Centro y periferias de la Ciudad


Por: Dino Di Nella

 

“Espacios peri urbanos” no es una terminología admitida como vocablos de la lengua castellana por las RAE. Sin embargo, se emplea con asiduidad, para referirse a los territorios de los alrededores de una ciudad y que, aunque no se emplean para el desarrollo urbano, tampoco se usan para el desarrollo rural. Eventualmente estos espacios pueden ubicarse también dentro de un conglomerado urbano, localizados entre barrios distantes entre sí (urbanizaciones diseminadas, desparramadas, que no constituyen una única planta urbana sin solución de continuidad.

A través de los espacios periurbanos podemos adentrarnos en la tensión que se visualiza entre dos modelos de crecimiento urbanístico. Por un lado, los modelos de concentración urbana, con ciudades que “crecen para arriba y abajo” en proximidades de un centro o eje urbano, que resulta cada vez más densamente poblado. En principio, se sostiene que permite un ahorro importante en servicios públicos, que ya se utilizarían las mismas infraestructuras y servicios ya existentes en las zonas céntricas. Generalmente, esto conlleva un costo mayor de las unidades habitacionales o los terrenos, lo que lo hace accesible solo desde el mercado, y para las élites locales. Claro que socialmente, se produce una “externalidad”, es decir, se transfiere a la sociedad y sus habitantes, los mayores costos de acceder al suelo y la vivienda.

Por otro lado, tenemos los modelos de expansión territorial urbana, creciendo “para los costados”, hacia los espacios periurbanos. También en principio, se sostiene que la mayor disponibilidad de tierra facilita el acceso privado, mercantil e individual de los habitantes al suelo y la vivienda. En cuanto a los servicios públicos, se esboza que los costos de su prestación aumentan, ya que exige expandirse en el territorio con nuevas infraestructuras y servicios. Esos mayores costos pueden ser asumidos de distintas maneras. Una sería desde los presupuestos públicos, lo que implica una redistribución social de ingresos, desde los centro urbanos hacia las zonas periurbanas.

Otra opción es que sea asumido desde la renta empresaria de los ensanchamientos privados de la ciudad, con una política pública que obligue a los loteos y planes de construcción de viviendas privados o públicos, a no trasladar los costos de la provisión de servicios públicos esenciales al precio del suelo. Estas dos opciones, garantizaría un acceso más amplio, a costos más bajos, dinamizando el mercado inmobiliario para sectores de ingresos bajos y medios.

Pero también hay otros escenarios. Puede ocurrir que los costos de los servicios públicos se trasladen al precio de los lotes o viviendas, haciéndolos inaccesibles para los sectores populares, por sus altos precios relativos. Los terrenos permanecen así ociosos, concentrados en su propiedad, a la espera de que los sectores medios y medios-altos hagan un triple salto mortal inverso para incorporarse por la puerta de atrás al mercado del crédito (usurario) de los UVA.

Ahí es cuando desembocamos en una encrucijada hacia otros dos escenarios.

Uno, por el que el Estado autoriza, y el sector privado asume, los loteos y planes de vivienda sin el previo acceso a los servicios públicos esenciales para un hábitat acorde con el acceso a la ciudad. En realidad, si bien los costos unitarios suelen ser un poco más bajos y permiten el acceso al suelo y la vivienda de los sectores medios, lo que se produce es una nueva “externalidad económica”: se traslada a los propios habitantes la satisfacción de sus necesidades sociales (sin redistribución de la renta social por efecto de las políticas públicas, ni reducción de la renta empresaria del sector privado). Adicionalmente, vemos también que con ello se apuntala la ideología del esfuerzo individual, como legitimación social del “esfuerzo” que a cada uno le cabe para autosatisfacer desde el mercado (sus salarios, su capital familiar acumulado) lo que no son sino sus derechos al suelo, la vivienda y el hábitat, aunque sea en las zonas periurbanas.

Y otro, por el cual amplios sectores populares continúan sin acceder de ninguna de las formas indicadas al suelo y la vivienda. Pero como el derecho y la necesidad de suelo y vivienda no es una moda suntuosa o prescindible sino una demanda real, creciente y sostenida, lo que se genera es una enorme e intensa presión social y familiar. Las condiciones de asinamiento habitacional y el aumento de la conflictividad intrahogar acaba por expulsar a los miembros más vulnerables de los grupos familiares, en muchos casos literalmente, a la calle.

A veces unos días antes, otras semanas o con unos pocos meses de antelación, puede preverse tal escenario, y elaborarse una estrategia (planifica o desesperada, organizada o espontánea, situacional u ocasional, con una profunda construcción política de la acción directa o una pura necesidad material), que acaba en un asentamiento territorial por simple ocupación, aunque se infrinjan normas administrativas o de códigos urbanos. Ya sabemos qué es lo que sigue: estigmatización, criminalización, revictimización, aislamiento social, parias urbanos, especialmente para los estafados con la ideología del esfuerzo individual de las zonas periurbanas.

Pero lo que ocurrirá en el territorio asentado, será algo muy diferente a una avivada con la que se quiere evitar el esfuerzo personal para satisfacer sus derechos-necesidades de suelo y vivienda.

En esos asentamientos, los servicios no existirán por años, o lo harán de forma precaria e ineficiente. Y se les adjudicará la responsabilidad exclusiva y excluyente de no poseerlos por los “vicios de origen”.

Sin embargo, las necesidades de tener luz, calefacción, agua potable, sanidad pública, infraestructuras educativas, transportes, espacios verdes, y demás servicios de proximidad, no desaparecerán. Y su satisfacción será confinada a la manera individualizada (al frentista, el vecino que debe comprar sus garrafas, que debe procurarse su propio medio de transporte, etc., todo a un coste ostensible y cínicamente mente mayor que el resto de la población con “accesos”).

Lo que se está produciendo, por tanto, es precarizar la vida social y comunitaria de esos espacios periurbanos, y transformar el espacio público de una misma comunidad en dos ciudades (en el sentido de instituir dos ciudadanías sociales y políticas), interconectadas entre sí desde las más profundas asimetrías del hábitat.

Las relaciones entre lo urbano y periurbano, mutan así en su origen central: ya no se trata de modelos de crecimiento urbano. Se trata de una representación teórica, ideológica y fáctica de las asimetrías y desigualdades sociales a nivel local, que nos interpela por los derechos humanos más allá del cinturón verde, de los bulevares, en la otra ciudad.

Centro y periferias.