(Fotografía: Ex Hotel IOS Mascardi. Fuente: Noticias de Bariloche)
Por Dino Di Nella
Crontracrónica amarilla de los nombres propios antimapuches:
Mugica, Villanueva, Little, y el Hotel Mascardi, en el conflicto contra el pueblo-nación mapuche
(Puede descargarse en pdf acá: Contracrónica amarilla de los nombres propios antimapuche)
Preliminar
La anunciada acción conjunta de ocho fuerzas de seguridad –Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal y tres Policías Provinciales–, está concretándose en intervenciones en las que se van alternando, aunque mantienen como su denominador común, las brutales represiones contra las familias de los pueblos originarios que vienen sosteniendo un proceso de recuperación cultural y territorial.
En el caso del Lof Lafken Winkul Mapu, una de las salvajes intervenciones se dio dos días después de que el Poder Ejecutivo Nacional promulgara la Ley 27.400, que prorroga, precisamente, la suspensión de todo acto administrativo, judicial o vía de hecho de ese Estado que tenga por fin o resultado el desalojo de personas o familias de pueblos originarios de los territorios que habitan, por cuatro años más o hasta que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas concluya el relevamiento de territorios de esas comunidades (lo que resulte primero).
Es que el territorio de ocupación tradicional y ancestral que el Lof Lafken Winkul Mapu recuperó a partir del 14 de septiembre de 2017 en la zona del denominado Lago Mascardi, tiene, a la vez que un una belleza cultural, espiritual y natural inconmensurable, un valor inmobiliario de enorme potencialidad para la más alta rentabilidad financiera. Y ello, no puede ser soslayado.
La última de las denuncias, se efectuó el 12 de Julio de 2018. Damián Mugica, representado por el abogado Martín Paterlini, presentó una denuncia ante la Fiscalía Federal de San Carlos de Bariloche. Esta vez, se refiere a que un grupo de personas habría irrumpido en unas instalaciones edilicias que serían propiedad privada del Estado federado de la República Argentina, bajo titularidad de la Administración de Parques Nacionales, considerando que tal obrar podría encuadrarse dentro del tipo penal descripto en el artículo 181 del Código Penal, que prevé una condena de seis meses a tres años de prisión para aquellos que “por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes”.
Pero, ¿Qué intereses mueve a presentar esta denuncia?. ¿Quién hace realmente, la denuncia?.
Es esta una crontracrónica de los nombres propios que tienen cierta incidencia en los hechos: Mugica, Villanueva, Little, y el Hotel Mascardi, en el conflicto contra el pueblo-nación mapuche representado en el Lof Lafken Winkul Mapu.
Sin que implique subestimación alguna a las personas lectoras, van algunas advertencias preliminares. Por un lado, se podrá observar que no hay una sola mención a las voces y/o versiones de los hechos, que correspondan a los representantes de los pueblos originarios. Lejos de todo equívoco, ello ha sido una opción deliberada. En primer lugar, para no reproducir esa práctica fulera de hablar desde la otredad, en nombre de los pueblos originarios o los miembros del Lof (Puede consultarse para ello, por ejemplo, la nota del portal En estos días, “Fuerzas federales nuevamente ingresaron a la comunidad mapuche en Villa Mascardi”).
En segundo lugar, porque en este trabajo se parte de que el propio relato de los actores del Estado federado de la República Argentina, implicados como están en construir no solo los hechos en cuestión sino también la representación o memoria de los mismos, demuestran por sí solos la inconsistencia e incongruencia de sus autoindulgentes relatos. No obstante debe estarse prevenido de que hay una gran cantidad de hechos acá no considerados (por no estar dentro del relato oficial) del todo relevantes para percibir cabalmente una adecuada secuencia real de los atropellos y despojos de los que son víctimas los pueblos originarios en general y el Lof Lafken Winkul Mapu en particular.
Por otro lado, en la búsqueda del “nombre de la cosa”, que permita coherentizar el significante con el significado último de lo que se está diciendo, se ha elegido la redefinición de las nociones que pretenden ser naturalizadas a fuerza de machacona reiteración. Por caso, la con-fusión entre un Hotel, un Hotel abandonado, un ex Hotel desocupado, un establecimiento de dominio estatal del que solo conserva la nuda propiedad, un edificio pensado desde una lógica mercantilista para hacer dinero, más que iushumanista para satisfacer derechos humanos. A riesgo de dotar de demasiada densidad y tosquedad a una lectura que igualmente se pretende ligera, se ha escogido la misma estrategia de saturación, para romper las inercias que insisten con identificar simplonamente, conceptos que se presentan en su sentido amplio y descriptivo, en entrecomillados que los individualizan, de modo tan reiterado como recurrentes son en el texto.
Y por último, el despojo a los pueblos originarios no comenzó con el gobierno de Macri. Sin embargo, la respuesta teórica, discursiva y práctica, represiva y asesina, por parte del Estado federado (provincias y sus municipios, y gobierno nacional) de la República Argentina durante el presente mandato presidencial, es un salto cualtitativo gravísimo, incompatible con las más elementales garantías democráticas en un Estado de derecho. Es por fuerza de ello entonces, que una contracrónica, no puede sino amarillear en su desvelada crítica política.
El Nahuel Huapi
Administración del Parque Natural de “la matriz en la que hoy conviven comunidades del pueblo mapuche y pobladores criollos de orígenes diversos: mayoritariamente de Europa, Chile y también de otras provincias argentinas”
Damián Mugica, es el Intendente del Parque Nacional de “Nahuel Huapi”, responsable local de la Administración de Parques Nacionales. La web oficial nos dice que “…Nahuel Huapi es el primer Parque Nacional del país y su origen se remonta al año 1903…”. Que es un refugio “… de naturaleza y cultura (que) resguarda una muestra representativa de los ecosistemas andinonorpatagónicos: bosques, estepa y alta montaña, así como también las cuencas hídricas y el patrimonio cultural….”. Y ete aquí, que también nos dice que “… a partir del siglo XVI, la compleja trama de la colonización europea y la conformación de los Estados nacionales de Chile y Argentina (hacia fines del siglo XIX) en la región de Nahuel Huapi, dio como resultado una matriz en la que hoy conviven comunidades del pueblo mapuche y pobladores criollos de orígenes diversos: mayoritariamente de Europa, Chile y también de otras provincias argentinas….” (Nota: cita literal; no es sarcamo).
En efecto, los parques nacionales se crearon en la Argentina por iniciativa del visionario científico y explorador nacido en Buenos Aires, Francisco P. Moreno (1852-1919). Presentado como uno de los máximos héroes civiles de ese país, en 1883, a los 21 años, inició su primer viaje de exploración a la actual provincia del Río Negro, acompañando al ejército del general Julio Argentino Roca en su sanguinaria campaña en territorio mapuche. Un año después iniciará su anhelado sueño: “construir un museo para la grandeza de la naciente patria Argentina”, -como sostienen los textos de historia argentina- en el que llegó a mostrar, con un indisimulable racismo cientificista, a más de 10.000 almas y cuerpos vivos y muertos de los pueblos originarios. En el Museo de La Plata se encontraban en las vitrinas (hoy en sus sótanos) los esqueletos de los caciques que resistían, armas en mano, la usurpación de sus territorios ancestrales, legitimando así el genocidio roquista.
En 1896 fue nombrado oficialmente Perito Argentino para realizar labor de distribución de los territorios ocupados, estratégico por el naciente problema de apropiación limítrofe con Chile.
