Deja-vú (vuelta la burra al trigo…)


Columna del Chasqui Federal. Volvieron a hacerlo: el pueblo argentino deberá pagar por las pérdidas de las empresas privadas. Algunos datos de las últimas privatizaciones de plantas energéticas y ventas de participaciones estatales en los paquetes accionarios. Redacción

Esta vez, sólo nos referiremos al plano energético. Tenga en cuenta el lector que la sangría es mayor y abarca otros sectores. Comencemos por repasar algunos de los dichos del Ministro de Hacienda, Hernán Lacunza en su conferencia de presentación el pasado 20 de agosto.

Intentando dar buenas noticias y tratando de dejar bien parado a su antecesor, el ministro difundió cifras engañosas. Por ejemplo, afirmó que durante el primer semestre de 2019, se registró superávit en las cuentas estatales no asociadas al sector financiero por 30 mil millones de pesos. La presentación de los datos es al menos inexacta. Si tomamos en cuenta las ventas de las centrales eléctricas estatales Ensenada de Barragán y Brigadier López, por 26.330 y 14.000 millones de pesos respectivamente; el excedente anunciado se financió a partir de traspaso de activos estatales estratégicos para la Nación a manos privadas.

Según con los ojos que se mire, lo obtenido por las ventas, sólo cubre una parte de las pérdidas del erario público. Ese superávit entonces, se transformaría en un déficit del $ 10.000 millones. Sin embargo, sin corrernos del plano energético y si sumamos los recursos del Fondo de Garantía de Suntentabilidad del ANSES transferidos sólo en el primer semestre – equivalentes a $ 19.650 millones -, el rojo en el balance se incrementa significativamente.

Los buenos augurios de Lacunza respecto de las buenas migas que el Estado argentino mantienen con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se explicarían por el “sobrecumplimiento“ de las “metas fiscales” – achique y recorte estatal- para 2019 proyectadas a diciembre próximo. Lo que el ministro no puede develar con exactitud es a qué costo se lograrían. Tampoco puede asegurar si ello alcanzará.

Los muchachos del FMI algo sospechan. Mientras se realizaba el 24 de agosto la marcha de apoyo al Presidente Mauricio Macri, Lacunza y sus colaboradores directos se reunían con una comisión de ese organismo internacional que había llegado al país casi en forma sorpresiva. Intuimos que ocurrieron dos cosas: el llamado desesperado desde la Argentina para recibir asistencia inmediata del Fondo; y la visita de éstos para ver cómo hará el país para afrontar los vencimientos que se avecinan.

Una primera conclusión puede ser la siguiente: el gobierno argentino no sabe cómo afrontará dichos vencimientos porque está visiblemente urgido por afrontar el día a día. En algún punto, la situación hermana a los miembros de la alianza gobernante a cargo del Ejecutivo con el pueblo que representan: las deudas los ahogan, pero deben enfrentar a los acreedores explicándoles que no pueden pensar en pagar, porque no saben cómo van a llegar ala semana que viene.

El mismo fondo les dio la solución: durante 2017, cuando se preparaba el terreno para que la relación con el FMI volviera a retomarse, el entonces Ministro de Energía Aranguren, impulsó el Decreto N° 882/17.

Aquél definía y establecía las pautas para las “ventas al sector privado de la participación accionaria estatal en las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano, José de San Martín (Central Timbúes), Vuelta de Obligado, Guillermo Brown, Güemes, Central Puerto, Central Dique y Centrales Térmicas Patagónicas. Igual para el proyecto Central Termoeléctrica Manuel Belgrano II”. Asimismo el mismo texto incluía el inico del proceso de privatización de la participación accionaria de IEASA (ex ENARSA) en CITELEC, sociedad controlante de Transener; y también habilit las ventas de las represas sobre el río Santa Cruz, y las acciones clase C de Dioxitek, empresa perteneciente a la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Por lo tanto, la década del ’90 ha regresado. Las deudas adquiridas por el Estado nacional para financiar fuga de capitales, negocios privados, y realizar la transferencia de la riqueza social a los sectores más privilegiados, volvió a financiarse con el patrimonio público de los argentinos.

Lopetegui, el responsable del área energética, está afinando el lápiz. El dinero obtenido por las ventas no alcanza por dos razones: primera, las cifras analizadas sólo se limitan a los compromisos de 2019 y a ver cómo se llega a fin de año. Segundo; los vencimientos de 2020 a 2023, no están entrando en este paquete de privatizaciones. Por lo tanto deben generar más, y es por ello que se explican los últimos movimientos relativos a Vaca Muerta.

Existe un deseo a voces que el actual oficialismo no puede salir a “blanquear”: lo mejor que podría pasarle a los miembros de la alianza gobernante, es dejar de ser gobierno a partir de diciembre. No están dispuestos a poner la cara y el pecho a lo que viene.

Por eso las broncas y ríspideces internas que ya hacen públicas María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Vale aquí la metáfora boxística: ellos fueron al frente contra su propio pueblo, y ahora les sacaron hasta el banquito. Quedaron solos para enfrentar la estampida. Esa que piensan parar haciendo más grande la sangría.

Fuentes: OETEC / Ministerio de Hacienda / Secretaría de Energía / Boletín Oficial de la Nación

Publicado en chasquifederal.com