Electricidad y agua para la Comunidad Pilquiniyeu del Limay: el STJ rionegrino solicitó informes al Ejecutivo.


El Gobierno de la Provincia de Río Negro, deberá responder a la requisitoria del Superior Tribunal de Justicia, ante el Amparo Colectivo presentado en conjunto por la Comunidad Mapuche Pilquiniyeu del Limay y la Fundación Adalquí.

El reclamo, presentado en junio pasado, exige al Ejecutivo, el cumplimiento de lo acordado oportunamente al momento de la relocalización de la Comunidad; y la restitución en forma urgente de los servicios de energía eléctrica y agua potable. La carencia de ambos recursos, y el agravante climático, a puesto a los habitantes en situación de aislamiento.

Algunos datos históricos para comprender la problemática

Es sabido que el actual Estado de la Provincia de Río Negro, al igual que el nacional, está – y estuvo – habitado por diversas comunidades originarias. Las conquistas territoriales, las guerras y políticas de exterminio implementadas sobre ellas, tuvieron como consecuencia el desplazamiento y arrinconamiento de estos pueblos, en regiones menos productivas y poco aptas para el desarrollo de las comunidades. Tal proceso, desencadenó la ruptura de lazos familiares, la muerte y la desaparición de la lengua y las costumbres de las comunidades originarias. Las personas de la Comunidad Mapuche Pilquiniyeu del Limay no fueron ajenas a esa realidad.

En la pasada década del ’50, el Estado Nacional implementó la política de generar reservas de Comunidades Originarias, y las provincias fueron homologando esa iniciativa; fue en 1972, cuando la provincia de Río Negro le otorga reconocimiento a la Comunidad Pilquiniyeu del Limay, situada por entonces en cercanía de la confluencia de los ríos Limay y Collón Curá.

Comparativos de localizaciones de la Comunidad Pilquiniyeu del LImay (Fte. imagen, Google)

En 1983, los habitantes de la Comunidad, tomaron conocimiento del proyecto de construcción de la actual represa hidroeléctrica Piedra del Águila. A raíz de ello la posibilidad de la relocalización comenzó a formar parte de la vida de los habitantes de Pilquiniyeu del Limay. Entre los años 1984 y 1986, el Estado rionegrino, la empresa HIDRONOR S.A., con la colaboración del IPPV y el Consejo Provincial de Educación que cedió los terrenos; concretaron el proyecto de la represa. Allí la Comunidad fue notificada de su inminente relocalización.

Ya en aquél entonces, el Estado Rionegrino reconoció que los pobladores de la Comunidad Mapuche Pilquiniyeu del Limay serían “afectados” por este proyecto hidroeléctrico. Por ellos, en la normativa generada al respecto se habla de “áreas afectadas”; se plantea la relocalización de los pobladores, y se habla de indemnización y de ser reubicados en un lugar “ecológicamente equivalente”.

Entre 1989 y 1990 se realizó la actual relocalización de la Comunidad Pilquiniyeu del Limay (que sigue hasta nuestros días). Desde entonces, prácticamente ninguno de los objetivos prometidos y asumidos legalmente por la autoridad estatal, fueron cumplidos. Las viviendas, animales, escuelas, provisión de agua y energía, entre otras, jamás llegaron a la Comunidad por propia decisión de las autoridades, ni de acuerdo a lo establecido en el marco legal. Los logros, avances y concreciones, siempre debieron ser reclamadas por los y las habitantes.

Así las cosas, y a más de ello, a casi treinta años de la relocalización, la Comunidad Mapuche Pilquiniyeu del Limay se encuentra en situación de cuasi aislamiento (condición que se agrava en los meses de invierno). El centro urbano más próximo – 120 km – es Comallo. Hacia allí deben trasladarse los jóvenes para continuar con sus estudios; o cualquiera de los habitantes que necesite un seguimiento y acompañamiento médico y sanitario permanente.

