Comunicado del Grupo de Estudio de Pueblos Indígenas (GEPI) tras la represión estatal a la LofLafkenWinkul y la muerte del lamien Rafael Nahuel


El Grupo de Estudio de Pueblos Indígenas (GEPI), que integramos varios miembros del Colectivo Copolis-Adalquí, emitió un comunicado tras la represión estatal a la LofLafkenWinkul y la muerte del lamien Rafael Nahuel, al cual adherimos y reproducimos íntegramente a continuación:

 

Consternados por la muerte violenta de Rafael Nahuel a manos de las fuerzas de seguridad estatales en la comunidad del RelmuLafken – Lago Mascardi, por los heridos de bala en los mismos hechos, por la detención previa de mujeres, niñas y niños, y por la violación histórica y sistemática de los derechos de los pueblos originarios que ocupan tradicionalmente dicho territorio,  decimos que:

 

Repudiamos las violentas acciones de las fuerzas de seguridad que acabaron con la vida de Rafael Nahuel  e hirieron con balas de plomo a otras dos personas.

 

Apelamos a que como sociedad nunca deje de conmovernos la condición humana, reconociendo la otredad y alteridad en el otro y en los otros (personas, sociedades, pueblos).

 

Expresamos la preocupación que nos genera sentir la persistente indiferencia y/o connivencia de una parte de la sociedad civil que justifica la muerte de un ser humano con argumentos xenófobos y discriminatorios, reproduciendo discursos y prácticas colonialistas reflejadas a lo largo de la historia en las políticas represivas y asimilacionistas del Estado argentino.

 

Observamos que la violencia de estado presente es heredera de la tristemente célebre “conquista del desierto”, misma que reúne todos los atributos jurídicos como para ser considerada un genocidio. En este sentido impugnamos de nueva cuenta las muy lamentables declaraciones del 16 de septiembre de 2016 en una de las sedes de la Universidad Nacional de Río Negro, que hiciera el por entonces Ministro y actual senador electo Esteban Bullrich, alentando una nueva “campaña del desierto”.

 

Recordamos que la Constitución Nacional en su artículo 75, inc. 17 manda “garantizar la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”. Los problemas suscitados en torno a la recuperación de territorios deben atenderse en ese marco como también en el marco irrestricto e inexcusable del respeto a los derechos humanos.

 

Repudiamos las políticas de represión que están llevando los gobiernos argentinos en relación a la recuperación de territorios por parte de las comunidades indígenas. Son características visibles de estas políticas la vocación represiva, la falta de diálogo real, el incremento de la conflictividad, la construcción mediática del pueblo mapuche como enemigo interno, la militarización de los espacios en conflicto, el constante cerco y/o manipulación de la información, y el ambiguo respeto por las leyes puesto al servicio de la violación permanente de los derechos sociales constitucionales e internacionales de los pueblos indígenas.

 

Señalamos la profunda e inadmisible protección gubernamental  para la consagración y reproducción de los privilegios de terratenientes fuera de la ley, como el señor Lewis, mientras viola, denigra, niega y/o obstaculiza el ejercicio de los derechos constitucionales e internacionales al respeto de la identidad cultural y posesión y propiedad comunitarias del territorio ancestral de los pueblos originarios.

 

Advertimos que estas políticas y protecciones llevan indefectiblemente al conflicto, la violencia, al desastre, la muerte y la condena internacional del Estado argentino por violación sistemática de los derechos humanos y de los pueblos indígenas.

 

Exigimos una política basada en el citado consenso social, constitucional e internacional, poniendo fin de forma inmediata a la violencia institucional y física del Estado contra los pueblos originarios.

 

Nos solidarizamos con la LofLafkenWinkul en sus justos reclamos y ejercicios de derechos humanos, y exigimos justicia para con los responsables políticos y operativos de la siniestra política de represión contra el pueblo mapuche-tehuelche.

 

Fuente: GEPI