En 1903, Moreno donó al Estado federado tres leguas de las veinticinco que ese mismo Estado federado le había donado a él por sus servicios, ubicadas en la región del lago Nahuel Huapi, con la intención de preservar el paisaje y las riquezas de la región. El perito Moreno, el visionario, a quien el destino encomendó la tarea de aunar, con un claro sentido de soberanía, la nueva idea de consagrar un “parque público natural”, según escribió en la carta de donación fechada el 6 de noviembre de 1903. La isla Centinela, dentro del Parque Natural y del lago Nahuel Huapi, a 30 km de la ciudad de Bariloche, lugar que Moreno en persona le negó a cientos de guerreros Mapuche, es donde descansa su cuerpo.
Treinta años después de su donación, en 1933, se instituyó la reglamentación necesaria para legislar el funcionamiento de los parques nacionales, con que se materializaría el despojo de la Administración de Parques Nacionales, contra las comunidades mapuche de ocupación tradicional de dichos territorios.
Pero las denuncias actuales contra el pueblo-nación mapuche no las hizo el perito Moreno. Las hizo la actual Administración de Parques Nacionales. Como consta en su web oficial (https://www.parquesnacionales.gob.ar/), y documenta Gloria Pages (https://latinta.com.ar/), el directorio de la actual administración está plagado de ex CEOs, abogados de estudios que defienden a grandes empresas de negocios dudosos con el Estado, además, claro, de emprendedores inmobiliarios, bien a tono con la expoliación que la oligarquía terrateniente lleva adelante hace decenas de años y que este gobierno busca profundizar a los tiros.
El Presidente del Directorio, Eugenio Bréard, destaca que “cumplió funciones en la empresa Philip Morris Internacional durante 25 años, en donde se desempeñó como Director de Marketing, Gerente General y Vicepresidente de la filial argentina. Desde 2008 fue Presidente o Vicepresidente de la Corporación que se dedicó a hacer negocios inmobiliarios con los bienes del Estado, “Antiguo Puerto Madero”.
Emiliano Ezcurra es el Vicepresidente. En 2006 fue nombrado Director de Campañas de Greenpeace Argentina y en 2008 creó la Fundación Banco de Bosques, fuertemente apoyada por el Grupo Clarín, en el área de los negocios ambientales.
El vocal por el Ministerio de Defensa es Gerardo Bianchi, el único UBA (arquitecto). Arranca su gestión en la dictadura (1980) y se retira en 1992. Luego se dedica a la actividad privada. Desde ATE denunciaron que tuvo que alejarse por haber realizado maniobras fraudulentas.
El vocal por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es Pablo Galli. Egresado (UADE), ex presidente de la Asociación Argentina de Marketing, se desempeñó en PepsiCola Internacional como su CEO en varios países. Fue CEO de Telefe S.A., Canal 9 y Capital Intelectual S.A. Es miembro del Consejo Académico del Posgrado de Marketing de la Universidad de San Andrés, además de Managing Partner de Newlink Group en Argentina, “empresa dedicada a la consultoría estratégica y comunicaciones en América Latina con fuerte énfasis en las industrias de Turismo, Tecnología, Finanzas y Alimentación”.
El vocal por el Ministerio de Turismo, es Roberto Brea, egresado UCA, exdirectivo en Grupo Inmobiliario Ayres, con emprendimientos en la zona de Pilar. Desde 2015 es presidente de Laboratorios Andrómaco.
El vocal por el Ministerio de Interior fue durante muchos meses Mariano Grondona (h). Graduado UCA, el hijo del periodista es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina y también socio fundador del Estudio de abogados Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (primogénito del ministro de Economía de la dictadura genocida), estudio que se dedica a defender los intereses de empresas extranjeras en el país. Es socio del “Colegio de Abogados de la Capital”, una agrupación de abogados ultra reaccionarios en la que, entre otras gestiones, algunos de sus miembros se dedican a la defensa de genocidas, uno de cuyos titulares es Pedro Eugenio Aramburu hijo y entre los socios encontramos a José Alfredo Martínez de Hoz. Otro de sus compañeros en ese Colegio es nada menos que Pablo Noceti, el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, responsable de la represión en la que Santiago Maldonado fue desaparecido y muerto. Y también de la cacería en la que Prefectura asesinó a Rafael Nahuel. Actualmente y desde 2018 es vocal por este Ministerio Luis Giménez Tournierquien desarrolló su carrera profesional en entidades bancarias de Argentina y del exterior. En el año 2000 fundó Omnigraphics Argentina S. A., y desde 2008 participa como Socio Director en Inalambrik S. A., una compañía dedicada al desarrollo de software mobile. También es miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara Argentina de la Industria del Letrero (CAIL), antecedente del todo relevante para comprnder el perfil de su vocalía.
Por supuesto, ellos (como los Benetton, los Lewis y compañía) no se ocupan de las tareas operativas. Siempre hay “serviciales”, sea en el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los estados provinciales federados en la Argentina… y ante su solicitud de auxilio, las fuerzas de seguridad servirán para desatar con brutalidad policial, la crueldad estatal.
Entre estos serviciales, se encuentra el Intendente del Parque Nacional de “la matriz en la que hoy conviven comunidades del pueblo mapuche y pobladores criollos de orígenes diversos: mayoritariamente de Europa, Chile y también de otras provincias argentinas”, Don Damián Mugica, que suele ser el que firma en nombre, por y para todos ellos.
No puede sorprender entonces que sea de estos oligarcas currículums (tan racistas, conservadores y utilitaristas como el propio perito Moreno), responsables de administrar 46 áreas protegidas en una superficie cercana a las 4.441.808 hectáreas (alrededor del 1,7 % de la superficie total del Estado federado de la República Argentina), de donde salen las denuncias contra los miembros del Lof Lafken Winkul Mapu. A través de su signante, Mugica.
El Hotel
Hotel Mascardi, exHotel IOS, “Edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo”
Nicolò Mascardi, fue un italiano nacido en una familia acomodada de Sarzana, en el siglo XVII. Se hizo sacerdote jesuita, misionó en Chiloé, y luego cruzó los Andes para hacerlo entre la población originaria, buscando la mítica Ciudad de los Césares. Lago Mascardi, Villa Mascardi, Hotel Mascardi, deben sus nombres a la política pública de memoria del Estado federado de la República Argentina, que a través de la onomástica y la toponimia, reivindica al primer habitante blanco de la región, más específicamente, en el territorio Remü Lafken.
Sobre la cosa que constituye la propiedad privada mencionada en la denuncia, cabe decir que se trata de una edificación sólida, exógena en sus características a las naturales del Remü Lafken, construida sin el consentimiento ni la consulta previa e informada de los pueblos originarios (conforme exige el vigente Convenio N° 169 de la OIT) que tuvieron desde siempre la ocupación tradicional que menciona expresamente la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 17, al reconocer los derechos de los pueblos que son preexistentes al Estado federado de la República Argentina, y por ende, de la impuesta radicación del Parque Nacional de “la matriz en la que hoy conviven comunidades del pueblo mapuche y pobladores criollos de orígenes diversos: mayoritariamente de Europa, Chile y también de otras provincias argentinas”.
