que establezca la normativa, los instrumentos o mecanismos con los que cuenta el alto tribunal para canalizar la solución definitiva al problema planteado, resulta complejo poder hallar un punto de encuentro entre el ser y deber ser que reza el plexo legal, con la situación contante y sonante de carne y hueso. Considerar que una Comunidad, o – si se quiere – un grupo de familias que habitan un paraje aislado, no atraviesa una situación de urgencia, peligro, “perjuicio real efectivamente sufrido” al no poseer acceso pleno a la energía eléctrica y al agua potable, se encuentra en las antípodas de lo que enuncian los preceptos básicos humanitarios y los derechos Constitucionales. La distancia se hace más grande todavía, cuando caemos en la cuenta que la Comunidad Mapuche Pilquiniyeu del Limay fue relocalizada en el páramo actual, para que se construya una represa que proporciona el recurso energético a miles de familias que viven a miles de kilómetros de distancia (ver link).

Los argumentos del Ejecutivo provincial para consolidar el aislamiento

Repasemos algunos acontecimientos históricos. En 1972, el Estado provincial reconoció a la Comunidad Pilquiniyeu del Limay, situada por entonces en cercanía de la confluencia de los ríos Limay y Collón Curá. En 1983 sus habitantes tomaron conocimiento del proyecto de construcción de la actual represa hidroeléctrica Piedra del Águila. Para la Comunidad, eso no significaría otra alternativa que la relocalización.

Con la articulación del Gobierno de Río Negro, entre 1984 y 1986, la empresa HIDRONOR S.A., con la colaboración del IPPV y el Consejo Provincial de Educación que cedió los terrenos para su establecimiento, se concretó el proyecto de la represa; y la Comunidad fue notificada de su traslado. El Ejecutivo de Río Negro reconocía al mismo tiempo que los habitantes de la Comunidad Mapuche Pilquiniyeu del Limay serían perjudicados por la obra. De ésta manera, la relocalización, implicaba asimismo la indemnización y el traslado a un lugar “ecológicamente equivalente”. Es decir, con pleno acceso a fuentes de agua, energía y la dotación de la infraestructura, de la cual los pobladores gozaban anteriormente. Entre 1989 y 1990 tuvo lugar el traslado definitivo, distante a 120 kilómetros de Comallo, que es el centro urbano más próximo.

Desde entonces, prácticamente ninguno de los objetivos prometidos y asumidos legalmente por la autoridad estatal, fueron cumplidos. Las viviendas, animales, escuelas, provisión de agua y energía, entre otras, jamás llegaron a la Comunidad por propia decisión de las autoridades, ni de acuerdo a lo establecido en el marco legal. Los logros, avances y concreciones, siempre debieron ser reclamadas por los y las habitantes.

Entre 1989 y 1990, el gobierno de la provincia de Río Negro instaló en forma provisoria, motores diesel para la dotación de energía eléctrica, que además permitía la puesta en funcionamiento una bomba de agua a los fines de abastecer a los pobladores de este servicio. Dicho equipamiento, brindaría el acceso a dichos recursos a la Comunidad, mientras se realizaban las obras de instalación definitiva de redes y tendidos de servicios. Eso se prometió hace 29 años.

Mientras tanto la informalidad y la precariedad de las condiciones de vida han sido los factores predominantes. El suministro de energía eléctrica tiene grandes deficiencias en tanto impide un servicio continuo y efectivo. A causa de ello, las familias de la Comunidad, no pueden gozar tampoco de las condiciones mínimas de confort y salubridad en las viviendas. Se suma a esto, la falta de mantenimiento de parte de la provincia de los motores, tal como establecen los convenios establecidos.

Desde el 30 de abril pasado, los motores diesel del que dependen tanto el suministro de electricidad como el de agua, dejaron de funcionar nuevamente. Situación que fue informada de manera inmediata a la Comisión de Fomento de Pilquiniyeu y a los vecinos de los demás parajes. La gravedad del caso llevó a la Comunidad a iniciar el reclamo por vía judicial, y del cual deriva la postura asumida por el Superior Tribunal de Justicia (ver: “Comunidad Pilquiniyeu del Limay: el 31 de julio se vence el plazo para el Ejecutivo”).

A requerimiento judicial, el Ejecutivo rionegrino mediante el apoderado legal de la Fiscalía de Estado, Gervasio Vallati, argumentó que el reclamo carecía de legitimidad, habida cuenta que la ley provincial 2297 – que ratifica el convenio celebrado entre la Provincia de Río Negro e Hidronor -, fijó como única obligación a cargo de la Provincia de Río Negro la elaboración del proyecto de relocalización de la Comunidad en un lugar ecológicamente equivalente y la expropiación de las tierras necesarias para ello. Endilga a la ahora estatizada Hidronor, las falencias en los resultantes de la relocalización, dado que correspondía dicha firma el financiamiento y ejecución de las tareas pertinentes.

