La tensa brecha entre la declamación y la aplicación de los derechos de los pueblos originarios


Por: Dino Di Nella y Elisabet Almeda

 

En los últimos años, desde las políticas públicas de los Estados del cono sur han sancionado diferentes convenios internacionales, reformas constitucionales, leyes, sentencias judiciales y programas sociales sobre derechos de los pueblos originarios. Hay una muy amplia brecha entre la declamación de sus objetivos y fines explícitos y la aplicación de estos instrumentos jurídicos. Pero más allá de ello, es un hecho que la mera existencia de estas previsiones del derecho positivo vigente ha contribuido a desestigmatizar a los pueblos indígenas.

Esto, sin dudas, ha  facilitado el desarrollo de procesos de recuperación de las memorias de los pueblos originarios, especialmente por parte de pobladores indígenas que fueron dispersados y urbanizados en procesos de desplazamientos y/o emplazamientos forzosos o fuertemente condicionados.

Sin embargo, aún con probables excepciones, este nuevo talante se está forjando más por las acciones y las presiones de unas organizaciones indígenas que no ceden en sus reivindicaciones de memoria y justicia, que por una nueva sensibilidad memorialística de la corporación política gubernamental de los estados latinoamericanos.

Esa tensa brecha entre la declamación y la aplicación de los derechos de los pueblos originarios, está siendo hoy un campo de diputa política franca entre el negacionismo e inmovilismo gubernamental para mantener el estatus quo de exclusión jurídica indígena, frente las acciones autoafirmativas y el activismo de los  movimientos indígenas, para que de una vez por todas esa brecha se achique.

Y es también, en el enclave de esa disputa política, que corresponde ubicar las actuales  y perversas dinámicas de criminalización y persecución gubernamental, de los pueblos originarios del actual territorio argentino.

Una disputa, sin más, por la vigencia del Estado de Derecho.