La estructura posee capacidad para el resguardo y cuidado de la vida humana, en condiciones favorables para la satisfacción de los derechos humanos económicos y sociales constitucionales de acceso al suelo, la vivienda y el hábitat, máxime si se repasa al mismo como un recurso eminentemente escaso y ampliamente insuficiente para satisfacer tales derechos humanos de la población representada en ese Estado. No obstante, esta edificación fue planificada y acondicionada para ganar dinero, mediante la obtención de altas rentabilidades financieras, como resultado del cobro pecuniario de servicios de alojamiento a las personas que siendo de otros territorios, se desplazan de manera temporal y voluntaria hasta el nuevo y provisional emplazamiento. Eventualmente, en este edificio se ofrecían otros servicios mercantiles adicionales para el cuidado de la vida humana de los que están en condiciones de pagar esas importantes sumas de dinero, tales como los de la manufactura y elaboración óptima de alimentos aptos para el consumo humano, y la facilitación de su acceso al ocio y la recreación mediante la organización y/o suministro de infraestructuras que así lo permiten, incluso con alto grado de confort, dentro del propio establecimiento y territorio.
En esas condiciones, un buen día fue cedido por el Parque Nacional de “la matriz en la que hoy conviven comunidades del pueblo mapuche y pobladores criollos de orígenes diversos: mayoritariamente de Europa, Chile y también de otras provincias argentinas”, para que fuera explotado mercantilmente por la Obra Social del Personal Civil de la Nación (actual UPCN), mediante un acuerdo que duró hasta 1998. Ese año, fue recuperado por resolución del Directorio de la Administración de Parques Nacionales (del 17 de noviembre de 1998) que rescindió el contrato con dicho Sindicato. Ni el acuerdo de cesión ni su rescisión fue objeto de consentimiento, ni de consulta previa e informada de los pueblos originarios.
El Parque Nacional de “la matriz en la que hoy conviven comunidades del pueblo mapuche y pobladores criollos de orígenes diversos: mayoritariamente de Europa, Chile y también de otras provincias argentinas”, mantuvo en su cabeza la gestión de la infraestructura a través de su explotación tercerizada, hasta que en 2009, fue cerrado y desocupado. Aparentemente, los responsables de maximizar la rentabilidad financiera de esta infraestructura, habrían realizado una gestión deficitaria del control de los costes de producción y de la correcta organización de los recursos destinados a la obtención de la renta dineraria, razón por la cual las instalaciones –que solo existían para ese fin puramente empresarial- fueron abandonadas en dicho año 2009, transformándose en el “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo” Ex-Hotel IOS, de Villa Mascardi, una población rural y dispersa que según los censos de población y vivienda disponibles para los últimos -casi- 30 años (1991, 2001 y 2010), se ha mantenido estancada en apenas 50 a 60 personas.
Entre el año 2009 y 2012, así permaneció el “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo”: sin destino alguno para la satisfacción de los derechos humanos que el Estado debe asegurar de manera prioritaria, y en clara afectación del erario público, ante el deterioro y colapso del lugar. Siendo una oportunidad histórica para recabar el consentimiento y/o la consulta previa e informada de los pueblos originarios respecto del uso y destino del predio, ello fue una vez más, totalmente omitido.
En cambio, en ese año 2012, la estructura fue nuevamente cedida por la Administración de Parques Nacionales a una entidad que dice en sus estatutos tener fines sociales: F.O.E.T.R.A. Sindicato Buenos Aires. Constituido como continuadora de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos (F.O.E.T.) fundada el 26 de junio de 1932, F.O.E.T.R.A. Sindicato Buenos Aires fue creado el 17 de mayo de 1958, como organización sindical de primer grado, que agrupaba -en la fecha del convenio con l Administración de Parques Nacionales – a los trabajadores del servicio público telefónico de la Capital Federal y de 14 partidos del conurbano, Provincia de Buenos Aires (posteriormente, desde 2013, agrupa también a todos los trabajadores de la actividad de las telecomunicaciones y multimedia, entre otros, los que se desempeñan en las industrias, servicios, construcción, mantenimiento y comercialización de la misma (como datos, telefonía básica, móvil, satelital y/o celular y sus servicios conexos) en sus distintas etapas y abarca todas las funciones laborales, ya sean realizadas por las empresas o sus contratistas, teniendo por ámbito de actuación la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 22 partidos del conurbano de la Provincia de Buenos Aires).
F.O.E.T.R.A. Sindicato Buenos Aires, integra la claudicante Confederación General del Trabajo (C.G.T.). Es responsable de las históricamente cuestionadas negociaciones con la empresa estatal ENTEL (en épocas del menemato y la Interventora María Julia Alsogaray). Luego, siguió pactando con las corporaciones multinacionales explotadoras de los servicios públicos de telecomunicaciones del sector, TELECOM y TELEFONICA.
Así, este estratégico sindicato de Buenos Aires, se beneficiaba de esta cesión en Comodato, cuyo objetivo habría sido su remodelación (habitaciones, sanitarios, salón comedor y ampliación del muelle existente), para facilitar el acceso al ocio y la recreación de las porteñas y bonaerenses personas afiliadas a dicha entidad. Aunque también, se encargaría de combinarlo con fines puramente mercantiles, de mera maximización de la rentabilidad financiera empresaria de esta infraestructura, facturándoles importantes pagos dinerarios a los y las huéspedes que no pertenecieran al sector y lugar residencial de los afiliados.
Ello vendría garantizado por el largo período de vigencia del convenio (30 años). Por supuesto, tal iniciativa del Parque Nacional de “la matriz en la que hoy conviven comunidades del pueblo mapuche y pobladores criollos de orígenes diversos: mayoritariamente de Europa, Chile y también de otras provincias argentinas”, tampoco fue objeto de consentimiento ni consulta previa e informada de los pueblos originarios, ni de las personas que son parte de la cotidianeidad del entorno. Aun así –o, quizás, por ello mismo-, el negocio que se propuso el Parque Nacional de “la matriz en la que hoy conviven comunidades del pueblo mapuche y pobladores criollos de orígenes diversos: mayoritariamente de Europa, Chile y también de otras provincias argentinas”, a espaldas de sus ocupantes tradicionales de los pueblos originarios y personas con su cotidianeidad en el entorno, fue un fracaso, ya que (como si F.O.E.T.R.A. Sindicato Buenos Aires no fuera un agente comprometido de y con ésta región) nunca asumió su emplazamiento en la zona para cumplir las obligaciones acordadas.
En 2016, la injertada infraestructura fue recuperada y nuevamente puesta bajo la tutela directa del Parque Nacional de “la matriz en la que hoy conviven comunidades del pueblo mapuche y pobladores criollos de orígenes diversos: mayoritariamente de Europa, Chile y también de otras provincias argentinas”, aunque continuó corriendo la misma desgraciada suerte; su total abandono, y reducto ahora, además, cual depósito de automotores chatarra de titularidad del propio Parque Nacional de “la matriz en la que hoy conviven comunidades del pueblo mapuche y pobladores criollos de orígenes diversos: mayoritariamente de Europa, Chile y también de otras provincias argentinas”.
Y ello fue y es así, pese a que en ese año, en ocasión de la conmemoración del día de los Guardaparques, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, y el titular de la Administración de Parques Nacionales, Eugenio Breard, anunciasen en ampuloso acto público efectuado en dicho espacio, que el mismo se convertiría en la base de una “nueva Escuela Nacional de Guardaparques”. Estimaron una inversión de entre 28 y 30 millones de pesos, cifra que se derivaba de los estudios técnicos que ya se habrían efectuado y que permitirían su inauguración para el mismo día de octubre de 2017. Incluso, la Legislatura de la provincia de Río Negro, a instancias del legislador oficialista de “Juntos Somos Río Negro” Facundo López, comunicó oficialmente al Poder Ejecutivo Nacional de “Cambiemos” y la Administración de Parques Nacionales de los CEOs y abogados de negocios inmobiliarios, que veían “… con agrado la decisión de reabrir la Escuela Nacional de Guardaparques en el Parque Nacional Nahuel Huapi y el acondicionamiento del antiguo Hotel de la Villa Mascardi, próximo a la Ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche, para su funcionamiento….” (Artículo 1 de la Comunicación 140/2016, aprobada por la Legislatura de la provincia de Río Negro en sesión del 4 de noviembre de 2016). Cabe destacar que el Sr. Facundo López, que inició el expediente 891/2016, nada más y nada menos que un 12 de octubre, no se le ocurrió ni contempló ni en una sola línea de los Fundamentos del proyecto de comunicación, la necesidad del consentimiento ni de la consulta previa e informada de los pueblos originarios. Obviamente, tampoco la efectuó, para proponer el agrado que le provoca a la provincia tal iniciativa. Y claro está, lo mismo con el Sr. Bergman.
