Comunicado: El pueblo mapuche tehuelche por mayor reconocimiento territorial y rechazo a la intervención estatal


Por Alejandro Cornide Namuncurá

 

Cerca de 150 peñi y lamuem de diferentes comunidades y entidades indígenas, y media docena de otros representantes y trabajadores pertenecientes al Estado federado de la República Argentina, se reunieron en la localidad de Ingeniero Jacobacci los días 10 y 11 de agosto de 2018, para dar a conocer y analizar colectivamente los alcances de la denominada “propiedad comunitaria indígena”.

La propuesta surgió a partir de un Proyecto de Ley Nacional que se encuentra actualmente tramitando ante el Congreso de este país, a instancia de la senadora Magdalena Odarda y el senador Pino Solanas. La dinámica fue participativa, en debates generales y trabajos grupales, participando en ellos miembros del Colectivo Adalquí. 

En el encuentro, en el que también participaron el Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas de la provincia de Río Negro, la Coordinadora del Parlamento del pueblo Mapuche-Tehuelche de la provincia de Río Negro y la Confederación Mapuche de la provincia de Neuquén, se dio a conocer el siguiente Comunicado:

 

 

EL PUEBLO MAPUCHE TEHUELCHE POR MAYOR RECONOCIMIENTO TERRITORIAL Y RECHAZO A LA INTERVENCION ESTATAL

 

En ejercicio de nuestra libre determinación como pueblos naciones preexistentes, distintas comunidades y organizaciones mapuche y mapuche-tehuelche en las provincias de Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro, que nos hemos dado este espacio de socialización y debate del proyecto de Ley de Instrumentación de la Propiedad Comunitaria de los Territorio Indígena, nos vemos en la obligación de hacer una serie de reclamos vinculados a la actualidad cultural, social, económica, y política que nos atraviesa como pueblo:
En primer lugar, denunciamos el incumplimiento sistemático de la ley 26.160 por parte del Estado nacional y las provincias ante la falta de ejecución del relevamiento territorial y de protección legal a que refiere la prorrogada ley, con el claro propósito de facilitar el despojo de los territorios indígenas en manos de capital extranjero, de gran poder económico.
Por ello, los aquí reunidos exigimos que dejen de utilizarse excusas basadas en obstáculos presupuestarios, y en su lugar, se asignen los recursos económicos que sean necesarios para culminar su correcta e igualitaria aplicación a todas las comunidades originarias, sin exclusión de ninguna; garantizando la participación de las instituciones representativas del pueblo mapuche en la suscripción del convenio que instrumenta la aplicación de la ley, como también en todo el proceso de ejecución.
Por otro lado, demandamos crear e instrumentar el mecanismo de Consulta previa, libre, e informada para obtener el Consentimiento vinculante para el Estado, en todos aquellos supuestos de acciones o proyectos de leyes o decretos que pudieran afectar de algún modo nuestros derechos como pueblos originarios.
Asimismo, denunciamos que persiste la histórica represión estatal contra nuestro pueblo, la que en los últimos tiempos se ha agravado convirtiendo al Pueblo nación Mapuche en víctima de una violencia estatal inédita desde el advenimiento de la democracia, llevada a cabo por el gobierno federal y gobiernos provinciales, y municipales, que buscan generar a través de la manipulación de los medios de comunicación, un discurso estigmatizador en nuestra contra, con el evidente objetivo de deslegitimar nuestros reclamos territoriales, e instalar en la sociedad un contexto facilitador de la violencia del poder judicial y de las fuerzas de seguridad, re implementando la doctrina de la seguridad nacional e identificando al Pueblo Mapuche como el enemigo interno.
En esa línea, repudiamos que la Sra. Ministra de Seguridad Patricia Bulrich, ha dispuesto la creación de un comando unificado en las provincias de Chubut, Río Negro, y Neuquén, cuyo principal cometido es la persecución y espionaje de nuestro pueblo para reprimir nuestras históricas y legítimas reivindicaciones territoriales.
Rechazamos y repudiamos el Decreto del presidente Macri N° 683/18 atribuyéndose una potestad que no corresponde modificar por decreto el rol de las fuerzas armadas, en la seguridad interior. Después de la presencia y represión ejercida por la policía federal, la prefectura y gendarmería argentinas, ahora también incorpora la del ejército militar, configurando un nuevo tipo de terrorismo de estado, disfrazado bajo el discurso de seguridad nacional. Políticas, todas, con el claro propósito de amedrentar a nuestro pueblo al ejercer el derecho de posesión ancestral tradicional enmarcado en el derecho de regreso, y cuando no, de arrebatarle los territorios que sean más productivos.
Rechazamos el asentamiento de fuerzas militares norteamericanas en el corazón del Territorio comunitario Mapuche, para controlar la explotación de Vaca Muerta.
También rechazamos las campañas de violencia, estigmatización y criminalización utilizadas contra el pueblo mapuche por parte de los gobiernos, y concluimos diciendo que este contexto de militarización extremo en lugares aledaños a poblaciones mapuches, tiene el innegable objetivo de instaurar un marco de violencia en contra de nuestro pueblo y otros pueblos indígenas del país.
Las comunidades aquí reunidas hacemos un llamado y alentamos a las demás comunidades y pueblos indígenas, organizaciones indígenas, sociales y sindicales, a acompañar este movimiento, e iniciar un proceso de debate sobre el reconocimiento de nuestro derecho de propiedad comunitaria y de acoplarse a la exigencia de su respeto.