Viedma y el derecho a la ciudad: Puro negocio


Por: Dino Di Nella

En Viedma, durante la segunda mitad del siglo pasado, diversas iniciativas políticas –generalmente ajenas a las dinámicas, expectativas y correlación de fuerzas locales- desarrollaron grandes obras de infraestructura que modificaron las condiciones de acceso al suelo, la vivienda y el hábitat urbano.

 

Al igual que hoy, casi todas ellas fueron destinadas a alcanzar y/o sostener el “estatus” de “Capital histórica” que “le correspondería”, según el entramado historiográfico que el recalcitrante, conservador y negocionista nacionalismo argentino vernáculo le autoasigna.

 

Entre dichas iniciativas políticas se pueden mencionar la provincialización del territorio de Río Negro y la conformación de su burocracia gubernamental, el “Programa de Desarrollo del Valle Inferior”, el despliegue para la prestación de los servicios públicos esenciales –como la infraestructuras del área de salud y la administración de justicia-,  y el anuncio de creación de un Nuevo Distrito Federal en la región.

 

Sin embargo, el proceso económico, social y espacial desplegado en la ciudad desde mediados del siglo XX, trajo como consecuencia escasos establecimientos industriales, casi nula producción primaria, una amplia brecha salarial, y por supuesto, una tendencia a la diferenciación espacial pivotada en torno a los bulevares y las dinámicas de la actividad lúdico-recreativa y turística.

 

Se trata de una ciudad dualmente conformada. Por un lado, con sectores técnicos-profesionales de ingresos medios y altos. Están ubicados en barrios residenciales, predominantemente de iniciativa privada. Para comprar y radicarse en esos barrios, se requieren rentas altas, que el sistema productivo local solo provee a unidades familiares con doble ingreso profesional (hogares biparentales de parejas de profesionales), acumulación de capital familiar (herencias inmobiliarias), o a través de financiamiento desde el sistema bancario tradicional (que igualmente requiere rentas altas para ser concedido).

 

Por otro lado, se encuentran los vastos sectores de la sociedad de ingresos bajos y/o precarios y/o intermitentes vinculados a funciones administrativas y/o de alta informalidad del trabajo mercantil (empleadas domésticas, de la construcción, del comercio y de servicios tercerizados), que mayoritariamente quedan excluidos del acceso al suelo, la vivienda y especialmente, desde la década de los años noventa del siglo pasado, del acceso al crédito para estos fines.

 

En ese contexto, se da la situación de que la población continúa creciendo. Tanto vegetativamente (la diferencia entre los que nacen y mueren en un mismo período) como en su saldo migratorio (el saldo entre los que se van y llegan a radicarse).

 

En cuanto a la acción protectora y garantista del Estado, se observa que la gestión, construcción y entrega de suelo o viviendas demoran años y cuando se hacen es con muy pocas unidades. Las necesidades de suelo y/o habitacionales no son cubiertas ni mínimamente.

 

Por su parte, el mercado inmobiliario de alquileres y compraventa de inmuebles destinados a vivienda, agrava la problemática. Los precios de la oferta local supera ampliamente la mitad del salario de un empleado/a de ingresos medios. De igual forma, la creciente mercantilización de los recursos naturales, la tierra y sus productos, ha dado paso a la marginación social de un considerable número de habitantes.

 

El derecho a la ciudad, termina siendo, para las fuerzas vivas (avivadas) de Viedma, una mera mercancía, objeto de negocio, sin más objeto que la pura especulación rentística del suelo, la vivienda y el hábitat.

 

Pero, a ver por dónde, los adormecidos de siempre que siempre dan por muertos, continúan  autogestionándose de manera espontánea o planificada la ocupación de tierras urbanas y la edificación residencial cooperativa o asociativa desde las redes de solidaridad informal.  Continúan sus estrategias de protesta, resistencia, acción directa y -si resulta tan inevitable como se ha comentado- de desobediencia legal, civil y pacífica. Gestándose a sí mismos,  como habitantes que somos, el derecho a la seguridad humana, en ejercicio del derecho a la ciudad.

 

Los sectores populares de Viedma que nunca entienden las lecciones de estos tipos.