Pero en octubre de 2017, cuando según las promesas oficiales ya debía inaugurarse la Escuela, todavía no había pasado nada. Recién una semana antes, fue desde Buenos Aires un grupo de técnicos para recorrer el ruinoso edificio, que seguía desocupado después de más de 10 años, trascendiendo que el deterioro era cada vez más grande, mucho mayor al previsto, y que las obras serían más costosas de lo pensado. Mientras tanto, el día del Guardaparque modelo 2017 se conmemoraba en Iguazú, con la presencia no solo del Ministro y el titular de la Administración de Parques Nacionales, sino también del propio Presidente y jefe del Estado. Macri, Bergman, Breard y Mugica no dijeron ni muh sobre el nuevo emplazamiento de la Escuela Nacional de Guardaparques, ni de las obras pendientes en el Parque Nacional Nahuel Huapi para que el edificio que la acogería no se siguiera deteriorando.
Es decir, que entre octubre de 2016 y mayo de 2018, el resultado de la “recuperación” del Parque Nacional de “la matriz en la que hoy conviven comunidades del pueblo mapuche y pobladores criollos de orígenes diversos: mayoritariamente de Europa, Chile y también de otras provincias argentinas”, fue el mismo de siempre. Desde el anuncio de octubre y el comunicado de agrado de noviembre de 2016, no hubo un solo avance respecto de la Escuela Nacional de Guardaparques. En cambio, bajo la desaprensiva tutela del Parque Nacional de “la matriz en la que hoy conviven comunidades del pueblo mapuche y pobladores criollos de orígenes diversos: mayoritariamente de Europa, Chile y también de otras provincias argentinas”, la estructura permaneció sin uso, colapsado y abandonado.
Pero esto tuvo su excepción. Fue entre el 23 y el 25 de noviembre de 2017. Y fueron determinantes para ello, Gustavo Villanueva y Sylvia Cynthia Little.
El Juez Villanueva y la Fiscal Little
El rol del Juez transitoriamente a cargos de las funciones del titular del Juzgado Federal en Primera Instancia en Bariloche, y de la secretaria transitoriamente a cargos de las funciones del titular de la Fiscalía Federal en Bariloche.
Villanueva asumió el interinato en mayo de 2016, para cubrir al titular del Juzgado, Abog. Leónidas Moldes, quien causó la vacante transitoria, para desempeñarse como vicepresidente del Consejo de la Magistratura Nacional. Juez desde los 44 años, cuando asumió el Juzgado Federal de Neuquén, en el 2011, su subrogancia generó y genera una intensa polémica. Durante el año 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, anuló la designación del Juez Walter López Da Silva, por considerar que el sistema de cobertura transitoria de vacantes instrumentado por el Consejo de la Magistratura, era incorrecto. Villanueva ingresa entonces como subrogante, debiendo asumir la distancia existente entre Neuquén y Bariloche (sede de los dos Juzgados que ejerce), aun ante las condiciones metereológicas de invierno, que pueden llegar a tornar inaccesible la posibilidad de traslado del juez. También, en estos Juzgados tramitan causas tan importantes y de tanto volumen como las de los delitos de lesa humanidad, por el tráfico de sustancias psicotrópicas de consumo o uso indebido prohibido por las autoridades sanitarias, entre otras. Desde otra perspectiva, los organismos de Derechos Humanos consideraron que la designación de Villanueva tiene que ver con la intención de abordar una causa tan compleja como la de Facundo Jones Huala, que tiene un pedido de extradición de Chile (Villanueva es quien ordenó su detención). Natalia Hormazabal, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, fue más allá, y consideró que Villanueva “…está intentando acaparar y armar una megacausa contra el denominado grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM); contra todos aquellos que levantan el pedido de liberación de Facundo Jones Huala y por supuesto en una cruzada antimapuche en la Patagonia…”.
Little asumió el interinato en mayo de 2017, para cubrir al otrora titular de la Fiscalía Federal en Bariloche, Abog. Jorge Alberto Bagur Creta, quien presentó a principios de 2017 la renuncia a su cargo con el fin de acogerse al beneficio jubilatorio, a partir del 1° de octubre de 2017. Previamente, le concedieron una licencia hasta la fecha de la renuncia. Little, secretaria de esta Fiscalía Federal, estuvo durante ese lapso transitoriamente a cargo de las funciones titulares de dicha Fiscalía, a instancias del Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, Abog. Mario Sabas Herrera. Posteriormente, y con la opinión favorable de su propia corporación del Ministerio Público Fiscal (el mismo Sabas Herrera, la Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, Abogda. Mónica Teresa Belenguer, y del propio Bagur Creta), la Procuradora General de la Nación, Abgda. Alejandra Gils Carbó, emitió la Resolución MP N° 2617/2017, del 20 de septiembre de 2017, por la que se mantenie a Little transitoriamente a cargo de las funciones del Fiscal, “…hasta tanto se cubra la vacante con el concurso respectivo o razones de otra índole aconsejen adoptar un temperamento distinto” (lo que ocurra primero).
Previamente a la intervención de estos dos sujetos, el 10 de noviembre de 2018, el Parque Nacional de “la matriz en la que hoy conviven comunidades del pueblo mapuche y pobladores criollos de orígenes diversos: mayoritariamente de Europa, Chile y también de otras provincias argentinas”, efectuó una inspección ocular, y como resultado emitió un Acta de Constatación, la N° 258 del mismo día, en la que observaba la presencia de miembros de un Lof, con pertenencias y materiales de construcción, construcciones no autorizadas por ellos, e instalaciones accesorias como cercos, alambrados y carteles, así como animales de su propiedad. Dejó constancia también que los había intimado a que se retiraran junto con sus pertenencias, de acuerdo a lo previsto en el artículo 12 de la ley 22.351 de Parques Nacionales.
Ante la ausencia de retiro alguno, el Parque Nacional de “la matriz en la que hoy conviven comunidades del pueblo mapuche y pobladores criollos de orígenes diversos: mayoritariamente de Europa, Chile y también de otras provincias argentinas”, inició una demanda de desalojo, y luego una denuncia penal por usurpación, fundamentándola en lo establecido en la Ley de Parques Nacionales, contra los ocupantes del predio que identificó como de dominio y jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales, bajo nomenclatura catastral 19-7-A-011-14, sito en la Ruta Nacional 40 Sur, a la altura del kilómetro 2006, lindero al “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo”, el cual pertenecería a la propia Administración de Parques Nacionales. En la demanda solicitaba, con el auxilio de la fuerza pública, además de la expulsión de los miembros del Lof, el retiro de sus pertenencias, el desmantelamiento de las construcciones no autorizadas y retiro de materiales de construcción, las instalaciones accesorias como cercos, alambrados, carteles, como asimismo animales de su propiedad o de terceros que pudieren encontrarse en el lugar. Sostuvo que la intimación prevista en el artículo 12 de la ley 22.351 de Parques Nacionales se encontraba acabadamente cumplida con el Acta 258.