Durante el invierno, el abneganiento de caminos, las nevadas, la carencia de vehículos adecuados a la zona, y la ausencia de asistencia estatal, muchas veces ponen a la Comunidad Mapuche Pilquiniyeu del Limay en condición de aislamiento total, respecto de sus vínculos con otras comunidades y localidades. Factor que agrava el desmembramiento, pero que sobre todo viola permanentemente los derechos de los pueblos originarios.

La gravedad de lo descripto anteriormente, se incrementa a partir de un factor altamente relevante: la carencia de agua y energía eléctrica. Desde los tiempos de la relocalización de la Comunidad, el Estado provincial se comprometió a realizar el tendido eléctrico y la construcción de la infraestructura necesaria y conveniente en materia de saneamiento.

Localización de la Comunidad (Fte Imagen: Google)
Imagen ampliada (fte. Google)

Por entonces, la instalación de motores diesel para la generación de energía y bombeo de agua desde el pequeño curso de agua más cercano, poseían el carácter de provisorios, hasta tanto de desarrollaran todas las obras acordadas en el plexo legal. Sin embargo, la situación no ha cambiado.

Los motores mencionados, no reciben el mantenimiento mínimo necesario para su funcionamiento. Sólo son reparados cuando éstos se averían definitivamente. Ante la situación de aislamiento mencionada en líneas anteriores, lo frecuente es que entre la rotura y la reparación pasen semanas enteras que la Comunidad no accede al recurso. Las dificultades logísticas que acarrea el invierno, eleva exponencialmente dicho lapso.

Toma panorámica, dónde se destaca en el círculo rojo, la actual localización de la Comunidad Pilquiniyeu del Limay (Fte. Google).

La imposibilidad de conservar alimentos y medicamentos se convierte en un factor constante. Lo mismo sucede con el resto consumo eléctrico domiciliario. Por otro lado, la falta de energía restringe la posibilidad de bombeo del agua desde el curso más cercano – río que suele secarse en temporada de verano -.

En alguna oportunidad el estado provincial proveyó a la Comunidad de paneles solares para complementar las necesidades energéticas y salvar las incidencias en los motores diesel, hasta tanto se desarrollase la infraestructura comprometida en la ley. Sin embargo, el agotamiento de las baterías y su no reemplazo por parte de la autoridad, entre otras contingencias, continúa condicionando la vida y supervivencia de los y las habitantes, con la misma frecuencia que en la situación anterior.

El reclamo judicial

A raíz de todo lo mencionado, es que la Comunidad mapuche Pilquiniyeu del Limay y el Colectivo de Acción Jurídica, Social y Cultural Adalquí, se constituyen en la Justicia rionegrina para reclamar judicialmente el amparo a los derechos de la comunidad, exigiéndole al poder Ejecutivo “elaborar e implementar un plan integral de prestación y de mantenimiento de servicio de energía eléctrica , en forma adecuada, regular, técnicamente idónea, segura y suficiente”; y “la provisión efectiva, ininterrumpida y eficiente a las necesidades del territorio, del servicio de agua potable, apta para consumo humano y riego, mediante el uso de técnicas idóneas, a los efectos de poner fin a la restricción sobre este recurso natural que afecta a la Comunidad Pilquiniyeu del Limay desde hace 29 años”.

Asimismo, se hace referencia a que el estado provincial cumpla con lo pactado al momento de la relocalización y en la normativa aplicable, y efectúe las obras necesarias, para convertir a dicha región en un entorno ecológicamente equivalente al anterior.

El reclamo fue presentado ante el Superior Tribunal de Justicia a fines de junio pasado. La autoridad judicial, derivó el mismo a la Procuradoría General para que emitiese su opinión al respecto. Cumplida dicha instancia, el pasado viernes 13 de julio, el STJ resolvió, en concordancia con el Procurador, otorgar carácter de Mandamus al reclamo por los derechos de la Comunidad, y solicitó tanto al Poder Ejecutivo provincial como a la Fiscalía de Estado, que elaboren en un plazo de 72 hs., un informe detallado respecto de la situación planteada por la Comunidad Pilquiniyeu del Limay y el Colectivo Adalquí.

El plazo planteado se cumpliría el próximo jueves 18 de julio.

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