Con estos argumentos, que remiten a una interpretación de conveniencia de parte de lo establecido en la legislación, la Fiscalía de Estado provincial arroja por el barranco las obligaciones Constitucionales que la Provincia asume respecto de las comunidades originarias y hacia los derechos humanos en general. El funcionario actuante basa su postura con fundamentos que corresponderían a un conflicto entre privados.

Pero esa no fue la única explicación del abogado Vallati. La siguiente consistía en que dada la localización de la Comunidad Pilquiniyeu del Limay, y la cantidad de personas que serían beneficiadas por las obras comprometidas 1986 (alrededor de 230), el pedido efectuado “resulta inviable”. Según la Fiscalía de Estado, el presupuesto posee un costo estimado de “más de 58 millones de pesos”; monto que el organismo califica como “desproporcionado de acuerdo a la escasa población de la comunidad existente en el asentamiento”.

Según el expediente de donde deriva la reflexión del asesor legal del Ministerio de Obras y Servicios Públicos (N° 30277-DE-2011 MOySP RN), la obra de suministro de energía ya había sido aprobada en el año 2009 por el Comité Ejecutivo del Consejo Federal de la Energía Eléctrica mediante Resolución N° 932/09 y con recursos correspondientes al Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI). Esto quiere decir que la obra sería solventada por fondos de origen nacional, asignados por acto administrativo y partida presupuestaria una década antes. La Provincia solamente debía hacer la veces de agente ejecutor y canalizador del dinero. Por tanto, la Fiscalía de Estado y el Poder Ejecutivo Provincial, se habrían tomado atribuciones sobre el destino del patrimonio público nacional que no le correspondían.

Nada observó al respecto, el Procurador General de la provincia, Sr. Jorge Crespo, quien sólo se limitó a considerar que la situación de precariedad y aislamiento que atraviesa la Comunidad Mapuche Pilquiniyeu del Limay no se encontraba lo suficientemente fundada, habida cuenta que “no se encuentra totalmente desprovista de energía eléctrica y que al mismo tiempo se han efectuado gestiones desde la Secretaría de energía para el tratamiento del problema”. Ello además de alegar que el recurso de Amparo Colectivo/Mandamus para éstos casos, era improcedente.

Así, vía aplicación de jurisprudencia superflua no vinculada al derecho humano de fondo, y sin efectuar ni una sola cita doctrinaria pertinente, el Juez del STJ, Enrique Mansilla, recogió los argumentos esgrimidos tanto por la Fiscalía de Estado como por el Procurador General, y (de)formó la Sentencia N° 30363/19, siendo su voto acompañado por el de los jueces Barotto y Apcarián. Por su parte, las juezas Piccinini y Zaratiegui se abstuvieron de votar.

El recurso ante la Corte Suprema

Lo dicho muestra a las claras que si la propia Comunidad Mapuche Pilquiniyeu del Limay no acciona en su propia defensa y con el respaldo de la Fundación Adalquí, la situación de aislamiento continuará profundizándose poniendo en riesgo su supervivencia. De esta forma, con el acompañamiento del Colectivo Adalquí, días atrás, los representantes de la Comunidad hicieron ejercicio de su derecho de interponer un Recurso Extraordinario Federal que debería elevarse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el texto, se hace una mención detallada de todos los hechos y etapas del proceso antedicho; a la vez que se hacen las observaciones pertinentes a la sentencia dictada por el STJ rionegrino. Finalmente, en carácter de petitorio, la Comunidad solicita a la Corte que ordene al Gobierno de la Provincia de Río Negro elaborar e implementar un plan integral de prestación y de mantenimiento de servicio de energía eléctrica, en forma adecuada, regular, técnicamente idónea, segura y suficiente. La solicitud incluye asimismo que se establezcan plazos, modalidades y mecanismos de supervisión “que en la etapa de ejecución de sentencia resulten pertinentes”

Respecto del agua potable, la Comunidad demanda que se ordene a la provincia la provisión del servicio en forma efectiva, ininterrumpida y eficiente a las necesidades del territorio. Que sea apta para consumo humano y riego, mediante el uso de técnicas idóneas, a los efectos de poner fin a la restricción sobre este recurso natural que afecta a la Comunidad Pilquiniyeu del Limay desde hace 30 años.

La Comunidad solicita basándose en el plexo legal vigente, que tanto para el servicio eléctrico como para el de agua, se diseñe de forma urgente, un protocolo de actuación para responder, ágil y eficientemente, a las emergencias producidas por la falta de prestación segura y suficiente de ambos insumos vitales.

Finalmente, una vez elevado el Recurso Federal, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, requirió a los amparistas la acreditación de acompañamiento letrado; requisito no habitual en éste tipo de procedimientos.