Para el 23 de noviembre de 2017, Villanueva dictó una orden de desalojo. La orden se intentó ejecutar, con decenas de efectivos de fuerzas federales. Sin embargo, no pudieron desalojar a los ocupantes esa jornada.
Villanueva dispuso que las fuerzas federales permanecieran en el lugar. Y así se hizo, justamente, en el “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo”. En esa ocasión, los agentes del Grupo Albatros y de otras Fuerzas Armadas que son oriundas de otras regiones del Estado, habrían residido y utilizado dicho edificio para apoyo logístico de sus macabras, desproporcionadas y asesinas operaciones. Tal uso y residencia no habría sido previamente autorizado por el Parque Nacional de “la matriz en la que hoy conviven comunidades del pueblo mapuche y pobladores criollos de orígenes diversos: mayoritariamente de Europa, Chile y también de otras provincias argentinas”, según los mecanismos administrativos aplicables al caso. Tampoco denunció el posible obrar típico y culpable previsto en el art. 181 del Código Penal, ni ninguna autoridad de parques lo puso en su Informe, ni fue constatado y/o auditado el estado material en que se encontraba el establecimiento, con anterioridad y posterioridad a la estancia. Y huelga decir, que en ningún caso se prestó el consentimiento ni se hizo la consulta previa e informada con representante alguno de los pueblos originarios, respecto de su parecer en este tema que tanto los afectó y los afecta.
Hasta el 25 de noviembre de 2017, se mantuvo la ocupación del “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo” por parte de las fuerzas policiales, día en que un grupo de Albatros persiguió y disparó contra jóvenes mapuches. Entre ellos se encontraba Rafael Nahuel; recibió un proyectil calibre 9 milímetros por la espalda, que lo mató. El crimen sigue impune, a cargo del mismo Juez transitoriamente a cargos de las funciones del titular del Juzgado Federal en Primera Instancia en Bariloche, Villanueva, y de la secretaria transitoriamente a cargos de las funciones del titular de la Fiscalía Federal en Bariloche, Little. El “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo”, luego, no fue abandonado por las fuerzas policiales, sino que continuó con su vigilancia durante diciembre de 2017.
Tras acometerse, so pretexto de desalojarlos, esta brutal represión del Lof Lafken Winkul Mapu, con múltiples privaciones de la libertad, lesiones graves y asesinato de Rafael Nahuel, se resolvió la convocatoria de una Mesa de Diálogo, que se reuniría 6 de diciembre de 2017.
Y el 7 de diciembre 2017, Villanueva realizaría una inspección ocular en el territorio, acompañado de múltiples uniformados, momento en el cual nada se menciona respecto del “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo”, que permanece custodiado por personal de la PFA. Sin embargo, con posterioridad, el Parque Nacional de “la matriz en la que hoy conviven comunidades del pueblo mapuche y pobladores criollos de orígenes diversos: mayoritariamente de Europa, Chile y también de otras provincias argentinas”, presentó una nueva solicitud de desalojo del predio colindante, otra vez sin el consentimiento ni la consulta previa e informada de los pueblos originarios.
Entre enero y abril de 2018 pasan varias cosas, pero en lo que aquí interesa, cabe remitirse a lo que ocurrió después.
El 14 de mayo de 2018, Villanueva resolvió rechazar este nuevo pedido de desalojo del Lof Lafken Winkul Mapu. Consideró que “…la causa penal se encuentra actualmente en trámite y que lo que aquí se pretende (por el lanzamiento de los ocupantes) ya fue oportunamente ordenado en dichos autos, y cuyo resultado disvalioso ha devenido de público y notorio conocimiento…”. El juez parecía indicar así, no querer repetir la experiencia de lo que ocurrió a finales de noviembre de 2017, cuando mataron a Rafael Nahuel durante la incursión por él ordenada. Pero debe ponderarse también el peso que pudo haber tenido en Villanueva, que apenas antes o casi al mismo tiempo, se dieran a conocer los resultados de las pericias balísticas que comprometen seriamente con el asesinato de Nahuel, a los miembros del Grupo Albatros que actuó bajo su imperio. El oportuno rechazo al nuevo desalojo, se efectuó tras la injustificable demora por parte de Villanueva para llamar a declaración indagatoria a los uniformados. Finalmente, fijó el 5 de julio como día de la audiencia.
Paralelamente, y no conforme, el Parque Nacional de “la matriz en la que hoy conviven comunidades del pueblo mapuche y pobladores criollos de orígenes diversos: mayoritariamente de Europa, Chile y también de otras provincias argentinas”, seguía a lo suyo. Pocos días después -a finales de mayo de 2018-, Mugica radica otra denuncia. Esta vez, será ante la Policía Federal de Bariloche, y el motivo es el de un supuesto robo de elementos que habrían estado en el terreno en el que se ubica la construcción del “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo”.
Así, 31 de mayo de 2018, dos semanas después del rechazo al desalojo, se informan “movimientos extraños” en sus inmediaciones.
Y el 4 de julio de 2018, un día previo a la declaración como imputado de Francisco Javier Pintos, el integrante del grupo Albatros más comprometido por las pericias balísticas, se habrían efectuado inspecciones oculares por parte de dos agentes del destacamento Villa Mascardi de la Policía de Río Negro, en proximidades de la casa del cuidador del “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo”. Los agentes habrían oculado en su observación, más “comportamientos extraños”, luego informados al agente del cuerpo de guardaparques, Germán Hernández.
El propio Hernández, habría decidido efectuar, de forma individual, sus propias inspecciones oculares, que mantendría diariamente hasta el día 11 de julio. En ellas habría detectado, al igual que los dos policías rionegrinos, “… huellas, animales pastando y grupos de personas en su interior y en las afueras…”. También dos vidrios rotos, aunque no indica cuando fue el hallazgo y desde cuando estaría el cambio de estatus quo (cuando se vió por última vez, el vidrio sano, y qué lo pudo haber agujereado).
En cualquier caso, y efectivamente, es muy, muy probable que esas cosas pasaran; pero muy difícilmente puedan ser consideradas “evidencias” de nada, o atribuibles a sujeto determinado alguno. En efecto, en tales circunstancias, puede haber habido en el predio del “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo”, una vaca durante algunos días. Y después, un par de días un caballo (herido), suelto o atado, pastando. Pueden haberse roto dos vidrios también, a fuerza de algún piedrazo. Pueden haber huellas de calzado de seres humanos que van y vienen desde y hacia zonas colindantes del campo -que está abierto, aunque no hubo peritaje ni observador baquiano que así lo considere). Y pueden haberse observado en un momento dado, tres personas dentro del establecimiento (que eventualmente se hubieran retirado, en presencia de los policías, con insultos desde el bosque y hasta con algún cascotazo en dirección a dichos inspeccionadores oculares). Y al día siguiente, pueden haber cuatro personas con las “cara tapadas” sobre la banquina de la ruta (en el camino de entrada, ni tan solo en el edificio, digamos que no muy clandestinamente que digamos). Incluso, en una “actitud” (descripción pasiva, de difícil encuadre en la dogmática penal) que el guardaparque, en su función de inspeccionador ocular y en su séptimo día de labor continua sobre los miembros del Lof (desde los días 4 a 11 de julio), pueda percibir como “desafiante”.
Igualmente cabe recordar que el establecimiento en cuestión, no “puede”, sino que efectivamente está, a la vera misma de la transitada ruta nacional, sin valla ni malla de contención alguna, con libre acceso de cualquier transeúnte o semoviente ocasional. Y recuérdese también que el Lof es colindante y dista apenas unos 300 metros del edificio del “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo” desocupado hasta que los inspeccionadores se preocuparon. En espacios abiertos y sin vallado ni mallado, la permanencia en el acceso al Lof sobre la ruta, es del todo compatible con permanecer unos pocos metros más allá (con o sin pasamontañas), en la entrada del predio colindante que permanece abandonado desde hace una década. Como se dijo, apenas interrumpido para actos de promesas oficiales vanas y de necesidades logísticas para operativos de represión y brutalidad policial. Basta con una fotografía, u observarlo in situ, hasta desde un automóvil que pase por la ruta, para comprobar por ejemplo, que a solo unos 20 metros del “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo” –en dirección al sur–, se encuentran las banderas que indican “Territorio mapuche recuperado” por parte de la Lof Lafken Winkul Mapu.
El 12 de julio de 2018, entonces, efectúa otra denuncia más Mugica de Parques Nacionales, por presunta comisión de violación al artículo 181 del Código Penal, y se sindica como presuntos autores (¿En banda?) a los que serían ocupantes del Lof Lafken Winkul Mapu, sin más prueba que la proximidad y los presuntos insultos.
El 13 de julio de 2018, se conoce que la Cámara Federal de Casación Penal denegó el pedido del lonko Facundo Jones Huala para hacer efectiva la libertad provisional, pero remitió al Juez Villanueva la decisión de otorgarle el arresto domiciliario mientras se define su extradición a Chile. Casi como acto reflejo, se dio a conocer la postura del Procurador General de la Nación, a favor del otorgamiento de la extradición a Chile. Mientras, el mismo 13 de julio de 2018, la denuncia por la supuesta ocupación del “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo” toma estado público. Y el mismo día, dos personas de la Agencia Bariloche del Diario Río Negro, asiste al predio del “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo”, y documenta lo que observa, con fotografías y videos de Alfredo Leiva.
Diario Río Negro lo publicará en su portal el día 14 de julio por la mañana, dejando constancia del estado de abandono total del predio, su uso como chatarrería de autos oficiales, la presencia de un caballo rengo pastando, la existencia de unos vidrios rotos, pero sobre todo, que “…No se presentaron moradores cuando este diario concurrió al predio…. (y que) tampoco había vigilancia policial…”. Es decir, accedieron sin dificultad al lugar, y no había nadie.
Sin embargo, entre el 14 y el 16 de julio, varios medios de comunicación nacionales se hacen eco de la noticia de la supuesta ocupación del “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo” –aun editando sus informaciones-. Las afirmaciones de los “inspectores oculares” de los días 4 a 11 de julio, sobre las que se sustenta la última denuncia, corren sin constrastación empírica (ni de google) como regueros de pólvora por los websites porteños, en lo que se presenta como “un nuevo capítulo del conflicto mapuche” (equiparables en su secuencia a los asesinatos y la brutalidad policial previa). Concomitantemente, la noticia fue desmentida una y otra vez en medios de comunicación alternativos y por nuevos testigos que acudieron al lugar entre el 12 y el 16 de julio, en proximidades del “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo”, constatando la ausencia total de personas o tomas en el predio (como lo hizo, insístase, el Diario Río Negro). Pero la campaña de difamación y tergiversación de los medios nacionales ya está lanzada, y es bestial (precisamente en bestialidad, compitieron las declaraciones de la Ministra Bullrich y el Gobernador Weretilneck). Y mientras tanto, Villanueva sigue sin resolver la prisión preventiva de Pintos, el resto de las declaraciones indagatorias, la concesión o no de la prisión domiciliaria para Jones Huala, y la participación o no en una nueva convocatoria a la Mesa de Diálogo.
Llega el 17 de julio 2018. Miembros del Lof, cerca de las 9:00 AM, en un grupo de entre 5 y 15 manifestantes, cortan la ruta 40 sur, con una fogata de ramas de pinos, casi enfrente del “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo” IOS, que, huelga decir otra vez, es también, casi enfrente de la entrada al Lof Lafken Winkul Mapu. Por cierto, no se constatan ocupantes en el “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo” IOS (a excepción de que se considere, absurdamente, que la proximidad del corte de ruta con el predio del “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo”, equivale o es “como si fuera una toma” del “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo” que está al costado. Los manifestantes no tienen ninguna consigna o elemento identificatorio con la que exterioricen reivindicaciones de ocupación o uso del “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo”. Se identifican sí, como integrantes del Lof y lucen una bandera, en reclamo de justicia por Rafael Nahuel. Además, repartieron por escrito el pedido de justicia, hasta el hartazgo:
“Por el weichafe Rafael Nahuel juicio y castigo a los culpables. Basta de criminalización al pueblo mapuche por recuperar nuestras tierras ancestrales. Justicia ahora por el weichafe Rafael Nahuel fusilado por el Estado argentino en la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu. Juicio y castigo a los responsables materiales y políticos. El weichafe Rafael Nahuel fue fusilado por orden de Macri, Bullrich, juez Villanueva y fiscal Silvia Litle y Parques Nacionales. Basta de hostigamiento y persecución a la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu. Weinchafe Rafael Nahuel presente!!! Juicio y castigo a los Albatros responsables directos de la muerte del weichafe”.
Reiteran también, que no han ocupado ni ocuparán el “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo”, y que ellos permanecerán en sus rucas.
Luego de 4 horas y hacia las 13:30 hs, se apaga la fogata, se autolibera de corte la ruta y se acude a la Intendencia de Parques Nacionales, en el centro de la ciudad de Bariloche. Mujeres del Lof le piden audiencia y se reclama que el Intendente de dicho organismo levante la denuncia formulada por supuesta transgresión del artículo 181 del Código Penal. Colocan la bandera que llevaban en el edificio, conversan con el titular, Mugica, presentan sus reivindicaciones, reiteran su residencia y morada en sus rucas, y después de 2 horas, cerca de las 15:30 hs, se retiran por propia voluntad al Lof.
Durante toda la Jornada, hubo un gran despliegue de efectivos policiales, tanto de las fuerzas federales como provinciales, bajo el argumento de brindar seguridad en los edificios públicos.
Posteriormente, la secretaria “transitoriamente a cargos de las funciones del titular de la Fiscalía Federal en Bariloche”, Little, siguió con la vocación ocularantista que aqueja a los agentes públicos de la región. Solicitó una inspección ocular en el lugar del “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo”, a efectos de constatar si el mismo registraba ocupantes. Adujo que ello se requería “… como consecuencia de las públicas manifestaciones esgrimidas por miembros de la “Lof Lafken Winkul Mapu” quienes –el día 17/07- cortaron la Ruta Nacional 40 a la altura del mencionado “exHotel”, e ingresaron a la Intendencia de Parques Nacionales en el centro de la ciudad reclamando que el Intendente de dicho organismo levantara la denuncia formulada….”. Sin embargo, en ningún momento los miembros manifestaron intenciones de ocupar el “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo”. Más bien manifestaron lo contrario, lo cual pudo ser fehacientemente comprobado (ocular y físicamente) por la gran cantidad de efectivos que estuvieron –esta vez, sin intervenir-, en el corte de ruta 40 sur –próximo al “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo”- y en la Intendencia.
El 18 de julio, autorizado por Villanueva, la secretaria “transitoriamente a cargos de las funciones del titular de la Fiscalía Federal en Bariloche”, Little, y la autoridad de Parques Nacionales (la misma que el día antes habló con las mujeres del Lof y se sacó fotos con ellas) decidieron constituirse en el territorio para llevar adelante la inspección ocular jurisdiccional.
Y el 19 de julio, fueron. Lo que habían realizado de manera individual o en duplas, policías provinciales, guardaparques y medios periodísticos, entre el 1 y 17 de julio de 2018, esta vez iba a requerir la intervención de cerca de 150 efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de Gendarmería Nacional Argentina, junto con el auxilio en retenes aledaños de la Policía Provincial. Según la secretaria “transitoriamente a cargos de las funciones del titular de la Fiscalía Federal en Bariloche”, la comitiva comenzó a sufrir agresiones por parte de un grupo de personas encapuchadas. Concretamente le habrían arrojado piedras desde la montaña, puntualmente desde el terreno contiguo (del Lof, al que identifica como “también propiedad de Parques Nacionales”). Se queja la secretaria “transitoriamente a cargos de las funciones del titular de la Fiscalía Federal en Bariloche”, de que apenas habían actuado en las inmediatas adyacencias del “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo”, esto es, a escasos 5 metros de la propia construcción que se encuentra emplazada a no más de 15 metros de la ruta. El supuesto ataque se habría iniciado pese a que el Comisionado General Frankemberger les habría intentado hacer saber que se estaba llevando a cabo sólo una inspección judicial en el “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo”, solicitándoles que depusieran su actitud. Según se desprende de un comunicado oficial de la secretaria “transitoriamente a cargos de las funciones del titular de la Fiscalía Federal en Bariloche”, en la que pareciera verse a las fuerzas de seguridad muy preocupadas por la integridad de la gran cantidad de turistas presentes en el lugar, se dice que la Policía de Seguridad Aeroportuaria priorizó la seguridad de éstos, desconcentrándose la situación momentos después.
Esta versión contrasta con la divulgada por organizaciones de derechos humanos. Lo que habría ocurrido es que un grupo Alacrán de la Policía Federal y de Gendarmería, de unos 50 miembros, portando armas largas y hasta sierras eléctricas, se desprendió y procedió sin más y por sorpresa a ingresar al predio del “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo”, y dirigiéndose hacia el territorio del Lof, a comenzar a los tiros. Primero, arrojando bombas de estruendo a efectos intimidatorios y de provocación. Y, después, con gases lacrimógenos y disparos de escopetas, dejando el suelo plagado de cascos servidos de las municiones y otros elementos, que algunos contaron en más de 100 (cabe destacar que ante la presencia inmediata de un abogado ante el Juzgado Federal, éstos negaron enfáticamente haber dado orden de ingreso al Lof y dijeron no tener informe alguno -desde las fuerzas de seguridad ocupantes- acerca de enfrentamientos o de los disparos que habrían efectuado).
Ante esta agresión de las fuerzas de seguridad, la respuesta de los comuneros habría sido la de defenderse. Por un lado, un grupo reducido de hombres del Lof, habría resistido el ataque arrojando piedras. Y por otro lado, eso habría dado tiempo a niños, niñas y mujeres a que se desplazaran y guarnicieran en el bosque del Cerro. Lo que realmente habrían hecho, al menos una parte de las fuerzas de seguridad estatales, no fue ir al “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo” en custodia o auxilio del personal judicial y administrativo ocularmente inspeccionador, sino a un predio bien distinto al que supuestamente debían ocular. Habrían ingresado sin orden judicial ni petición previa a los moradores; y por supuesto, si consulta previa e informada ni mucho menos, consentimiento de los ocupantes tradicionales del territorio.
A raíz de lo acontecido, la Fiscalía parece atribuir causalidad eficiente a los sucesos, al considerar que la diligencia judicial -el acto ocularizador del “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo”- debió suspenderse, y que ello ocurre en virtud de las agresiones recibidas. En apariencia, parece la Fiscalía considerar proporcional y apropiada la suspensión de la diligencia, así como dar por cierto el peligro de lesión de la integridad de la cantidad de turistas presentes, que es lo que llevó al retiro del personal judicial y policial momentos después. Cabe destacar también que la Fiscalía se encargó de aclarar, que la diligencia ya había comenzado (por eso es que se debió suspender). Ello hace verosímil la posibilidad de que se quiera estar constituyendo una nueva prueba incriminatoria, ya que se estaría acreditando una obstrucción a la justicia, impidiendo el cumplimiento de actos jurisdiccionales emanados de autoridad competente, en clara desobediencia judicial. Y en tanto que ello se hace constar en un instrumento público, la pretendida evidencia forja -potencialmente- una semiplena prueba que presume de la buena fe pública, invirtiendo de hecho la carga de la prueba y por tanto, haciéndola prácticamente, casi irreductible.
Por otra parte, la secretaria transitoriamente a cargos de las funciones del titular de la Fiscalía Federal en Bariloche, afirma que “… quedó constatado fehacientemente la turbación de la posesión del Hotel IOS, ex Mascardi, por parte de los miembros de la misma comunidad “Lof Lafken Winkul Mapu” que se encuentra asentada en el predio contiguo…”. Así, aunque la secretaria “transitoriamente a cargos de las funciones del titular de la Fiscalía Federal en Bariloche”, no pudo constatar nada de lo denunciado (recuérdese: huellas, animales, ocupantes dentro del edificio…, por lo menos en esta suspendida ocasión), considera que las piedras arrojadas desde un predio colindante y su aparente y forzado resultado de suspensión de una diligencia de inspección ocular del “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo”, son constatación fehaciente de la turbación de la posesión (aunque el art. 181 del Código Penal no es ese factum el que requiere para configurar el tipo penal).
La afirmación parece un tanto ligera, y si cabe más frontalmente, carente de toda razonabilidad. Primero, porque la misma la secretaria “transitoriamente a cargos de las funciones del titular de la Fiscalía Federal en Bariloche”, refiere que las piedras habrían sido arrojadas desde un predio colindante, y no desde el que se denuncia estar ocupado. Segundo, porque en ningún momento se mencionan detenciones o identificación de persona alguna, que haya permitido reconocer con certeza a un integrante del mismo Lof. Tercero, porque los piedrazos pueden deberse a múltiples causas, propósitos y objetivos, divergentes todos ellos de constituirse en actos posesorios que turben la pretendida propiedad privada del abandonado establecimiento que el estado insiste en destinar para la obtención de rentabilidad financiera.
Por caso, y solo abonando una de las explicaciones posibles –más factibles que la esbozada por la Fiscalía-, debe tenerse en cuenta que si la propia secretaria “transitoriamente a cargos de las funciones del titular de la Fiscalía Federal en Bariloche”, dice que estaba a 5 metros de las estructuras del “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo”, y este dista a apenas 20 metros del límite del Lof, eso quiere decir que su presencia, junto con la del centenar de policías que la acompañó, estaban como mucho (digamos que todos en fila, uno atrás del otro…) a solo 15 metros de su territorio. Ello, en el contexto de que la secretaria “transitoriamente a cargos de las funciones del titular de la Fiscalía Federal en Bariloche”, con la anuencia del Juez “transitoriamente a cargos de las funciones del titular del Juzgado Federal en Primera Instancia en Bariloche”, decidió llevar una diligencia como esta sin previo aviso a los moradores colindantes. Que ellos son justamente los que quieren ser incriminados por las autoridades de parques. Que en ese momento, esas autoridades de parques, son las que la acompañaban a ella. Que la secretaria “transitoriamente a cargos de las funciones del titular de la Fiscalía Federal en Bariloche”, decide hacerlo en ese estrecho espacio, auxiliándose con esa cantidad gendarmes y policías, que son de las mismas fuerzas de seguridad que, en el mismo sitio, asesinaron a Nahuel y reprimieron al Lof. Que todo se hace un día después, casi “en respuesta”, al corte de ruta y la entrevista que tuvieron con Mugica, y a la convocatoria a una nueva reunión de la Mesa “de diálogo”, prevista para la semana siguiente. Pues, cabe inferir que, quizás, no sea tan “fehaciente” el objetivo de la turbación de un predio colindante abandonado, y que puede tener más asidero, que estas personas se sintieron amenazadas, sino provocadas, por tal poco diligente actuar. Ni que decir, si se asume, si mas no como hipótesis, que los piedrazos pudieron ser el resultado de una defensa ante los escopetazos que recibieron, y que la secretaria “transitoriamente a cargos de las funciones del titular de la Fiscalía Federal en Bariloche”, ni nombra, ni constata en su alcance y proporcionalidad, incluso ante la eventualidad de que un grupo de agentes pudiera haber actuado y provocado previamente, desde zonas fueras del alcance ocular de su visión.
Consideraciones finales
Con éstos datos, aun desde la magra visión de su interinato, es dable observar del todo irrazonable, que una secretaria “transitoriamente a cargos de las funciones del titular de la Fiscalía Federal en Bariloche” pueda llegar a la conclusión a la que arriba, si no es desde un prejuicio, incluso prejuzgamiento, de lo que iba a tener delante, como agente público que ya interviene en otras causas judiciales “colindantes”, desde las que se ocupa específicamente de tirar verdaderos piedrazos jurídicos a los que considera pretesos inculpados que deben estar en prisión preventiva, como los testigos-víctimas Fausto Jones Huala y Lautaro González.
Quizás por eso, organismos de derechos humanos han considerado que esta acción desproporcionada e injusta “…desnuda las verdaderas intenciones de un gobierno que está decidido a hostigar y reprimir al pueblo mapuche para llevar adelante una nueva campaña del desierto en beneficio de los mismos intereses de siempre que, ciertamente, no son los del pueblo argentino….”, siendo que no había ni podía haber ocupación del “edificio del Estado planificado para obtener dinero y abandonado por no darlo” –reiteradas veces comprobada por distintas personas de manera individual y en duplas, durante todo julio-. Y que la acción de resistencia del Lof se trató de un legítimo acto destinado a impedir la irrupción violenta de una fuerza armada sin legalidad ni legitimidad alguna. “…Si hubo resistencia de la Comunidad, cualquiera sea el medio empleado; si se intentó, aun en disparidad de fuerzas, defender a la comunidad, especialmente a niños y ancianos, de este nuevo acto vandálico; no ha pasado de ser el ejercicio de la legítima defensa, no sólo de personas y bienes, sino de los derechos ancestrales que la propia Constitución reconoce y que no son, por cierto, debidos a ninguna gracia del Estado, sino producto de una Resistencia y una dignidad que se han abierto paso y están de pie…”.
Quizás por eso también estos organismos de derechos humanos expresaron “… su preocupación ante la denuncia de la represión denunciada por las mujeres de la comunidad mapuche (…) recordando que estos sucesos tienen lugar en el territorio donde en noviembre pasado fue asesinado el joven mapuche Rafael Nahuel por parte de la Prefectura Naval Argentina, y a días de cumplirse un año de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado….”,
Y quizás por eso, y “… ante la impunidad existente en ambos casos, los organismos de derechos humanos continuamos con el reclamo permanente de justicia junto a las familias….”, exhortando “… al Gobierno nacional a que cese de forma inmediata con las acciones represivas contra la comunidad y que garantice la plenitud de derechos en los términos dispuestos por la Constitución Nacional en su art. 75 inc. 17, el Convenio 169 de la OIT y demás normativa internacional vigente….”.
Lo que es seguro, es que hoy, 23 de julio de 2018, es más necesario que nunca asumir el mandato constitucional y de orden público internacional, de asegurar el consentimiento y consulta previa e informada de los pueblos originarios, en todos los asuntos que los afecten. Mientras ello no sea una realidad viva, seguiremos bajo el mandato socio-político-cultural, por el cual el Estado federado de la República Argentina es el único interlocutor válido para resolver las disputas, como invocación de la falaz máxima predecimonónica de que “es la victoria lo que da derechos”.
El problema mayor, es que, mientras tanto, esta gente de la burocracia del Estado que administra el patrimonio público como si fuera un patrón de estancia devenido en rentista financiero, nos está empujando a una irredimible desafección entre quienes creemos en los derechos de los pueblos-naciones frente a y en los Estados, y quienes solo piensan en su alterización, subordinación, asimilación y dominación.
La negación de los genocidios y despojos fundantes de la República Argentina y constituyentes de su idiosincrático nacionalismo, no podrán nunca forjar la ansiada matriz de convivencia plurinacional entre pueblos que pretendan coexistir en un mismo Estado-nación, desde el respeto a sus culturas y el derecho a su digna existencia.
Como sujetos de nuestro tiempo, estamos interpelados a asumir en la cotidianeidad de nuestras disputas políticas, que no seguirá siendo así. A más de una, nos verán, weychafe, de este lado del río.
Referencias bibliográficas
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Bayer: “el Perito Moreno fue un alcahuete, racista y fundador de fascismo”
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¿Quién es Villanueva?: este es el juez federal a cargo de la causa Mascardi
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“¿Los metemos adentro a los matamos? ¡Usted decide!”
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Bariloche tendrá un Juez Federal pero a 500 kilómetros de distancia
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Malestar por la designación de un juez subrogante
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Los cinco hechos que presuponen la ocupación del hotel de Mascardi
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13/07/2018
Patricia Bullrich, sobre el enfrentamiento en Villa Mascardi: “Se terminó la impunidad de la que gozaron tantos años”
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Denuncian que los mapuches tomaron un hotel en desuso en Villa Mascardi
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Parques denunció una presunta ocupación en el hotel Mascardi
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Mañana de protestas. Los mapuches levantaron la toma del edificio de Parques Nacionales en Bariloche
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Claudio Andrade
16/07/2018
La Gremial de Abogados avala el legítimo derecho a resistir una agresión ilegítima. Comunicado de organismos de derechos humanos
20/07/2018
Mapuches levantaron la toma de la intendencia de Parques Nacionales
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17/07/2018
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19/07/2018
Represión a mapuches: el relato de la fiscal de Bariloche, desmentido por la realidad
Daniel Satur
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Parques Nacionales contra comunidades mapuche
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https://latinta.com.ar/2017/12/parques-nacionales-comunidades-mapuche/
Parques Nacionales: CEO y abogados de genocidas al servicio de los terratenientes
Gloria Pagés
28/11/2017
Se conformó mesa de diálogo por conflicto territorial en Lof Winkul Lafken Mapu
Martes 28 de noviembre de 2017
Video: Así está el hotel de Villa Mascardi
14/07/2018
https://www.rionegro.com.ar/bariloche/video-asi-esta-el-hotel-de-villa-mascardi-YD5401980
Fuerzas federales nuevamente ingresaron a la comunidad mapuche en Villa Mascardi
19/07/2018
https://www.enestosdias.com.ar/2570-fuerzas-federales-nuevamente-ingresaron-a-la-comunidad-mapuche-en-villa-mascardi
Parques Nacionales denunció la presunta usurpación del viejo hotel Mascardi
13/07/2018
Recrear el genocidio, afianzar el despojo y escalar el conflicto – Adalquí
[…] y caracterización histórica de la región respecto del conflicto, ver en este mismo mismo sitio: «Contracrónica amarilla de los nombres propios antimapuche: Mugica, Villanueva, Little, y el H…; publicada por Adalquí el 23 de julio de […]